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Veintidós sentencias judiciales contra la empresa Argos en los Montes de María indican que la empresa cementera fue una de las beneficiadas con el despojo de tierras a familias campesinas que fueron obligadas a vender a bajos precios para huir de los paramilitares.
Desde hace algunos días, la cementera Argos se encuentra en el centro de las críticas, cuando el presidente Petro dijo que esta empresa se quedó con las tierras de los campesinos que fueron desplazados por paramilitares.
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, confirmó que la empresa Argos no solamente tiene condenas judiciales, sino que le ordenan devolver las tierras despojadas.
Por su parte, Jorge Mario Velásquez, directivo del Grupo Argos, en un comunicado le respondió al Presidente Petro. En la carta explicó que dicha empresa compró, 6600 hectáreas de tierras en los municipios de la región de los Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar).
Velásquez explicó en la misiva al mandatario que el Grupo Argos “adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”.
También explicó que la empresa Argos nunca tuvo relación con los propietarios iniciales que interpusieron las demandas y que las sentencias judiciales de restitución de tierras nunca han encontrado a Argos como responsable de despojos ni desplazamientos.
Las sentencias contra Argos
Contrario a lo que dice Argos, las sentencias de los tribunales de restitución de tierras indican que en los Montes de María hubo un entramado para despojar al campesinado de sus tierras, aprovechando el terror impulsado por el paramilitarismo.
Los tribunales han ordenaron a Argos devolver fincas a campesinos y campesinas que fueron víctimas del despojo de tierras. Incluso. Las sentencias indican que el Grupo Argos no pudo demostrar que obraron de buena fe al comprar las tierras y, por tanto, no recibieron ninguna compensación económica como pretendían.
Las Salas Civiles Especializadas de Restitución de Tierras de los tribunales de Antioquia, Bogotá, Cartagena, Cali y Cúcuta desestimaron todos los argumentos presentados por Argos y sus empresas filiales como Fiducor y la Alianza Fiduciaria. Estos tribunales no solo ordenaron a Argos restituir las tierras, sino que negaron cualquier reconocimiento económico.
De hecho, los fallos plantean que detrás de Argos y otras empresas hubo un entramado que hizo una contra reforma agraria en los Montes de María.
Por ejemplo, el Tribunal Superior de Antioquia en su sentencia dijo: “las actuaciones de Álvaro Ignacio Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Saldarriaga Jaramillo y la sociedad Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, que atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados por el modo inequitativo de acumular tierras y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos productivos como teca, palma de aceite o ganadería extensiva en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por el campesinado”.
A su vez, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta dijo en su sentencia del 17 de febrero de 2016 que para la acumulación de tierras en los Montes de María “… Se crearon diferentes figuras jurídicas con esa intención, dando apariencia de legalidad a las negociaciones…”.
“Cuando haya sangre en las calles, compra propiedades”
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la desposesión de tierras mediante la compra masiva a bajos precios, aprovechando el desplazamiento forzado, no fue un fenómeno exclusivo de los Montes de María, pero dicha región es un caso representativo de todo el modelo de gestión que permitió el despojo al campesinado.
En el despojo de tierras, además de militares y paramilitares, participaron funcionarios del alto gobierno, agentes comunitarios, empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales, agentes del Estado territorial, asesores e intermediarios, que sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra.
Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, durante los años 2005 hasta el 2009 aumentó este fenómeno de venta de tierras baratas que miles de familias campesinas vendían huyendo del paramilitarismo.
Zambrano, El Carmen, Marialabaja San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo y Córdoba en Bolívar; así como San Onofre, Colosó, Ovejas, Morroa y Chalán en Sucre fueron los municipios donde se vivió con mayor intensidad este despojo que benefició a empresas como Argos.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) identificó tres aspectos relacionados que facilitaron a los despojadores apropiarse de las tierras del campesinado que compraban baratas:
– La imposibilidad de un retorno digno y seguro de las familias campesinas víctimas del desplazamiento, ya que estaban asustadas o carecían de recursos.
– Ser parcelero del Incora/Incoder.
– El endeudamiento con empresas de recaudo de cartera vencida del Estado.
A estas características, el informe de la Comisión de la Verdad agregó el empobrecimiento de la vida en condiciones de desplazamiento y uno que fue fundamental para garantizar el despojo: “La complicidad de servidores públicos vinculados a alcaldías, gobernaciones, notarias, oficinas de instrumentos públicos y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que reemplazó en sus funciones al Incora. Se trataba de funcionarios públicos al servicio de los intereses de los compradores, generalmente empresarios foráneos”.
La Fundación Forjando Futuros dijo que hasta el 2020 los tribunales ordenaron a 66 empresas restituir tierras, suspendió títulos mineros y/o anuló hipotecas bancarias. De lejos y encabezando el listado aparece Cementos Argos con la orden de devolver predios ubicados en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre.
Hasta el 2020 la cementera debía restituir 1224,8 hectáreas a familias campesinas de los Montes de María en más de treinta predios. De las 16 sentencias, la cifra subió a 22 fallos contra el Grupo Argos.
Los planes de Argos
La Comisión de la Verdad determinó que el objetivo de Argos era adquirir tierras de alta calidad a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala.
