POR MARINO CANIZALES PALTA /
Colombia no arde, y mucho menos la ciudad de Cali. Tal afirmación encarna la peor manera de aproximarse a un estallido social sin precedentes en la historia del país desde el 9 de abril de 1948, como lo es Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril, y que, a la fecha de estas notas, cumple ya 17 días continuos. Esta vez no estamos ante la ira de las masas populares, desatada por el asesinato de uno de sus líderes más queridos, Jorge Eliecer Gaitán, quien, con su apoyo, hizo frente al régimen presidencial de violencia y terror dirigido por Mariano Ospina Pérez, respaldado dentro y fuera del Congreso de la República por Laureano Gómez, jefe indiscutible del Partido Conservador y de la derecha nacional. Régimen político del cual no se tenía memoria desde los inicios de la República Conservadora establecida por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro a partir de agosto de 1886. Sí. El centro histórico de Bogotá ardió, como también ardieron lugares de otras ciudades del país a causa de la cólera desatada por semejante crimen. Sin embargo, fueron las relaciones sociales de carácter capitalista vigentes en ese momento, las que configuraron ese complejo escenario de lucha de clases que dio lugar a una guerra sucia de larga duración contra los trabajadores y las masas populares urbanas y campesinas, y contra los opositores y adversarios del gobierno, consolidando igualmente una contrarreforma agraria cuyos efectos todavía padecemos.
Las antorchas ardieron, pero en la mano de los sujetos individuales y colectivos, portadores de pasiones y movidos por mentalidades e imaginarios colectivos. Decir lo contrario constituye una simplificación vulgar. El fuego físico de bienes muebles e inmuebles, por sí mismo no significa nada. A partir del 28 de abril del presente año, asistimos a un nuevo estallido de la ira popular, pero esta vez los rostros y las voces, las demandas y reclamos, son otros, y el país distinto, como también lo es la violencia que penetra y distorsiona todo el tejido social. Ahora estamos ante los estertores de un régimen bonapartista que viene promoviendo a sangre y fuego un modelo de acumulación de capital de carácter neoliberal, sumiendo al país en un nivel de barbarie sin antecedentes, cuya expresión más acusada, por sus efectos desastrosos, es la pandemia de la Covid-19, que puso al descubierto las lacras del sistema capitalista que nos rige.
Decir de entonces, y de ahora, que Cali, Bogotá y el país arden, es una forma de banalizar una aguda situación de lucha de clases. Es nivelar por lo bajo todas las violencias y confrontaciones que se vienen presentando dentro del contexto del paro nacional iniciado el 28 de abril, y ocultar lo esencial de dicho conflicto : que estamos ante una huelga de masas, a la cual le aparecen asociadas diversas revueltas del hambre, de diversos signos y registros, cuya naturaleza política difiere de las pretensiones que sustentan dicho paro. Es este complejo panorama político y social el que demanda nuestro interés. No son zombis los que se movilizan y convocan a la lucha. Lo que estamos viendo es la irrupción enfática y multiforme de las masas populares en la escena política nacional, convocadas por el Comité de Paro Nacional. Son los trabajadores, las mujeres, los campesinos pobres, los indígenas, los negros, las/los jóvenes sin futuro pero con ambiciones de un mejor futuro, las clases medias empobrecidas, los pequeños comerciantes y empresarios de la ciudad y el campo, los transportadores independientes y la comunidad LGTBI, todos y todas con sus organizaciones sociales y políticas que los representan. Esta vez, los trabajadores y las masas populares se vienen manifestando con independencia y voz propia. No están mediatizados ni suplantados en sus anhelos y ambiciones por un figurón reformista del establecimiento capitalista liberal, buscado con afán desde tiempo atrás por el senador Jorge Robledo y su partido, o por el Partido Comunista, a la manera de un frente popular. Por eso está en lo cierto el señor Humberto de la Calle, cuando afirmó al salir de la Casa de Nariño el pasado 7 de abril : nosotros, “la coalición de la esperanza” no representamos a nadie. Que el gobierno negocie con el Comité Nacional del Paro.
