De entrada hay que resaltar que, contrario al ambiente de alto riesgo electoral por amenaza de actores violentos, pregonado por la derecha violenta, el cuestionado fiscal Barbosa, la procuradora Cabello y el Defensor del Pueblo, a través de los medios de comunicación, las elecciones transcurrieron en paz y con plenas garantías, salvo mínimas excepciones, gracias al plan de seguridad y garantías electorales de la fuerza pública y al cese al fuego acordado por el gobierno con los grupos guerrilleros ELN y la disidencia de las FARC-EMC, con quienes se avanza en sendos procesos de paz. El silencio de los fusiles fue sin duda, un gran logro de paz del gobierno.
Sin embargo, desde una mirada crítica, con sentido positivo, fue evidente el triunfo político electoral de los partidos Liberal y Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, uribistas camuflados con firmas, el partido de bolsillo Creemos, del uribista Federico Gutiérrez, movimiento de los corruptos uribistas del clan Aguilar, los clanes Char, Gnecco, Blel –Lidio García– la Gata, etc., en casi todo el país y especialmente en los centros nodales de la política colombiana, Bogotá, Antioquia –Medellín, Valle del Cauca– Cali, Atlántico – Barranquilla, Santander- Bucaramanga, Bolívar– Cartagena, el eje cafetero, Tolima, amén del resto de departamentos y sus capitales, excepción hecha del departamento de Boyacá, en donde fue reelegido gobernador Carlos Amaya del Partido Verde y como alcalde de Tunja los electores eligieron el ruso Mikhail Krasnov (hecho histórico), Magdalena, que eligió a Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana y como alcalde a Jorge Agudelo, de esta misma colectividad, en donde se ha consolidado la izquierda electoral del gobernador Carlos Caicedo; el departamento de Nariño con la elección de Luis Alfonso Escobar del Pacto Histórico; el departamento de Cauca que eligió a Víctor Libardo gobernador y a José Diago alcalde de Popayán; y el departamento de Amazonas con Oscar Enrique Sánchez elegido como gobernador, todos del Pacto Histórico o cercanos políticos del mismo.
Es verdad que El Pacto Histórico ganó la Presidencia de la República, con Gustavo Petro, sin contar con gobernadores, ni diputados, ni concejales, ni alcaldes, salvo los pocos que adhirieron a su campaña, sin renunciar a sus respectivas banderías políticas. Pero, el triunfo arrollador del candidato Petro en el Distrito Capital, la Costa Atlántica, la Costa Pacífica, Nariño y Cauca, auguraba una victoria electoral del Pacto Histórico, tanto en Bogotá, y los departamentos de Cauca y Nariño, como, en los de los litorales de las costas Pacífica y Atlántica. Pero, con excepción de los departamento mencionados, en todos los territorios, incluidos los que perdieron en las elecciones de hace cuatro años, hegemonizados por poderosos y corruptos clanes familiares, los partidos y sectores de la coalición uribista pusieron en marcha sus aceitadas empresas electorales, marcharon aliados todos a una, activaron sus clientelas, junto con sus bandas de mochileros compradores de votos, llamaron a sus financiadores, seguramente los empresarios y narcotraficantes, banqueros, industriales, comerciantes, ganaderos, terratenientes, etc., beneficiados con la contratación pública y el saqueo de los recursos públicos y agudizaron la guerra mediática de falsas noticias y calumnias, para aniquilar moral y políticamente al primer mandatario, sembrar el descontento y desencanto entre sus electores y lo lograron.
Tanto en Bogotá como en todas las regiones del país, la estrategia principal de dicha alianza mafiosa y los partidos derrotados en 2022, fue convertir las elecciones regionales en un plebiscito contra el presidente Gustavo Petro y su programa de reformas sociales y, por supuesto, en segundo lugar, derrotar los candidatos y las candidatas del Pacto Histórico, el progresismo y la izquierda. Hay que decirlo sin tapujos, tuvieron éxito en la mayor parte del territorio nacional.
