Ecuador: Lasso y la criminalización de la lucha popular

El sector indígena ecuatoriano que mayoritariamente apoyó electoralmente al banquero Guillermo Lasso para derrotar la candidatura progresista que representaba Andrés Arauz, ahora protagoniza un levantamiento en su contra ante las políticas de corte neoliberal que viene implementando desde el deslegitimado gobierno que preside, el cual apenas cumplió un año de gestión el pasado mes de mayo.

POR DAX TOSCANO SEGOVIA /

El “voto nulo ideológico”, auspiciado por el partido Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), condujo al triunfo de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral en este país andino, el 11 de abril de 2021, en la que el banquero se enfrentó contra el candidato progresista Andrés Arauz.

El odio y el revanchismo hacia Rafael Correa y el proyecto político liderado por el exmandatario llevaron a la dirigencia indígena a exhortar a sus bases a votar nulo, lo cual significó en la práctica un espaldarazo al candidato presidencial del movimiento CREO.

No podía sorprender dicha decisión de parte de dirigentes que como Lourdes TibánSalvador Quishpe, abiertamente apoyaron a Guillermo Lasso en elecciones anteriores, en las cuales lo acompañaron en mítines políticos, se abrazaron y levantaron su mano. Yaku Pérez, resentido por no haber logrado pasar a la segunda vuelta, mientras denunciaba un fraude en su contra, inicialmente mantuvo conversaciones con Lasso para aliarse y evitar el triunfo de Arauz, aunque finalmente apoyó el voto nulo.

Leonidas Iza, dirigente indígena de izquierda, también hizo el llamado a votar nulo, al igual que sus coidearios, sin sopesar las consecuencias terribles que para el país traería el ascenso del representante de la oligarquía.

Fue un golpe contra quienes lucharon en octubre de 2019 en las movilizaciones populares para enfrentar al gobierno neoliberal de Lenín Moreno, al que Lasso respaldó, sobre todo en los años duros de la pandemia, cuando su bloque legislativo votó a favor de la denominada Ley Humanitaria para beneficiar a los grandes empresarios, en contra de los intereses de los trabajadores.

“Contra Lasso podremos protestar en las calles”, argumentaban para justificar su “voto nulo ideológico”, en una clara muestra de ingenuidad política y de falta de comprensión de cómo la derecha actúa cuando tiene el control total del Estado, instrumento que lo usan para reprimir al movimiento popular.

Lo hecho, hecho queda. Lasso es la continuidad del gobierno de Moreno. La mayoría de ecuatorianos que rechazaron a Lenín Moreno por su ineptitud, su falta de atención a las necesidades del pueblo, su cinismo manifiesto, la utilización de la justicia para perseguir a sus opositores y criminalizar la lucha social, no imaginaron encontrarse con una versión superada del mismo.

Lo cierto es que Guillermo Lasso, el otrora candidato amigable de los zapatitos rojos y los pasos de Michael Jackson, ha mostrado su verdadero rostro, el cual muchos se negaron a reconocer en el momento de elegirlo.

Un año ha transcurrido desde la elección de Lasso, período durante el cual se ha evidenciado la falta de obras por parte de su gobierno que no ha podido solucionar los problemas fundamentales de la gente del común como la falta de empleo, la insuficiencia o inexistencia de medicinas en los hospitales y el deterioro constante de la vida de la población con la subida permanente de los precios de la canasta básica que está en los USD.793, mientras el sueldo básico es de USD.425.

Entretanto, el Presidente ha manifestado que las reservas del país ascienden a USD 8.200 millones, dineros que no se han destinado a obra social, pública y de infraestructura para el país, la cual brilla por su ausencia, mientras se comprometen millones de dólares para pagar bonos de deuda externa.

En 2019, Moreno, con la imbecilidad que lo caracteriza, puso como ejemplo de emprendimiento a los niños de la costa, “monitos” según expresión del exmandatario, que venden vasos de Coca-cola o plátanos asados en las calles. Sin vergüenza alguna, un presidente de la República del Ecuador, exaltaba el trabajo infantil.

Lasso, convertido en un Moreno 2.0, el 1 de enero de 2022 al hablar de los créditos que su gobierno otorgará, decía en ese momento que con 500 dólares o menos alguien podrá ponerse en una esquina a vender en una charola caramelos o galletas para empezar un negocio.

Ilustración: Vilmatraca.

En favor de los intereses oligárquicos

Las políticas de Lasso están encaminadas a proteger los intereses de un sector de la oligarquía ecuatoriana y, por supuesto, del capital transnacional, por lo cual a toda costa quiere establecer tratados de libre comercio y vender o concesionar a empresas extranjeras sectores estratégicos de la economía del país.

La reforma tributaria, promulgada en diciembre de 2021, con la que el gobierno pretende recaudar en dos años 1.900 millones de dólares fue un golpe a la clase media que, en la práctica, contribuye más que los más ricos a las arcas fiscales del país.

El primer mandatario constantemente habla contra la evasión de impuestos al punto de acusar al banquero Fidel Egas Grijalva (mayo accionista del Banco Pichincha) de no pagarlos, mientras él mantiene cuentas offshore en paraísos fiscales, lo cual no ha podido desmentir hasta hoy día. ¡La doble moral de don Guille!

