POR JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA /
En la reciente entrevista concedida a Inna Afinogenova, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó importantes observaciones sobre su país y el contexto histórico latinoamericano. Su gobierno, dijo, logró un “cambio de mentalidad”, una “revolución de las conciencias” en los sectores populares, que ha sido el soporte del modelo económico del “humanismo méxica”. Agregó el impulso de programas sociales; la educación para millones de jóvenes y miles de becas; la inversión en obras e infraestructuras (como el Tren Maya); que hay que separar el poder económico del poder político. Todo eso despertó la reacción conservadora, auspiciada por los “medios de desinformación”. Y, sin embargo, creció la economía y hasta las ganancias de los bancos. La oposición derechista está golpeada por los logros a favor de la población y no de la oligarquía. Hay que sumar a esa entrevista la aprobación que tiene AMLO, que se ubica entre el 70 % y 75 %, ocupando así el segundo lugar en América Latina.
Es preciso destacar dos observaciones realizadas por el Presidente mexicano: la primera, sobre la forma de imponer la seguridad en El Salvador con las medidas del presidente Nayib Bukele, que AMLO considera “temporales” si no se atiende a la superación de las condiciones sociales y estructurales de la pobreza y la ausencia de trabajo. El Gobierno mexicano, en cambio, privilegió las políticas sociales y logró iniciar soluciones para las viejas herencias de la violencia proveniente del ciclo neoliberal. La segunda es la reivindicación que hizo de la Revolución mexicana y de la Constitución de 1917, pionera en el mundo en reconocer derechos laborales y también de los campesinos sobre las tierras. AMLO apuntó que, desde 1983, los sucesivos gobiernos neoliberales solo reformaron las leyes del trabajo para favorecer a “una minoría rapaz” y no al pueblo, de tal modo que se “anularon” las reivindicaciones de aquella Constitución.
Efectos de los gobiernos empresariales en Ecuador
Esas dos observaciones tienen particular significación para Ecuador actual. Vale hacer una rápida consideración histórica: desde 1983 también este país entró a la fase de gobiernos neoliberales, que se consolidó definitivamente en la década de 1990. Crecieron las demandas empresariales para precarizar/flexibilizar el trabajo y así incrementar las ganancias: trabajo por horas, tercerizado, a tiempo fijo; no pagar horas extras ni suplementarias, tampoco utilidades; suprimir indemnizaciones; privatizar la seguridad social; aumentar las jornadas, etc. Como ocurrió en México, las conquistas del derecho social y laboral, que nacieron en Ecuador con la Constitución de 1929 y la expedición del Código del Trabajo en 1938, fueron conculcadas. El presidente Gustavo Noboa introdujo el “trabajo por horas” (T/H), cuya remuneración supuestamente incluía “todos” los “beneficios” de un contrato normal. Resultó un engaño. Servía para labores continuas o discontinuas, hasta 8 horas al día y 40 horas semanales. Lucio Gutiérrez incrementó (2005) del 40 % al 75 % de trabajadores por horas en la empresa y cualquier actividad. Se pagaba U$ 0.97 la hora. ¡Menos de UN dólar! Pero en aquel tiempo se decía que era “mejor” que no tener empleo. Los explotadores bien habrían podido revivir la esclavitud y dejar a un lado su hipocresía.
Semejante explotación laboral, junto con la tercerización y otras formas de precarización, fueron prohibidas por la Constitución de 2008, provocando el reclamo empresarial, cuya hegemonía neoliberal también acabó entre 2007 y 2017, al instaurarse un modelo de economía social, comparable con el que ha seguido AMLO en México. Pero desde 2017, tres gobiernos empresariales (dos presidentes-empresarios millonarios) revivieron el camino neoliberal y, además, bajo dos situaciones nuevas: la consolidación de un poder oligárquico similar al que rigió en Ecuador durante la primera “época plutocrática” 1912-1925; y, adicionalmente, la explosión de la inseguridad por la acción delictiva y de las mafias organizadas, que han logrado penetrar en esferas del Estado.
En estas circunstancias, el presidente Daniel Noboa convoca a consulta popular y referendo (se realizará el 21 de abril) con seis preguntas sobre seguridad, tres sobre extradición, judicaturas especiales y arbitraje internacional, más una pregunta que busca reimplantar el T/H y el contrato de plazo fijo. Tras la suscripción de los acuerdos militares con Estados Unidos y el anuncio de la Jefa del Comando Sur de contar con un plan de cinco años para la seguridad en Ecuador, la consulta no parecería necesaria, pero busca captar la votación ciudadana desesperada, para relegitimar las políticas del gobierno. Por tanto, merece especial atención la aislada pregunta sobre T/H y a plazo fijo, inscrita en los compromisos con el FMI sobre reforma laboral, y encaminada a profundizar el modelo empresarial neoliberal/libertario en marcha.
El programa ‘Hora 25’ (19/02/2024), ha permitido desnudar el panorama. Allí se reconoció que en el pasado se “abusó” del T/H y del contrato a plazo fijo. Se anotó que hoy existe otra realidad, con 60-70 % de población “informal”, subocupada y desocupada (nada distinto al pasado neoliberal) y que, por tanto, hay que “darle trabajo”. Sin embargo, para los empresarios la vía es el T/H. No apuntan a crear empleo con contratos normales, estables, con todos los derechos que éste garantiza. Tampoco a usar el contrato de trabajo parcial permanente. Prefieren el T/H y el de plazo fijo. ¿Por qué? Simplemente alivian una serie de “costos” del contrato normal y así dan mayor margen a sus ganancias. Además, el T/H presiona a la baja su remuneración, porque se pretende hacer cálculos tomando el salario básico de U$ 460 al mes, sin considerar que se trata de una modalidad diferente a la normal.
En sectores neoliberales se divide ese salario por 30 días (240 horas). El valor de 1 hora sería U$ 1,92. Cálculo irreal. Para pagar menos. Y es la Ministra del Trabajo la que anunció otro cálculo en el programa de TV: dividir U$ 460 para 160, porque lo “normal” son 8 horas/día y 40h/semanales. Serían U$ 2,88 por hora. Dijo que hay que sumar 13ª, 14ª remuneraciones, recargos por horas extras, suplementarias, jornada nocturna, feriados, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Añadió que el valor de una hora subiría hasta U$ 7,60 por “feriados”; y si es “sectorial”, hasta U$ 12,90; aclarando que “vacaciones” solo hay después de un año en el contrato normal y, por tanto, así se aplicaría al T/H. ¿Aceptarán los empresarios? Seguramente NO. En el mismo programa se evidenció la posición contraria de la representante empresarial. De este modo, la Ministra se colocó a la “izquierda” de los empresarios, pero a la “derecha” del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, invitado a un programa con participación desbalanceada.
La Ministra afirmó que no hay “regresión” de derechos ni “precarización”. Sin embargo, bajo las condiciones socioeconómicas de América Latina y de Ecuador, el T/H, así como el contrato a plazo fijo, precarizan el trabajo, rompen la estabilidad en el largo tiempo para sustento y vida del trabajador, afectan indemnizaciones, desahucio y otros derechos.
El T/H facilita eludir al IESS y con ello las prestaciones de la seguridad social. Imposible compararlo con los Estados Unidos, a los que se tiene como ejemplo. Cabe confiar que las organizaciones de los trabajadores no se dejen engañar y afirmen sus posiciones constitucionalistas en defensa de los derechos laborales y contra toda precarización.
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