Con Petro y Francia, la Educación pública tendrá una oportunidad histórica

POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*

La Educación pública ocupa un lugar prioritario en el programa de la fórmula presidencial del Pacto Histórico integrada por Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina. De ser elegidos, como todo parece indicar, tendrán que cumplir el compromiso de garantizar “Educación Pública, gratuita y de calidad, desde la primera infancia hasta la universidad”. Es decir, que, a partir de 2023 niños, niñas y jóvenes, sin excepción, podrán ingresar a una institución pública de educación para cursar tres años de preescolar y 11 años de educación básica y media; además, si deciden continuar su proceso formativo, podrán ingresar gratuitamente a las universidades públicas para adquirir su título profesional en las distintas áreas del conocimiento.

La jornada escolar será ampliada para garantizar que los/as escolares reciban una educación basada en la ciencia, el arte, la cultura, el deporte y la lúdica como herramienta pedagógica. También recibirán, en sus respectivos centros escolares, alimentación adecuada, como componente nutricional, de tal manera que contribuya al desarrollo cognitivo y a la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el campo de la educación superior, quedará estipulado que quienes deseen continuar estudios de posgrado en el exterior, serán financiados por el ICETEX y, a los/as jóvenes con mayor vulnerabilidad les serán liberadas las deudas por créditos educativos. El compromiso incluye cualificar y dignificar la profesión docente, “con trabajo decente y acceso a formación superior y de posgrado”.

Para garantizar la materialización de esta política “se elevará históricamente el presupuesto para todo el sistema educativo, ampliando cobertura, acceso, permanencia, calidad y pertinencia”. La educación superior pasaría de cuatro billones de inversión actual a catorce billones anuales en los próximos cuatro años, un incremento del 350%. Aunque no se anuncia cifra concreta para educación prescolar, básica y media, por lo menos se debe superar el 4.3% del PIB de la inversión actual, para acercarla, progresivamente, al 9%. El cumplimiento de esta promesa se constituirá, por primera vez en nuestra historia, en pilar fundamental para el desarrollo y la construcción colectiva de una cultura democrática, apalancada en la educación, la ciencia y la cultura.

La apuesta por la educación pública será la respuesta justa, adecuada y eficaz, a las juventudes que protagonizaron el estallido social del pasado 28 de abril de 2022, para reclamar educación, trabajo productivo y vida digna y que, por el contrario, recibieron estigmatización, violencia, mutilaciones, tortura, muerte, desapariciones, judicialización y cárcel por parte del gobierno autoritario y neoliberal de Uribe-Duque.

Lo que Francia y Petro proponen es dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución de 1991 que otorga un reconocimiento amplio y expreso a la educación, la cultura, las ciencias, la tecnología y las artes y le confieren un lugar de primer orden en la agenda política nacional al instituir que la educación en todos sus niveles es un derecho humano fundamental y ordena que se desarrollen las leyes y los reglamentos necesarios para garantizar su cumplimiento y materialización. Se trata de hacer realidad lo consagrado formalmente en la Constitución, en materia del derecho a la educación, convertido en letra muerta por las mafias gobernantes, y retomar el camino iniciado con las Leyes 30 de Educación Superior y 115 de 1994, llamada Ley General de Educación, entre otras, que buscan materializar estos derechos en el ámbito tan decisivo para la sociedad como la escuela. La Constitución Política consagra como principios la educación para la democracia, en los derechos humanos y la paz, como corresponde a la definición del perfil del Estado Social de Derecho, lo cual implica el imperativo de que la educación tiene que ser democrática.

Es notorio que los y las constituyentes de 1991 reconocieron que sin la educación como base fundamental es imposible la construcción del Estado Social de Derecho y una sociedad democrática, civilista y civilizada. Es decir, educación en los derechos humanos, los derechos de la niñez y la juventud es la base de la educación en democracia y para la democracia. Ahora bien, una educación en democracia implica, garantizar a niños niñas y jóvenes el acceso real a la educación, al saber científico, tecnológico-digital, artístico, político y cultural, así como aprender los valores y prácticas de la democracia y el ejercicio de sus derechos en el mundo de la escuela, como propósitos de la sociedad y el Estado. “hay que recordar a Jhon Dewey el gran filósofo de la educación cuando dice: ‘Construir en democracia es educar a los ciudadanos’. Se trata de la educación como medio de socialización” (Ricardo Sánchez Ángel. 1994).

