Corrupción: ‘lo que se hereda no se hurta’

POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /

La corrupción y la violencia son hermanas gemelas y, desde siempre, han sido componentes estructurales de la acumulación capitalista y del ejercicio del poder económico y político en los estados liberales; la misión de sus gobiernos, sean ejercidos por regímenes autoritarios de derecha o de “izquierda”, dictatoriales, o de signo progresista, es la de salvaguardar los intereses de los capitalistas, de los gremios económicos que los agrupan y de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, además de garantizarles un incremento sostenido de sus ganancias, cuidar sus intereses y blanquear sus delitos.

José Arnulfo Bayona

En Colombia, la corrupción es la compañera histórica del ejercicio del poder y la disputa política electoral de todos los gobiernos, conservadores, liberales, bipartidistas o de sus posteriores derivaciones. Cada gobierno ha dejado su propia marca de corrupción, unas veces conservadora, en ocasiones liberal y, a partir del Frente Nacional (1958) azul y rojo. El botín de la disputa ha sido siempre la burocracia estatal y el erario.

No son partidos sino mafias

Desde la expedición de la Constitución de 1991, el sello de la corrupción se pintó de todos los colores de las banderas políticas nacidas de la diáspora del bipartidismo liberal-conservador, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Nuevo liberalismo, etc., todas neoliberales, sean  de extrema derecha, de derecha o de centro, concurren a la disputa electoral, consienten mutuamente sus prácticas corruptas (clientelismo, compra de votos, defraudación del erario, enriquecimiento ilícito); pero, se hacen cómplices para mantener capturado el poder hegemónico del Estado y, mediante acuerdos subterráneos, deciden repartirse el botín cada cuatro años, según la proporción de los sufragios obtenidos con la fortuna invertida y los votos comprados, en la elección respectiva. No son partidos sino mafias que redujeron el debate electoral a una disputa para saber a quién le corresponde, a la hora del reparto, la mayor parte de la torta (el erario) estatal, del dinero público y la fronda burocrática clientelar.

Desde tiempos inmemoriales, los directos beneficiarios de la corrupción han sido las oligarquías gobernantes y sus funcionarios al frente de la administración del erario, los negocios y bienes públicos y del funcionamiento de las instituciones que conforman las ramas del poder público a su servicio. Entre las instituciones que se encargan de adoctrinar al pueblo para que admita como normales las prácticas corruptas de la perpetuada clase gobernante están el sistema judicial, el sistema educativo, las iglesias, los medios de comunicación masiva y los mal llamados organismos de control: la Contraloría General, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, organismos que de cuando en vez, asumen sus funciones para investigar, denunciar y castigar escándalos de corrupción que desbordan su control y su inveterada práctica del tapen-tapen.

Las prácticas corruptas son múltiples, podemos enumerar las más frecuentes y reconocidas a través de los tiempos, veamos:

El clientelismo político. Es la tradicional práctica de conseguir votos mediante la entrega a los electores de láminas de zinc o Eternit, bultos de cemento, dinero para pagar recibos  de los servicios públicos, organización de reuniones o jolgorios en los que reparten mercados, tamales, cerveza, aguardiente, ron y hasta whisky, dependiendo del estrato social, rifa de electrodomésticos, ofrecimiento de becas y cupos en los colegios públicos y para ingresar a las universidades, empleos en las empresas de sus financiadores y hasta cargos  o empleos públicos, en caso de ser elegidos, “tú me eliges, yo te nombro” es la máxima que, según el padre Sanín, aplican los clientelistas en las campañas electorales. La absoluta mayoría de los electores son analfabetos políticos, que ven en estas prácticas deleznables la oportunidad de resolver transitoriamente sus acuciantes necesidades y carencias. Estas prácticas se han especializado hasta el punto que los corruptos politiqueros cuentan con empresas electorales, conformadas por sus familiares y caciques contratados, encargados de fidelizar sus propias clientelas y por supuesto hacerlas crecer según el tamaño de las aspiraciones del clientelista politiquero. Adicionalmente, se encargan de adoctrinar a los ignorantes electores en que en eso consiste la política.