En esa composición social y política del Comité Nacional del Paro está su fuerza, pero también su debilidad. Su nivel de conciencia política no permite a su dirección plantearse la cuestión del poder y convertir esta coyuntura en una crisis revolucionaria. Sin embargo, esto no impide caracterizar esta larga jornada de lucha como una huelga de masas, como ya se afirmó antes, en la cual se dan en forma combinada y oscilante reivindicaciones económicas y políticas, y donde los procesos regionales alimentan la dinámica nacional y viceversa, con formas organizativas y de resistencia en los bloqueos y marchas callejeras en los Departamentos y ciudades, que dimensionan la magnitud y la significación nacional del paro. Por eso exigir la renuncia de Iván Duque y su equipo de gobierno tiene sentido, lo mismo que la convocatoria a nuevas elecciones, con el fin de construir una nueva gobernabilidad. El pliego de peticiones planteado por el Comité Nacional del Paro catapulta dichas exigencias y, estas a su vez, pasan a convertirse en condición de posibilidad de dicho pliego, ante la arrogancia del gobierno nacional. Estas son algunas de las razones, entre otras, por las cuales el Paro Nacional terminó convirtiéndose en una huelga de masas de carácter democrático-revolucionario, con importantes logros políticos como la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el retiro del proyecto de Reforma Fiscal elaborado por él y promovido por el Presidente Iván Duque.
En esto radica la grandeza de las fuerzas sociales y políticas que se han puesto en movimiento. Decir lo contrario, es incurrir en una mezquindad de la peor especie. Negar que el Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril tiene una dirección política, es un craso error; sólo que dicha dirección es conjugada y responde a las tensiones propias determinadas por la composición interna del Comité Nacional de Paro. No es lineal ni responde a criterios y orientaciones de partido en forma visible, y tampoco es controlada por los sindicatos y la pesada nomenclatura de sus organizaciones. Una cosa es la gramática diversa y desigual de la composición social y política de ese Comité de Nacional de Paro, y otra, la lengua diversa, multiforme y pluriétnica que se expresa como huelga de masas, donde la espontaneidad es un rasgo dominante, y la fiesta callejera un elemento notable. Distinto es que la rabia social que lo cubre todo como telón de fondo, que jalona y pone en tensión los nervios y el músculo de los manifestantes, suela ser mayor, lo que a veces parece desbordar los cauces de la protesta convocada, pero hay una dirección cuya dinámica muchas veces viene impuesta por los distintos procesos espontáneos de la lucha y la resistencia callejera.
Las revueltas del hambre, desatadas el mismo día 28 de abril y que luego, con el pasar de los días, fueron menos frecuentes, desconocen la obediencia al derecho : justamente, van contra los símbolos y poderes legitimados y legalizados por el Derecho vigente. La ira que las motiva es amorfa y brutal, pero eficaz y disolvente. No es terrorismo; no es algo planeado y concebido con antelación con carácter conspirativo, como lo afirman tozudamente el Presidente Iván Duque y el policía del régimen, el Fiscal General de la Nación, señor Francisco Barbosa.
El hambre, cuando se expresa en forma colectiva en las calles y campos no tiene derroteros específicos, carece de programa. Tiene ante su vista, sí, símbolos de poder que desprecia y hace objeto de su furor. Su lugar está en los imaginarios colectivos de los de abajo, de los que no tienen nada y viven con su dignidad rota. Estos saben que la igualdad formal ante la ley no es suficiente; que la dignidad es algo concreto, no un simple predicado jurídico; que se vive y se siente; que tenerla implica calidad de vida y salud moral y un horizonte de esperanza y ambiciones realizables; que dignidad, hambre y miseria son incompatibles, y que afirmar lo contrario constituye una falacia lacerante. Saben esto y no necesitan saber más. De ahí el carácter elemental y a veces primitivo de sus manifestaciones, pero con objetivos ciertos, como ha ocurrido en Cali, Bogotá y otras ciudades del país desde el pasado 28 de abril : las oficinas de la Dian, del Catastro Municipal, las cámaras de la fotomultas, los edificios y sedes de los bancos, los almacenes de cadena de alimentos, los buses y estaciones del transporte público, los CAIS, las estaciones de policía, las bombas y estaciones de gasolina, las estatuas y monumentos de significado colonial y esclavista, o el edificio del Congreso de la República. Manifestaciones que a veces se confunden con asaltos, pillaje y extorsión realizados por provocadores y policías de civil, o por el lumpemproletariado, el cual F. Engels define como “…esa escoria integrada por los elementos desmoralizados de todas las capas sociales y concentrada principalmente en las grandes ciudades…”, y que consideraba “el peor de los aliados posibles” en las luchas de los trabajadores.