Dicha estrategia política fue particularmente notoria en los debates que se realizaron en los medios masivos de comunicación, con énfasis en Bogotá y las principales ciudades del país, así como en las piezas publicitarias del candidato Carlos Fernando Galán y sus financiadores, los contratistas, los banqueros y los medios, en santa alianza con los siete candidatos restantes. El presidente Petro y la bancada parlamentaria, muchos activistas y dirigentes del Pacto Histórico, no quisieron asimilar el golpe y ripostaron con la información sobre el hecho real de que el Pacto, antes de las elecciones del 29 de octubre, habían ganado las presidenciales sin contar con concejales , ni diputados, ni gobernadores, ni alcaldes, pero que el 29 de octubre lograron elegir 650 concejales, 70 alcaldes y 38 diputados, 70 % de ediles de Cali, 38 ediles en Bogotá, (primera fuerza), tres gobernadores del Pacto y 6 de coalición; lo cual representa, indudablemente un avance que atenúa, pero no contrarresta el descalabro político, porque, ni el gobierno, ni el Pacto Histórico, lograron reafirmar su caudal electoral en las regiones que lo llevaron al Palacio de Nariño, junto con la elección de la importante bancada de 44 congresistas .
Se debe reconocer que el plebiscito, cuidadosamente planeado y ejecutado por la tradicional alianza mafiosa y corrupta que hegemoniza el poder político y económico, logró derrotar el plebiscito que pretendió el Pacto Histórico en torno a la defensa, mal orientada, de la gestión del Presidente y sus políticas sociales. Es obvio que había que defender tanto la gestión del Presidente, como el programa de reformas, pero cayeron en la trampa, al no obligar al debate sobre las problemáticas regionales y las difundidas prácticas corruptas de los mencionados clanes familiares que atan de antemano la financiación de las campañas a los compromisos de nombramientos en secretarias y el reparto de la contratación con dinero público, a la compra de votos, el clientelismo y demás inmundicias propias de la descomposición moral de sus viejas costumbres políticas.
Asimilar el golpe, implica reconocer el revés electoral sufrido y disponerse a desarrollar el debate urgente y necesario, con sentido autocrítico, tanto al interior del Pacto Histórico, como de cara a la opinión de la gente que votó por las promesas de cambio agitadas en el debate presidencial para hacer el balance de los aciertos y, sobre todo de los errores, que condujeron a los preocupantes resultados electorales.
Lo más importantes es desentrañar los factores que determinaron el retroceso electoral. En primer lugar, se debe hacer una mirada crítica sobre la gestión del gobierno, sin fanatismo, sin ciegas devociones al caudillo. Preguntar, por ejemplo, si las alianzas obligadas con las cúpulas de los partidos Liberal, Conservador y de la U, para nombrar políticos corruptos y neoliberales en los Ministerios y otros cargos del alto gobierno en el Congreso, como Roy Barreras, Armando Benedetti, José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria, entre otros, fueron las más adecuadas para el trámite de las reformas sociales en el Congreso de la República. Así mismo, se debe indagar si se pagó o no, un alto costo político por haber aceptado, en cumplimiento de mandatos de la banca multilateral, realizar los drásticos y acelerados ajustes de la gasolina que el gobierno del subpresidente Duque se negó a ejecutar, lo cual causó un amplio descontento popular, estimulado cínicamente por el uribismo. La pregunta es ¿por qué someterse, sin chistar, a la dictadura de la regla fiscal impuesta por los organismos internacionales? El cuestionamiento es también válido para la aprobación de la reforma tributaria y de los presupuestos 2023 y 2024. Estas son poderosas razones del desencanto que cundió entre las y los ilusionados electores, sembrado por la oposición radical a través de las cadenas radiales y de TV a su servicio.