La compra de votos. Las empresas electorales se han organizado de tal manera que los caciques, en algunas partes llamados “capitanes”, generalmente líderes  y lideresas comunitarios, personas que juran fidelidad al político y se lucran del oficio, trabajan todo el tiempo para  asegurar la elección y la reelección de su patrón, organizan las reuniones de campaña, reparten las dádivas, hacen los listados y realizan, con debida anticipación la compra del votos a las clientelas que tienen en sus listados, retienen las cédulas hasta el día de las elecciones en las que se organizan equipos de compradores de votos de su entera confianza, los llaman “mochileros”, a quienes entregan millones de pesos que depositan en sus mochilas y salen a  comprar los votos necesarios para asegurar la elección del politiquero de turno. Los candidatos o candidatas fijan las tarifas para la compra, las cuales varían según la inflación y las necesidades del candidato o candidata. El caso más sonado de tiempos recientes es el escándalo de la exsenadora por el Partido Conservador, Aída Merlano, quien fue procesada y condenada por la Corte Suprema de Justicia, por corrupción al elector, quien hizo público el macro caso de la compra de votos por parte de los clanes Gerlein y Char de Barranquilla, quienes invirtieron millonadas en la compra de votos para elegir sus candidatos al Congreso y asegurar la victoria del presidente títere de Uribe, Iván Duque en 2018. El fallecido congresista Roberto Gerlein declaró que su elección por décadas al Senado fue fruto de la compra de votos.

La corrupción política. Esta práctica tiene dos modalidades; la primera se trata de una competencia previa entre partidos y coaliciones políticas para reunir la mayor cantidad de inversionistas en sus respectivas campañas electorales, tanto a la Presidencia de la República, como al Congreso, las Gobernaciones, las Alcaldías, los Concejos municipales y las Asambleas departamentales. Candidatos y candidatas arman sus equipos de campaña con los jefes de los integrantes de la coalición, quienes aportan una determinada cantidad de dinero a la campaña, según los cargos que le corresponderán si el candidato resulta elegido. Además, concertan aportes de capital con inversionistas privados de acuerdo con el monto de los contratos de servicios o de obras públicas que le serán entregados. El sello de garantía de cumplimiento es a veces una póliza, o una letra o un cheque por la cantidad aportada y una regla de hierro cumplen o cumplen, so pena de graves consecuencias.

La corrupción administrativa, segunda modalidad, derivada de la anterior, consiste en que, una vez elegidos, candidatos y candidatas a los cargos públicos respectivos, están obligados/as a cumplir o cumplir, es un dilema de hierro, con los pactos firmados, entonces vienen los nombramientos a los cargos convenidos previamente, que deben ser fichas de los aportantes, quienes manejarán abultados presupuestos para la realización de las obras  y los programas prometidos en campaña, por una parte, y por la otra, hacer las contrataciones de proyectos de servicios y obras públicas, tales como, programas de alimentación escolar, comedores populares, contratación de vacunas contra el Covid, el paludismo, el dengue, etc., tal como ha sido acordada con los financiadores de la campaña. Para ello, recurren al sainete de las convocatorias públicas, con pliegos de condiciones y exigencias previamente acordadas y consignadas en dichas convocatorias para que sean adjudicados a los financiadores; estos son los denominados “pliegos sastre” a la medida de los contratistas, acordados previamente, según el monto de la inversión en la campaña. Estas son las modalidades que han generado los graves escándalos que, de tanto en tanto, sacuden la opinión pública.

Otras formas tienen que ver con la contratación de mega obras como Reficar, que comprometen a altos funcionarios de gobierno de Uribe y de Juan Manuel Santos, así como a la constructora suiza Glencore y la estadounidense CB&I (Chicago & Bridge Company), al exministro de Minas de Uribe, Orlando Cabrales y expresidentes de Ecopetrol. El caso de Odebrecht –con la Ruta del Sol, que involucran empresas extranjeras como Odebrecht, el exviceministro Gabriel García Morales, los parlamentarios Bernardo Elías, Otto Bula, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe, entre otros. El escándalo de la compra de votos para  la elección de Iván Duque y parlamentarios conservadores y de Cambio Radical, que implicaron al narcotraficante el Ñeñe Hernández, a Álvaro Uribe a la exsenadora Aída Merlano y a los clanes Gerlein y Char; el escándalo de las marionetas que comprometen a funcionarios del gobierno de Duque, al fallecido senador Castaño y al congresista del uribismo Ciro Ramírez y, el más reciente escándalo el de los carrotanques, que, todo indica, promete ser  de mayores proporciones y presuntamente compromete al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López del Polo Democrático, a Sneyder Pinilla del Partido de la U y el clan Aguilar, al presidente del Senado, Iván Name, al presidente de la Cámara, Andrés Calle del Partido Liberal, ministros y altos funcionarios del Gobierno del Pacto Histórico, entre otros.

Nota.- Este artículo es el primero de varios que serán publicados en próximas entregas, con el ánimo de generar educación política como herramienta de lucha contra la corrupción instalada en el ADN de la oligarquía y las mafias gobernantes colombianas.

@TrinoSocialista

*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).