POR LUIS EDUARDO MARTÍNEZ ARROYO
Las fiestas patrias independentistas serán recreadas por el gobierno Duque con medidas draconianas, una especie de extensión de las tomadas durante el Paro Nacional reciente con las cuales abatió numerosos combatientes de las avanzadas terroristas denominadas “Primera Línea”, en un singular matrimonio con “gente de bien” armada hasta los dientes.
Las medidas irán desde toque de queda y ley seca, hasta patrullajes en varias ciudades con vistas a evitar los actos de terror que se han encontrado anunciados en las bitácoras del ELN, decomisadas por los organismos de inteligencia, algo que, por curiosidad no ocurrió en los atentados de ese grupo guerrillero a las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, en 2019, donde murieron numerosos agentes policiales ni en las instalaciones militares donde fue explotada una bomba en días recientes en Cúcuta. Son asuntos de la fortuna.
Pero la táctica es de vieja data. César Gaviria había hecho lo propio durante varias coyunturas de su mandato modernizador. En 1990 asoció un movimiento laboral de protesta contra su neoliberalismo económico al movimiento guerrillero al afirmar que: “Infortunadamente los movimientos guerrilleros y armados del país no permiten la protesta pacífica (…) No he visto buena voluntad por parte de las centrales obreras, que tomaron la decisión del paro desde el mismo día de posesión del Presidente de la República (…) Si el Estado no muestra firmeza y capacidad… los riesgos para el orden público son mucho mayores”. El Tiempo de Bogotá y La Patria de Manizales calificaron a la dirigencia obrera de “oligarquía sindical “ y “oligarcas de overol”, en ese orden.
En 1992, en abril, se reanudaron las protestas y de nuevo el gobierno y sus ministros regresaron por sus fueros. El hoy redomado vocero del centro político y enemigo de polarizar el debate y los programas de gobierno, en ese entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, dijo en el Consejo de Ministros, que: “Se prevé una discusión bastante dura, pero la postura del gobierno va a ser más bien aquella que le dé el mayor número de instrumentos posibles porque es muy difícil imaginar en el futuro el grado de conmoción que pueda presentarse en Colombia (…) Tenemos el convencimiento de que el Estatuto debe ser el más duro posible, llegar hasta el límite constitucional (…) Los derechos no pueden ser suspendidos, pero sí pueden ser limitados”.
El mismo De la Calle había refutado a un dirigente de Amnistía Internacional, Ian Martin, que mostró su inconformidad porque los anuncios del gobierno Gaviria de combatir a los paramilitares y de disipar cualquier duda acerca de vínculos del estamento castrense con esa agrupación criminal se habían quedado en meros anuncios, con estas palabras:
“La intervención de Martin (tiene) una serie de afirmaciones unilaterales y sesgadas… Una serie de conclusiones que ofrecen una imagen falsa de la realidad nacional. En efecto, para nosotros era inadmisible que se atribuyera ‘responsabilidad oficial’ a la actividad de los grupos paramilitares y sobre todo que se planteara que estas fuerzas ‘han formado parte integral’ de un programa de contrainsurgencia adoptado por las fuerzas armadas colombianas”.
Los miles de ‘falsos positivos’ amontonados durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, no estuvieron solos. Fueron precedidos por otros ocurridos en el transcurso de modernizadores gobiernos que tuvieron ministros enemigos a morir de soluciones extremas para saldar diferencias políticas.
Así que, para este martes 20 de julio, y no se sabe aún hasta cuando, tendremos primavera colombiana aderezada con plomonía en ciernes.
Buena manera de conmemorar nuestra independencia y e inquebrantable amor por la libertad, la democracia y el bienestar social.
He tomado buena parte de esta información de Conexión Colombia, de Eduardo Sáenz Rovner, Crítica 2021.
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