La falta de seguridad para la ciudadanía, que vive en constante zozobra ante el avance de la delincuencia, es otro problema que el gobierno de Lasso no ha podido enfrentar adecuadamente. El mandatario ha vuelto a repetir las acusaciones de Moreno contra el expresidente Rafael Correa de haber sido él el que propició el avance del narcotráfico en el país. Un mismo discurso para seguir justificando la inacción y la falta de medidas para combatir al crimen organizado.

Fue bajo el mandato del presidente Correa que mediante una consulta popular se puso freno al negocio de casinos, lugares en los que el dinero sucio se lava para que circule en la economía del país. De igual manera, bajo ese gobierno se empezó a asumir el problema del consumo de drogas como un problema de salubridad y no como un delito, lo cual ha sido objeto de ataques por parte de los medios que han satanizado a la droga y no a los problemas sociales que conllevan a que la juventud consuma dichas sustancias.

Lo cierto es que, bajo los gobiernos de Moreno y Lasso, la delincuencia se ha desatado. Ecuador no se ha convertido en otra Venezuela como han planteado estos hermanos siameses en varias ocasiones, pero si ha llevado al país a transformarnos en una Sinaloa.

Mientras los funcionarios de Lasso vociferan que las paralizaciones y movilizaciones sociales ahuyentan el turismo, parecen desconocer que los delitos con armas blancas, los asesinatos, los robos y secuestros de personas son causa fundamental para que los turistas no visiten el Ecuador.

Represión a la protesta social

La Policía, que en estos días de movilizaciones populares ha empleado todos sus recursos para reprimir a quienes, cansados de la difícil situación que vive el país, han salido a protestar, ha demostrado total ineficiencia en el combate contra las bandas criminales, contra el sicariato y los delitos a los que cualquier ciudadano está expuesto permanentemente.

Lo extraño es que las autoridades policiales han señalado en reiteradas ocasiones que carecen de los recursos necesarios para combatir a los delincuentes, pero, sorpresivamente, se movilizan con rapidez en carros y motocicletas bien abastecidas de gasolina, con trajes especiales, provistos de toletes, gases lacrimógenos y gas pimienta para enfrentar al movimiento popular, indígena, campesino y estudiantil.

En la Cumbre de las Américas Lasso habló de que pedirá a EE.UU. que se establezca un “Plan Ecuador” similar al que Colombia aplicó desde inicios del año 2000 para supuestamente combatir al narcotráfico. El “Plan Colombia” fue un instrumento del imperialismo para justificar la presencia militar gringa en este país bioceánico  y enfrentar a la insurgencia. Nueve bases militares tiene EE.UU. en Colombia. El fenómeno del narcotráfico no ha desaparecido, mientras la producción de droga, en vez de disminuir, ha aumentado, negocio en el que han estado involucrados miembros del Ejército y Policía colombiana, así como militares estadounidenses, estrechamente ligados a grupos paramilitares.

Desde el gobierno de Moreno, agentes de inteligencia de los EE.UU. y militares de ese país actúan en el Ecuador. Lo que hoy pretenden es justificar una mayor presencia militar estadounidense, con miras a posibilitar el establecimiento de bases nenúfares por parte del Comando Sur, para lo cual recurren al discurso del combate al terrorismo y a la criminalización de quienes luchan, acusándoles de tener vínculos con la guerrilla colombiana y el narcotráfico internacional. Los acuerdos en materia de seguridad con el Estado criminal de Israel también tienen como objetivo el endurecimiento de las políticas represivas contra el movimiento popular.

Como señala el analista y docente universitario, Marcel Merizalde, con Lasso se ha dado inicio a la era del Febres Corderato 2.0, haciendo referencia a las políticas represivas que bajo el gobierno socialcristiano de ese entonces (1984-1988) se aplicaron para combatir al movimiento popular mediante la persecución de líderes sociales, las desapariciones y la aplicación de la tortura en centros carcelarios como el SIC 10.

Ilustración: Vilmatraca.

Las declaraciones del general Patricio Carrillo Rosero, actual comandante de la Policía ecuatoriana, que dirigió las operaciones represivas en octubre de 2019 bajo el gobierno de Moreno, evidencian que el gobierno de Lasso tiene el mismo propósito que el de León Febres Cordero: criminalizar la lucha social.

Al igual que lo hicieron con Moreno, Lasso tiene el respaldado de los medios de comunicación y de los periodistas asalariados que actúan como voceros y “cheerleader” de su gobierno. Luis Eduardo Vivanco, Andersson Boscán, Carlos Rojas, Martín Pallares, Arturo Torres, Fernando Villavicencio, Janet Hinostroza son los mercenarios de tinta y micrófono que, a la vez que defienden a Lasso, denigran a los dirigentes sociales y estigmatizan la protesta social.

La movilización social y la lucha popular representa la defensa de la esperanza de un mundo mejor, de la vida en un país al que, a la mayoría de la población, bajo el cuento repetido de la unidad nacional o de que nos encaminamos hacia un mejor futuro, han sacrificado su presente, conduciéndola hacia la muerte.

Un cartel levantado por una mujer indígena en las protestas de octubre de 2019 sintetiza la realidad que es necesario se comprenda: “Violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ellos”.

@DaxToscano

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