He dicho antes que la dinámica nacional desatada por el paro del 28 de abril tiene la fisonomía y carácter de una huelga de masas, cuyo punto de partida ha sido espontaneo, no premeditado ni dirigido por ningún partido político. Justamente, es la actitud contra una concepción tradicional y gastada de la política y de los partidos políticos, como también contra las burocracias sindicales, lo que explica parte de ese carácter espontaneo de la movilización. Las Federaciones y las Centrales Sindicales que hacen parte del Comité Nacional del Paro, son visibles, lanzan comunicados, opinan ante los medios, pero no dirigen el desarrollo del paro ni tienen el control de las dinámicas de resistencia y organización que se han venido presentando a nivel territorial y municipal en el conjunto del país. La energía y la fuerza de semejante proceso vienen dadas por la composición social y política del Comité Nacional del Paro, como ya lo afirmé antes, que a la fecha del 25 de abril del año en curso, día de la convocatoria, estaba constituida por 26 organizaciones y movimientos sociales y fuerzas políticas de carácter no partidario, dentro de los cuales se encuentran “varias organizaciones nacionales de mujeres, ambientalistas, victimas y LGTBI”, y la Minga Indígena de gran significación y presencia en el desarrollo y extensión del Paro.
Al respecto, imposible pasar por alto el gran papel jugado por la Minga Indígena y los Consejos Comunitarios de Indígenas y Campesinos pobres y Afrodescendientes en la incorporación de formas organizativas y de apoyo en distintas ciudades, a los puntos de resistencia y bloqueo que las/los jóvenes y poblaciones barriales vienen adelantando, propinando un fuerte golpe de opinión y rechazo tanto al régimen como al establecimiento, ayudando a resolver simultáneamente un punto tan sensible como lo es el relativo a la concertación de los “corredores humanitarios”. Como no destacar este aspecto tan importante dentro de la dinámica del Paro, principalmente en ciudades como Bogotá, Popayán y municipios del Norte del Cauca, Huila, Pereira, Caldas, y en Departamentos como Meta, Arauca, Valle del Cauca y, particularmente en la ciudad de Cali, en el Campus de la Ciudad Universitaria de la Universidad del Valle. Aquí, cerca de 7.000 indígenas acompañaron a los los estudiantes desde 2 hasta el 10 de mayo, aportando su solidaridad y orientación, imponiéndole al Paro un carácter plural y multiétnico, lo que provocó el ataque armado por parte de grupos de derecha contra una caravana de la Minga que hacía su entrada a la ciudad el pasado domingo 9, dejando varios indígenas heridos a bala, dos de ellos muy graves.
En relación con lo expresado antes, hay que dejar en claro que se trata de una huelga de masas en el contexto nacional de una economía de servicios, con una clase obrera profundamente debilitada y de reducida sindicalización, todo esto producto de la desindustrialización del país acentuada a partir del gobierno de Cesar Gaviria y su política neoliberal de apertura económica hacía dentro. Que esto es así, lo corroboran las cifras del DANE publicadas en la separata “Portafolio” del periódico El Tiempo, de fecha 24 de abril de 2020 :
Participación de sectores en el PIB, año 2019 : Comercio – 18,57%; Servicios Sociales – 15,87%; Servicios Inmobiliarios – 9,72%; Servicios Profesionales – 7,57%; Servicios Financieros – 5,24%; Servicios Públicos – 3,37%; Comunicaciones – 3,11%; Otros servicios – 2,64%, para un total en servicios de un 66,09%. En industrias : Construcción – 7,78%; Industria – 13,58%; Agricultura – 6,77%; Petróleo y Minería – 5,73%, un total de 33.91 %
En “generación de empleo por actividad económica”: – Total de ocupados, por grandes ramas de actividad : Comercio y reparación de vehículos – 4.250.236 – 19%; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura – 3.521.280 – 15,8%; Administración pública y defensa, educación y atención salud humana – 2.529.626 – 11,4%; Industria manufacturera –2.503.549 – 11,2%; Actividades artísticas, entretenimiento y recreación – 2.062.864 – 9,3%; Alojamiento y servicios de comida – 1.655.384 – 7,4%; Transporte y almacenamiento – 1.545.165 – 6,9%; Construcción – 1.521.268 – 6,8%; Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos – 1.381.835 – 6,2%; Información y telecomunicaciones – 323.213 – 1,5%; Actividades financieras y de seguros – 316.763 – 1,4%; Actividades inmobiliarias – 281.922 – 1,3%; Suministro de electricidad, gas y agua – 197.180 – 0.9%; Explotación de minas y canteras – 196.204 – 0,9%; otros – 789. – 0,0%. Para un total de población ocupada de 22.287.280. Y una tasa de desempleo nacional a 2019 de 10,5%. Dicho informe igualmente señala que en el país existían para tal año “1.600.000 de micro, pequeñas y medianas empresas formalmente inscritas, las cuales generan el 80% del empleo y aportan un 40% del PIB”. La pandemia de la Covid-19 fracturó tales indicadores, generando una debacle económica y social, sin perder de vista que el Dane casi siempre da cifras que corresponden de 13 a 23 ciudades, según el caso, guardándose lo que ocurre en los restantes 1.100 municipios y distritos.
