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La falta de implementación del Acuerdo de Paz por parte del cuestionado gobierno de Iván Duque, de ingrata recordación, ha tenido graves consecuencias humanitarias en Colombia sobre la población en situación de mayor vulnerabilidad. La presencia de grupos armados, paramilitares, disidencias de la guerrilla y narcotraficantes en muchos territorios rurales se ha traducido en masacres y asesinatos selectivos, atentados, amenazas y criminalización en contra de líderes y lideresas sociales, comunitarios, campesinos, afrocolombianos e indígenas, defensores de derechos humanos, así como personas en reincorporación a la vida civil. También ha causado nuevos desplazamientos masivos de población: desde la firma del Acuerdo de Paz se calcula que unas 500.000 personas han sufrido desplazamiento forzoso, de las cuales más de 450.000 no han superado su situación de vulnerabilidad.
La anterior crítica realidad de la ruralidad en el país es descrita en detalle en el reciente trabajo bibliográfico realizado por la organización internacional de origen británico Oxfam, titulado Concentración de tierras en Colombia. Un radiografía rural.
En la raíz del conflicto armado, así como de las protestas sociales de los dos últimos años confluyen problemas de desigualdad y exclusión social que el Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto enfrentar mediante la aplicación del Acuerdo de Paz, cuyo primer punto es la Reforma Rural Integral, habida cuenta que hoy Colombia es el segundo país más desigual de la región latinoamericana, después de Brasil, y el séptimo del mundo.
Esta reforma en el campo colombiano amerita el mayor desarrollo de políticas públicas y es el que requiere mayor inversión presupuestaria. De ahí el anuncio de la administración Petro de financiar la adquisición de tres millones de hectáreas para iniciar el proceso de distribución y democratización del uso de la tierra en la zona rural del país. De esta manera, se busca enfrentar con soluciones concretas una de las expresiones más flagrantes de la desigualdad como es la extrema concentración en la propiedad y el uso de la tierra.
La investigación realizada por Oxfam da cuenta de la especial situación de desigualdad en el acceso a la tierra que enfrentan las mujeres rurales, por lo que incorpora medidas específicas de género a las cuales se les da un seguimiento específico.
A lo largo del conflicto se calcula que fueron despojadas o abandonadas forzosamente entre ocho y diez millones de hectáreas, superficie comparable a la que se dedica actualmente a la agricultura en todo el país. Uno de los mayores desafíos para avanzar hacia la paz es restablecer los derechos a las víctimas del despojo, en su mayoría población indígena, afrocolombiana y campesina. El principal instrumento para ello es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuya vigencia era inicialmente de diez años, pero que ha sido prorrogada por diez años más dado el modesto avance en su implementación.
La información sobre el reparto y uso de la tierra en Colombia es sumamente parcial, discontinua y dispersa, lo que ha dificultado trazar una imagen de la estructura agraria en el país. El escaso avance en la actualización del catastro multipropósito (sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales) limita además la posibilidad de realizar un ordenamiento de la propiedad rural que contribuya a reducir los conflictos socioambientales.
A lo largo de este trabajo bibliográfico de Oxfam se demuestra que la distribución igualitaria y el acceso al mercado de los trabajadores rurales son dos factores elementales que deben acompañar los procesos políticos e históricos.
Han sido varios los documentos jurídicos sobre reformas agrarias y políticas de tierras durante el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI. Documentos y lineamientos que han moldeado un país ausente del sector rural: las reformas agrarias llevan en su legislación la discontinuidad de la aplicación. Cada diez años después del intento de transformación de la estructura agraria aparece una contrarreforma que avala los poderes consolidados por el statu quo. La realidad rural no es homogénea y abarca contradicciones regionales que involucran a diferentes sectores del campo. Son algunos de estos sectores los que no han tenido la oportunidad de acceso a la propiedad de la tierra, mientras otros necesitan mejorar las condiciones para la producción con el fin de consolidar una economía campesina.
Colombia es un Estado Social de Derecho a partir de la Constitución de 1991. Un Estado que debe garantizar la función social de la propiedad, lo cual implica participar en el uso, la titulación y el control de los niveles de concentración de tierra. Este libro parte de este punto y se articula alrededor de varios factores que se encadenan y se complementan: el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, la información catastral, el modelo de desarrollo económico y la rama judicial como espacio institucional para exigir el cumplimiento de las normas.
Colombia: el país con peor reparto de la tierra de la región
La concentración de tierra es uno de los temas más relevantes por sus implicaciones sociales, económicas y políticas. En 2016, Oxfam desarrolló un indicador de desigualdad en la distribución de la tierra y lo aplicó a quince países de Latinoamérica, basándose en los censos agropecuarios nacionales más recientes. Este indicador mide el porcentaje del territorio agrario nacional que está en manos del uno por ciento de las explotaciones de mayor tamaño. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014, Colombia se sitúa en primer lugar en desigualdad, seguido de Perú, Chile y Paraguay. Y es que en Colombia el 1% de las explotaciones de mayor tamaño acapara más del 80% de la tierra, mientras que el 99% maneja menos del 20% restante.
Un millón de hogares campesinos con menos tierra que una vaca
El mapa agrario colombiano muestra un gran desequilibrio en el uso de la tierra. Ocho de cada diez hectáreas en aprovechamiento agropecuario están dedicadas a la ganadería, frente a sólo dos a la agricultura. La ganadería duplica la superficie que se considera con aptitud para este uso, mientras que existe una subutilización del área potencialmente aprovechable para el cultivo. Si la ganadería se limitase a ocupar el territorio que se considera con aptitud ganadera, podrían liberarse 19,4 millones de hectáreas para el establecimiento de cultivos.
En todo el país se han censado más de veinte millones de cabezas de ganado bovino. Sin incluir los territorios de grupos étnicos, en promedio cada vaca ocupa 1,6 hectáreas de tierra. Casi la mitad de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) (un millón) tienen un tamaño inferior y utilizan menos del uno por ciento de la superficie total censada (550.520 hectáreas). Dicho de otra forma, cerca de un millón de explotaciones campesinas tienen un tamaño inferior a la tierra de la que dispone en promedio una vaca en Colombia.
Una radiografía de la desigualdad
El último Censo Nacional Agropecuario presenta una radiografía de la desigualdad en Colombia que no deja lugar a dudas. Actualmente la tierra está mucho más concentrada que en 1960, cuando se puso en marcha una reforma agraria al comprender que una excesiva concentración de la propiedad de la tierra no sólo es injusta sino, también, ineficiente.
Los latifundios son hoy mucho más grandes y controlan más territorio que hace décadas: apenas 700 megafincas acaparan la mitad del territorio nacional censado. Mientras, cerca de un millón y medio de pequeñas explotaciones familiares han quedado arrinconadas en menos del tres por ciento del territorio.
Décadas de violencia, corrupción, políticas sesgadas y un débil manejo de la tierra han facilitado el acaparamiento de amplias zonas con vocación agrícola y una ocupación desordenada del territorio. La producción de alimentos para el consumo familiar ha sido desplazada por la ganadería, el monocultivo agroindustrial y el latifundio improductivo, especulador y rentista. Esto amenaza la seguridad alimentaria de los hogares y la soberanía alimentaria nacional y supone un freno al desarrollo.
La Reforma Rural Integral que forma parte del Acuerdo de Paz busca revertir la concentración de la tierra, democratizando el acceso a la propiedad y el ordenamiento social de su uso. A cinco años de su firma, sin embargo, no se perciben señales adecuadas de avance pese a tratarse de una política de Estado y es voluntad político del gobierno Petro revertir esta aguda situación.
Descarga del libro
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