De manera concreta, la propuesta pretende hacer realidad y garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los/as adolescentes, consagrados en la Constitución Política vigente, tales como, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos…Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos demás” (artículo 44). De manera explícita, la Constitución consagra que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (artículo 67).

Democratizar la educación implica, además de garantizar el acceso gratuito a los establecimientos educativos, recibir una educación universal y de calidad ligada a la investigación, la ciencia y los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentar en el ámbito escolar el estudio de la Constitución y las prácticas democráticas para el aprendizaje y la apropiación cultural de los valores y experiencias del ejercicio ciudadano de la participación (artículo 41), garantizar el derecho a la protección y la formación integral de los jóvenes (artículo 45); el derecho a la educación laica y no ser obligados a recibir educación religiosa; garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Fomentar la búsqueda del conocimiento y de la expresión artística (artículo 27); promover el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el reconocimiento de las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos como oficiales en sus territorios y la obligatoriedad de impartir enseñanza bilingüe en sus respectivos ámbitos territoriales (artículo 71).

Hay que decir que estos derechos, base fundamental en la construcción de la democracia, han sido negados por las clases dominantes y sus gobiernos de la muerte durante décadas, porque sus propósitos han estado centrados en garantizar el crecimiento de la economía que se mide sobre las ganancias y la acumulación de sus inmensas fortunas y las de grandes corporaciones multinacionales. Que han expulsado niños, niñas y jóvenes del sistema educativo, condenándolos/as a la pobreza, al hambre, la desnutrición crónica, la segregación, la drástica reducción de su talla, su peso y su cociente intelectual, la sobreexplotación laboral y sexual, y en general, a la exclusión social, la desigualdad y al empobrecimiento. Además de hacerlos víctimas del reclutamiento forzado por grupos armados de extrema derecha o de las guerrillas y a la muerte por bombardeos de las Fuerzas Armadas del Estado. De este tamaño será la tarea que deberá asumir el gobierno de Petro y Francia, a partir del 7 de agosto.

Es de crucial importancia el pacto firmado por Gustavo Petro y Francia Márquez, con FECODE, en el que se comprometen a garantizar los recursos financieros para hacer realidad esta propuesta, mediante el retorno al situado fiscal previsto en la Constitución del 91, que al tenor del artículo 356 dispone: “El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fin, se incorporarán en él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación”. Dicha disposición constitucional fue eliminada  por sendas reformas constitucionales de los gobiernos de Pastrana y Uribe, para despojar de billones de pesos a la educación, mediante el Sistema General de Participación, sometido, por orden de la banca internacional, a la maldita regla fiscal, que llevó tanto a la educación como a los/as docente a situaciones de precariedad.

El compromiso incluye la articulación del currículo, desvertebrado por los llamados lineamientos y competencias curriculares. Además, quedó abierta la posibilidad de negociar un nuevo Estatuto Docente que unifique el gremio docente y dignifique el ejercicio de su profesión, se restaure la libertad de cátedra y sea abolida la evaluación sanción, se cree un nuevo escalafón, en el cual los/as docentes puedan ascender por  tiempo de servicio y méritos académicos y pedagógicos y se expida un código de ética para el ejercicio de la profesión docente,  se defina  un número razonable de alumnos por aula y se pueda crear un nuevo sistema de salud, eficiente y de calidad para los educadores y sus familiares, ojalá prestado por la red hospitalaria pública, que también será recuperada, según lo prometido por Petro y Francia.

Para hacer realidad estos nobles propósitos será necesario hacer una reforma integral que incluya la eliminación del proceso de privatización de la educación pública, suspensión de los convenios de colegios públicos en concesión al negocio privado y se eliminen conceptos como: subsidio a la demanda, pago de los costos educativos por capitación, educación por estándares de calidad, educación por competencias, orientados a mejorar la competitividad del aparato productivo empresarial. Hacer depender el ejercicio del derecho a la educación de la capacidad de pago hace del modelo educativo un mecanismo que reproduce la estratificación social (estratos uno al seis), la pobreza, la desigualdad y la inequidad. La gratuidad de la educación obligatoria es un propósito permanente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

*Miembro de la Red Socialista de Colombia.

@TrinoSocialista

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