Según tal Oficina, para ese arco de ciudades, al mes de marzo de 2021 la tasa de desempleo fue de 14, 2 %, y para Cali el 18,7%. En las 13 ciudades de siempre, se reportaron 4.700.000 personas trabajando en la informalidad, y en las 23 del registro ya mencionado, 5.3000.000 en condición de “rebusque”. Según datos aportados por el periódico El País el día 12 de mayo, “En Cali y su área metropolitana, la tasa de informalidad en el periodo enero – marzo de 2021 llegó al 48.5%”. Como puede observarse, este es combustible social que alimenta la tormenta desatada por el Paro Nacional del 28 de abril.
Los prolegómenos
El Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 terminó en una gran burla por parte del gobierno de Iván Duque. Las diversas reclamaciones y reivindicaciones formuladas por el Comité Nacional del Paro de entonces, terminaron tendidas y despreciadas en la “mesa de conversaciones” convocada por el Presidente y coordinada por el hoy Ministro de Defensa, el señor Diego Molano, en medio de una carcajada cínica aplaudida por los empresarios y los medios de comunicación. La momia de Angelino Garzón, traída desde su embajada en Costa Rica, sirvió para dar la puntada final : un pliego nacional de 13 puntos terminó convertido en un archipiélago de más de 100 reivindicaciones, lográndose con ello el conjuro gatopardista : cambió todo para que todo siguiera igual. Al final, todos quedaron a la espera, sólo que los de abajo, los burlados, los humillados y ofendidos, el mundo del trabajo y de los que luchan por su subsistencia y reconocimiento, no conocieron el descanso y mucho menos el sosiego
Por su lado, la canalla uribista en el poder y sus aliados en el gobierno, siguieron con lo suyo : las contrarreformas en la salud, en la justicia, en lo laboral y el sistema de pensiones y seguridad social, articuladas a la consolidación de una presidencia bonapartista, apoderándose de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y, copando poco a poco pero con eficacia, las altas Cortes. En política internacional, su relación abyecta y sumisa a los dictados del gobierno de Donald Trump no varió. En lo regional continuaron los ataques contra Cuba, en la línea de propiciar su aislamiento internacional y acentuar su bloqueo económico, y contra la soberanía y el pueblo de Venezuela, utilizando todas las vías posibles para llevar a cabo la intervención armada contra el gobierno de ese país, y consolidar su bloqueo económico, combinando para ello todas las formas de piratería financiera internacional. Todo esto en consonancia con la formación del llamado “Grupo de Lima” y el relanzamiento de la OEA como agencia al servicio del neocoloniaje, adelantado por el gobierno norteamericano contra gobiernos independientes y reformistas de América Latina, en cabeza de Luis Almagro, su Secretario General, elegido y reelegido con el apoyo del Presidente Iván Duque y su caricatura de Canciller, que más bien parece un personaje de Bram Stoker, la señora Claudia Blum, y antes Carlos Holmes Trujillo.
Así, el año 2020 empieza como un año gozoso para el gobierno nacional : la pesadilla del paro nacional del 21 de noviembre, había sido eso : un mal sueño para el régimen. Al despertar, siguió en sus andanzas , y en otras de más hondura : el incumplimiento a las vez que sabotaje sistemático de los Acuerdos de Paz de la Habana firmados con las Farc- Ep en el año 2016; el despliegue de una violencia paramilitar sistemática y selectiva contra exmiembros y desmovilizados de dicha guerrilla, hoy “Partido del Común”, que a la fecha del 28 de abril tiene mas 290 asesinados, y contra lideres y lideresas sociales de amplio espectro y representación en el mundo del trabajo y en las diversas y múltiples organizaciones sociales y políticas que resisten y luchan contra la barbarie generada por el capitalismo gansteril de la sociedad colombiana. A la fecha del 28 de abril, son más de 1000 asesinatos, casi siempre atribuidos a las “disidencias de las Farc” y a las bandas del narcotráfico y la minería ilegal. Ese año 2020 en Colombia quedará en las memorias de la infamia, como el año de las masacres, 91 en total y 381 personas asesinadas, las que Iván Duque dio en llamar, con una gran dosis de cinismo, “homicidios colectivos”. Siendo las de más resonancia a nivel nacional, la masacre en la cárcel La Modelo el 21 de marzo y la ocurrida el 9 de septiembre, ambas en Bogotá y perpetradas por la Policía Nacional y Esmad. Esto último constituye un aporte siniestro del gobierno de Iván Duque a uno de los rasgos históricos de la identidad nacional: la masacre, que el largo gobierno de su mentor ideológico, Álvaro Uribe Vélez, llevó a un punto muy alto.
