POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO /
Lo que se encuentra detrás de la confrontación Gobernación de Antioquia y Presidencia de la República, condimentado con la “vaca de Uribe”, son dos elementos: el primero, es el enfrentamiento de dos modelos de desarrollo, con dos visiones diferentes de país, y como tal, de prioridades y formas de ejecución del gasto público; y segundo, la puesta en marcha del plan por la recuperación del poder ejecutivo nacional desde el bastión uribista: el departamento de Antioquia.
No ha sido raro que, desde Antioquia, con la elección de Andrés Julián Rendón como gobernador y Federico Gutiérrez como alcalde del Distrito de Medellín (entre otros burgomaestres en el departamento), se impulse una política anti-gobierno nacional, con frases altisonantes y propuestas de políticas hijas de la doctrina uribista (como los nuevos “frentes de seguridad ciudadana” [1]), ni que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y otros cacaos antioqueños, miren con recelo y se opongan a las propuestas de reformas sociales y económicas planteadas desde el ejecutivo, ni que el periódico más importante de circulación en la región : El Colombiano, propiedad del sector más conservador antioqueño, independientemente de su línea editorial, sea una trinchera desde donde se ataca constantemente, transgrediendo todos los días las normas de rigurosidad y veracidad periodística, al Gobierno nacional.
Hoy con la propuesta de la “vaca de Uribe”, se quiere aprovechar, desde esa ultraderecha, para incentivar una matriz general de opinión que ocasione en los habitantes del departamento un sentimiento de animadversión, basado en la movilización de emociones como los eslóganes de la “grandeza paisa”, para que responda al supuesto “agravio” del Gobierno nacional al haber expresado que existen otras obras más prioritarias y más costo-efectivas para los habitantes del departamento, principalmente los que habitan los lugares más apartados, como el acueducto y alcantarillado, los puestos de salud, el saneamiento ambiental, que las vías 4G.
Según el Gobierno, las vías 4G tienen los recursos presupuestados con anterioridad asegurados y solicita que se estudien diferentes mecanismos para la financiación de los gastos adicionales que solicita la Gobernación como el cobro de valorización. Pero la dirigencia de ultraderecha aprovecha esta situación para confrontar al gobierno haciendo creer, a través de sus medios de comunicación, que es una afrenta a toda Antioquia, olvidando que no toda Antioquia es uribista, ni los apoya; además, que la realidad en la construcción del Túnel del Toyo indica un atraso considerable y sobrecostos en la obra de más de tres veces lo presupuestado [2].
Más allá de esta situación, lo que está detrás de bambalinas es el choque de dos modelos de desarrollo diferentes, con sus consecuentes prioridades y forma de ejecución del gasto público. De un lado, tenemos el modelo neoliberal, privatizador de lo público, que en el sector obras, infraestructura y vías, se fundamenta en contratos por concesión al sector privado, donde la prioridad está en los beneficios para el gran capital (élites económicas) y que ha sido, al cual nos ha conducido la derecha en su manejo del Estado durante los diferentes gobiernos después de los años 90 (Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe I y II, Santos y Duque) sin importar la corrupción privada demostrada; frente, a otro modelo socialdemócrata (Pacto Histórico) en el cual se intenta controlar el gasto con una finalidad social, donde las prioridades no pueden ser el beneficio –únicamente- de las élites económicas sino de toda la población general, y en especial, la más olvidada por el Estado: la de la periferia, la excluida del desarrollo económico, social y político.
En Colombia se introduce un elemento más que complejiza la situación y tiene que ver con la discusión actual por su presencia y es el factor del narco-paramilitarismo. Es aquí donde aparece Álvaro Uribe Vélez (AUV) con su legado para la región y el país. Hoy, que tenemos acceso a las diferentes investigaciones sobre la parapolítica, las declaraciones de sus protagonistas, los informes de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el proceso de Justicia y Paz, etc., podemos armar el rompecabezas de su significado para nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, se puede expresar, para explicar el auge del paramilitarismo en ese periodo (después de los 90s), diferente a la tesis del Estado débil en los territorios periféricos y la lucha contra-insurgente, que lo que se encuentra es una delegación de la fuerza [3], desde los agentes del Estado, a grupos de justicia privada, grupos armados para realizar el trabajo sucio que la fuerza pública oficial “no podía realizar”, como ha quedado claro en las declaraciones de varios paramilitares [4]; grupos que, han estado en coordinación directa e incluso recibieron entrenamiento tanto de sus mandos (coroneles, tenientes, generales), como de mercenarios extranjeros (Yair Klein) y que han trabajado en conjunto, coordinados, para el beneficio de las élites económicas y políticas, con la financiación de actividades del narcotráfico y el presupuesto del Estado.