Explican que para lograrlo estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros.
Luego, Argos contrató una fiduciaria que le ayudó a constituir un patrimonio autónomo con los predios adquiridos, en favor de la propia Argos. De igual forma, el informe de la Comisión explicó que el Grupo Argos “decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria) y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria.
Es decir, Argos “delegaba” la titularidad de los predios en la fiduciaria, pero pactaba que los derechos de propiedad continuarán como parte de su patrimonio.
A su vez, Argos buscaba desarrollar un proyecto agroforestal con el apoyo del Gobierno nacional y la cooperación internacional, en el marco de las políticas públicas ambientales de incentivos forestales.
La Tierra de promisión de Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez
En todo el entramado de la compra de tierras en los Montes de María, basado en la lógica de comprar barato despojando al campesinado para vender a empresas como Argos, el empresario Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez tuvoun papel protagonista.
Según Tierra en Disputa, herramienta creada por los portales Verdad Abierta y Rutas del Conflicto, Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez es un empresario antioqueño muy amigo del expresidente Álvaro Uribe y quien se convirtió en uno de los principales compradores de tierras en los Montes de María.
En 2002, el ganadero Álvaro Ignacio Echeverría llegó a la región a comprar tierras baratas aprovechando el auge del paramilitarismo y los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas militares.
Echeverría empezó comprando la hacienda San Jacinto y de ahí consiguió a otros inversionistas con los cuales armaron un capital con los cuales compraban tierras al campesinado que las vendía baratas por miedo a los paramilitares.
Con la ayuda de la Oficina de Instrumentos Públicos, Notarios, Alcaldes, Gobernadores, entre otras instituciones, Álvaro Echeverría pronto se convirtió en el principal dueño de tierras en los Montes de María.
El negocio consistía en comprar hectárea de tierra en 300 mil pesos y esa misma hectárea la vendía varias veces más caro, teniendo en cuenta la ubicación estratégica de las tierras y la alta calidad de los suelos.
Al poco tiempo Echeverría le vendió varias de estas tierras a la empresa cementera Argos, como fueron los predios que componen La Emperatriz, El Aceituno y los Guayacanes.
En un estudio hecho por la Superintendencia de Notariado y Registro en los Montes de María, determinó una lista de personas y organizaciones privadas que compraron tierras de forma masiva después de la desmovilización de los paramilitares de las AUC. Álvaro Echeverría compró 4650 hectáreas, la Fiduciaria Fiducor (del Grupo Argos) compró 2996 hectáreas y cementos Argos adquirió 942 hectáreas.
Junto a Echeverría hubo en la región una red de despojadores de tierras como Daniel Saldarriaga Jaramillo, Raúl Andrés Mora Pérez, Ana Patricia Serani Toro, Raúl Mora Abad, Luz Helena Pérez de Mora, Claudia María Moreno Ángel y Paula Andrea Moreno Ángel, según lo determinaron varias sentencias de tribunales de restitución de tierras.
En un tribunal, Álvaro Ignacio Echeverría reconoció que fundó la empresa Tierra de Promisión e impulsó la creación de esa red de despojadores de tierras, los cuales eran aliados y fue utilizada por el grupo Argos comprar al menos 6.600 hectáreas en los Montes de María.
La Comisión de la Verdad encontró que hubo una coordinación en los territorios que involucró al gobierno nacional del expresidente Uribe que garantizó la seguridad en el territorio, empresas como Argos que destinó capitales para desarrollar un proyecto agroforestal y los terceros compradores que como Álvaro Ignacio Echeverría eran útiles para garantizar la compra de tierras a bajo precio para el proyecto agroforestal.
Comisión de la Verdad: “Nueva estrategia de camuflaje del despojo”
Argos es un conglomerado colombiano que posee grandes inversiones en el sector de la infraestructura, agroindustrial, con negocios en energía, concesiones viales y aeroportuarias.
Aunque es conocido por la producción de cemento, siendo el segundo productor de cemento más grande de América Latina y cuenta con plantas en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Honduras y el Caribe, estos no son sus únicos negocios.
Posee Celsia, compañía de energía con plantas de generación hidroeléctrica, térmica, solar y eólica en Colombia, Panamá y Costa Rica, y distribuye energía a más de un millón de clientes en Colombia.
También es dueño de Odinsa, compañía de concesiones viales y aeroportuarias que administra el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, el Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, entre otros. El Grupo Argos también tiene negocios en instalaciones portuarias y bienes raíces en Colombia.
Aunque en 2015, Argos creó la entidad sin ánimo de lucro, la «Fundación Crecer en Paz», con el objeto de “implementar una iniciativa de desarrollo territorial y construcción de paz”. La Comisión de la Verdad explicó que esta fundación controla las 6.600 hectáreas adquiridas por la empresa en El Carmen, San Jacinto y Ovejas, cuyo precio estimó en $25 mil millones, más un capital adicional de $18 mil millones para proyectos productivos.
“Después de despojar, como lo han señalado hasta ahora 16 fallos judiciales, Argos (una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y con grandes inversiones en los Estados Unidos) trazó una nueva estrategia de camuflaje del despojo, ahora en el campo de la responsabilidad social empresarial”, denunció la Comisión de la Verdad.
Colombia Informa
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