Igualmente, se debe examinar cuál ha sido el efecto del bloqueo en el Congreso de los proyectos de ley sobre reformas sociales, ligado al inmediatismo incitado por los altavoces de la comunicación masiva, que generó desencanto y frustración entre la población esperanzada en dichas iniciativas. De otro lado, el descontento de trabajadores/as estatales, profesionales, profesorado universitario, de la rama judicial, de los Ministerios, etc., en su mayoría afiliados a Colpensiones. Se trata de gentes de la clase media que ven seriamente amenazada la liquidación de sus pensiones si se aprueba el texto del proyecto de reforma pensional que avanza en el Congreso, que los obligará a cotizar hasta tres salarios mínimos en Colpensiones y, a partir de dicho tope, a ser afilados obligatorios de las administradoras privadas de fondos pensionales, porque les causa graves lesiones económicas, en el momento en que reciban la liquidación de su mesada, bajo el método mixto que crea la reforma. Esos reclamos no resueltos seguramente redundaron en una baja votación por el Pacto Histórico en dichos sectores sociales.
En el mismo sentido, se debe estudiar la incidencia negativa de las actuaciones de parlamentarios del Pacto Histórico sobre los proyectos de reforma, en particular la del expresidente del Senado, Roy Barreras, abiertamente a favor de mantener las corruptas EPS; el escándalo del hijo del presidente, Nicolas Petro; las declaraciones del hermano mayor del mandatario; el alboroto del exsenador y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti y su exasistente en el Congreso y jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia; actuaciones que sembraron la duda sobre presunto ingreso de dineros del narcotráfico a las finanzas de la campaña presidencial. Todos estos negativos eventos, que hacen parte de nuestra cultura política, fueron caldo de cultivo para las campañas de desprestigio desarrolladas contra el Presidente y, por ende, contra las candidaturas del Pacto histórico a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos municipales.
Otro factor que pudo incidir negativamente fue el proceso de configuración de las listas cerradas y cremalleras a concejos y asambleas, cuya composición y aval fue centralizada en un buró nacional, igual que la decisión sobre avales a candidaturas a alcaldías y gobernaciones, así como sobre las alianzas o coaliciones. Las listas cerradas tienen sentido si son el producto de un proceso de consultas y decisiones democráticas para su configuración, proceso que fue sustituido por ese organismo burocrático, cuyas decisiones generaron inconformidad y provocaron que muchos sectores, especialmente los que carecían de personería jurídica, fueran excluidos y terminaran yéndose a otras toldas. Además de las malas prácticas de nepotismo e imposición de candidaturas y exclusión de candidatos que siendo concejales, como en el caso de Carlos Carrillo del Polo Democrático en Bogotá, considerado uno de los mejores del Concejo capitalino, le fue negado el aval para participar en la consulta en competencia con Gustavo Bolívar para seleccionar el candidato a la Alcaldía. Finalmente, fue excluido arbitrariamente de la lista al Concejo Distrital. Estas prácticas llevaron a las y los electores a marginarse de la contienda o migrar a otros sectores políticos, fue el caso del departamento del Huila y seguramente de otros lugares sobre los que no disponemos de mayor información.
Otros ingredientes que incidieron negativamente en el resultado adverso del Pacto Histórico, aportados por el exconcejal de Bogotá Carrillo, en entrevista concedida a la plataforma Palabras Mayores, que merecen ser tenidos en cuenta para el necesario debate democrático, se refieren a que esta vez no fue necesaria la segunda vuelta, porque los del bloque duro de la derecha uribista, Cambio Radical Partido Liberal, conservadores, etc., apoyaron a Galán en primera vuelta. El voto útil también apoyó a Galán.
La decisión plebiscitaria de la campaña limitó el acceso a opiniones no favorables a Petro. Con su campaña creativa y hábilmente orientada, el candidato de Uribe, Juan Daniel Oviedo, recogió votos del progresismo y de la juventud de universidades privadas de élite. No se pudo desmontar el falso relato de los medios uribistas sobre la supuesta financiación de la Primera línea por parte de Gustavo Bolívar; que en estas elecciones no votaron 800.000 electores que si sufragaron en las presidenciales; hizo notar que esta vez se utilizaron mucho menos las redes sociales, no hubo alianzas con los youtubers o influenciadores, como si se vio en los comicios del año pasado.