Esta situación se ha denominado la cooptación invertida del Estado, o la instrumentalización de los ilegales por parte de los legales (empresarios, políticos, la fuerza pública), para consolidar su propio poder [5], desde lo local, regional, hasta lo nacional; y así, cumplir con sus fines: la desposesión de las comunidades, hacerse a la propiedad de los territorios, la política de tierra arrasada, la expropiación de terrenos a campesinos e indígenas, terrenos de interés para el gran capital nacional e internacional, dando cabida a lo que se ha denominado la geografía de la guerra (la relación de los megaproyectos con el espacio territorial en conflicto), la acumulación por desposesión [6] y la economía de enclave [7].
De esta forma, así como el paramilitarismo sirvió de instrumento para el dominio territorial a cargo de las élites políticas y económicas del país, cumpliendo con sus intereses; el uribismo, con sus métodos, sirvió para profundizar en el territorio el modelo neoliberal y la economía de enclave de las multinacionales. Ahondamos nuestra integración con el sistema capitalista mundial con crímenes de lesa humanidad bajo los eslóganes de “seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social”.
El Urabá antioqueño ha tenido un interés prioritario para las élites económicas y políticas paisas, el proyecto Puerto Antioquia, así lo demuestra: ¿quiénes son sus dueños? ¿Cuáles sus fines? ¿Cómo se beneficiará realmente la comunidad? Hoy la discusión sobre esa vía 4G que comunica Urabá con Medellín y el centro del país, en conjunto con la “vaca de AUV”, debe ser considerada al interior de ese interés económico particular.
La doctora Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó, en su tesis Geografías de la guerra y territorios de resistencia: Experiencia de la comunidad de paz de San José de Apartadó Urabá antioqueño 1985-2013, expresa en sus conclusiones: “Al volver a mirar integralmente el proceso narrado y analizado en el desarrollo de esta tesis queda en evidencia que la imaginación geográfica hegemónica e invasiva se ha materializado en prácticas especiales y territoriales de larga duración y con tendencia a imponer un modelo de desarrollo capitalista que requiere la destrucción de las formas alternativas a dicho desarrollo y constituye a la guerra como principal estrategia para su consolidación. Con esto se puede deducir que el conflicto en Urabá y Colombia es causa y consecuencia directa de la producción social del espacio y del territorio como una totalidad compleja y contradictoria, en la cual lo rural, lo urbano, lo local, lo regional, lo nacional, lo económico, lo social y lo político no se puede analizar aisladamente”[8]. Confirmando así nuestro argumento central.
Desde esta perspectiva y considerando, el origen ideológico-político de la nueva administración del departamento, del regreso del uribismo al poder regional y local, no es rara esta reacción frente a la manifestación del Presidente de la República de considerar en las prioridades del gasto público a las poblaciones excluidas del desarrollo.
Por lo tanto, la puesta en marcha desde la Gobernación de Antioquia de la propuesta de AUV, hace parte de esa pugna de modelos, de ese en el cual no importan las formas, los aportes de ilegales como el Clan del Golfo –por algunos llamados “empresarios”– o la posibilidad del lavado de dineros, cumpliendo con la sentencia del fin justifica los medios o “plata es plata” propia de su doctrina, proyecto que han adelantado y defendido durante los últimos veinte años en el país para beneficio de las élites que representan; y que hoy, se ven amenazados por el Gobierno del Cambio, eso explica la necesidad de la oposición y el ataque constante.
Notas
[1] https://www.elespectador.com/politica/gobernador-de-antioquia-causo-controversia-tras-anuncio-de-revivir-frentes-de-seguridad-ciudadanos/
[2]https://corrupcionaldia.com/cuanto-dinero-mas-quieren-quitarnos-los-contratistas-del-tunel-del-toyo/
[3] https://www.colectivodeabogados.org/leer-la-verdad-algunas-claves-sobre-el-tomo-de-hallazgos-y-recomendaciones-del-informe-final-de-la-comision-de-la-verdad-5/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=IBIdsZdvziw&ab_channel=RTVCNoticias
[5] https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/por-fin-entendi-el-iceberg-de-la-parapolitica-claudia-lopez/
[6] https://www.youtube.com/watch?v=DUJaxuJLens&ab_channel=LibertadyGarantismo.GrupodeInvestigaci%C3%B3nFUAC
[7] Se denomina economía de enclave a un modelo económico donde, en un mercado globalizado, se localizan actividades productivas en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local.
[8] https://biblioteca.igac.gov.co/janium/Documentos/1-01091%20WEB.pdf