La ilegitimidad de la lista fue palmaria, partidos golpeados y divididos por la torpeza con que se elaboró la lista cerrada, con personas sin mayor potencial electoral, dejó muchos sectores por fuera; una lista cuyos integrantes básicamente no hicieron campaña. En términos generales, las cúpulas de los partidos dejaron morir a Gustavo Bolívar. Pese a que los actuales parlamentarios le deben la curul a Petro y a Bolívar, los 7 representantes a la Cámara por Bogotá con excepción de Gabriel Becerra, no tuvieron candidatos ni interés en la campaña.
La simple observación de los resultados electorales, indican claramente que, aparte de los avances reseñados por el presidente Petro, las alianzas mafiosas del gran capital, banqueros, industriales, ganaderos, industriales, las fortunas del narcotráfico, los corruptos y poderosos clanes familiares, medios monopólicos de comunicación masiva y todas las expresiones del poder económico y político dominante salieron gananciosas, porque mantuvieron su hegemonía donde siempre han sido amos y señores y la recuperaron, en las que habían perdido en elecciones anteriores. Las evidencias son notorias, en Atlántico el mafioso clan Char eligió por tercera vez a Alexander Char como alcalde de Barranquilla, encausado penalmente junto con su hermano, el exsenador Arturo Char por compra de votos, secuestro e intento de homicidio de la exsenadora Aida Merlano y con escándalo a bordo por informaciones de la inteligencia militar mexicana sobre sus nexos con el cartel de Sinaloa.
Las fuerzas tradicionales del Atlántico también eligieron al liberal Eduardo Verano como gobernador, el clan Gnecco y su matriarca Cielo Gnecco, con orden de captura por homicidio, hizo elegir a Elvia San Juan como gobernadora y a Ernesto Orozco como alcalde de Valledupar. El Clan del matarife eligió a Fico Gutiérrez como alcalde de Medellín y a Andrés Rendón como gobernador de Antioquia, a quien la Fiscalía oirá en audiencia de imputación de cargos por peculado el próximo 10 de noviembre. En Bolívar la alianza del poderoso clan de los Blel-Lidio García, en liga con la Gata, eligió a Dumek Turbay a la Alcaldía de Cartagena a y Yamil Arana a la Gobernación del departamento. Con el apoyo del uribista clan Aguilar salieron electos Juvenal Díaz a la Gobernación de Santander y Jaime Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga y un largo etcétera.
Los perdedores fueron, no tanto el Presidente y el Pacto Histórico, sino los nadies, los y las de abajo, las juventudes, la clase trabajadora, los sectores barriales y populares, las gentes empobrecidas, marginadas y racializadas, y en general, las masas que cifraron su esperanza en las transformaciones democráticas del Gobierno del cambio, pero que, influenciados por la guerra mediática de los conglomerados comunicacionales, cayeron en la desesperanza y el desencanto. El propio Gustavo Bolívar calificó su derrota como un voto de castigo, pero envió un mensaje positivo y de expectativa, al comprometerse con recorrer el país “para recoger los pedazos rotos del Pacto Histórico”, recomponerlo y trabajar por los propósitos que le dieron origen, con la ilusión de que, con la ejecución del Plan de Desarrollo y el Presupuesto Nacional para 2024, la gente vuelva a creer en el principio de esperanza que les generó la victoria electoral de Gustavo Petro.
El tiempo que resta del periodo presidencial debe ser empleado para reorganizar al pueblo y la clase trabajadora para continuar la movilización por la defensa de las reformas sociales, la paz y la lucha contra el cambio climático, consignas ratificadas por el primer mandatario en su alocución de cierre de la jornada electoral.