En el entretanto, otro desastre humanitario comenzaba a asomar sus orejas en forma amenazante : la pandemia provocada por la Covid-19. Al ya largo cortejo de violencia, corrupción y muerte, se inició a mediados de marzo de 2020 un nuevo capítulo de vergüenza nacional de la mano de un pretendido plan de cobertura y protección contra los efectos de dicha pandemia : la gran corrupción del asistencialismo estatal a favor del sector financiero y los amigos y validos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos y camarillas municipales y departamentales. Fue la feria de los billones para los bancos, las aseguradoras y EPS, saqueando los fondos de pensiones de los entes territoriales y las pensiones de los jubilados, castigando los salarios de los trabajadores públicos y privados, al mismo tiempo que quedaba en evidencia la destrucción del sistema sanitario a nivel nacional, profundizada y llevada a límites insospechados por el “uribato” en el poder, y por el conjunto de los gobiernos neoliberales desde César Gaviria hasta Iván Duque. ¿Y el costo humano? A la fecha de estas notas, más de 80.000 fallecidos por el contagio del citado virus y cerca de 3.200.000 infectados, y miles de pacientes que salieron del trance pero soportando incapacidades y efectos secundarios, las más de las veces, permanentes.
Esta pandemia sacó a flote toda la estulticia y las lacras que encubre la hipocresía de la sociedad capitalista, en la que los pobres y desvalidos han pagado el mayor costo en vidas humanas, en salud y en calidad de vida, dando lugar a un nivel de barbarie nunca visto en nuestro país. Potenció en forma exponencial todos lo procesos de degradación, desempleo, hambre y violencia, generando una crisis humanitaria que se vislumbra como de larga duración y de consecuencias imprevisibles, lo que nos obliga a volver la mirada hacia Rosa Luxemburgo y hacer nuestra su consigna revolucionaria : “Socialismo o barbarie”.
Iván Duque, el imperio norteamericano y los países del alto capitalismo europeo, África, Asia, India, y Oceanía, Centro y Sur América, todos en forma desigual pero brutal pusieron al desnudo sobre la faz de la tierra, con sus tumbas y hornos crematorios, la gran mentira de un capitalismo con rostro humano que predican unos, o un capitalismo democrático que defienden otros. Que ello es así, lo completa, como si fuese poco, el cuadro pavoroso de refugiados y migrantes tanto de África como de Centro América y algunos países de América Latina, amén de los desplazados y refugiados internos de distintos países, acosados por el hambre y el desempleo, o por conflictos armados internos, como el nuestro, con más de 9.000.000 de víctimas a la firma de los Acuerdos de la Habana. Sin contar las decenas de miles de refugiados africanos, hombres, mujeres y niños, que yacen ahogados en esa gran tumba en que quedó convertido el Mar Mediterráneo; o los miles latinos que son esclavizados o mueren en las selvas del caribe o en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuadro este de barbarie que quedaría incompleto si no hiciera mención, así sea en forma de pincelada, al cambio climático y sus estragos medioambientales a nivel del planeta, provocado por una economía capitalista extractivista y ávida de recursos naturales.
Finalmente, y sumado a lo anterior, el año 2020 también será recordado en Colombia por los llamados “plantones por hambre”, expresión concentrada del desespero y la sin salida de familias enteras y barrios populares cuyas mesas quedaron vacías ante la indolencia y la bancarrota de las políticas económicas y sociales del actual gobierno. El trapo rojo en las ventanas o en las puertas de las casas de los apestados o en trance de serlo, se convirtió en el símbolo nacional de una nueva infamia : el hambre como relación social.
El FMI y el buen muchacho
El uribismo en el poder, carcomido a la vez que atrapado en su soberbia autoritaria y criminal, no entendió que el país que está gobernando no se parece en nada a un parque de diversiones, donde un hombre y una camarilla de funcionarios lo pone en funcionamiento en medio de complacencias en alta voz. La arrogancia bonapartista del presidente Iván Duque le hizo perder la perspectiva política. Se quedó relativamente sólo en el ejercicio del poder, pensando que con severas medidas de policía puede mantener la estabilidad política de país y resolver los conflictos de todo orden que lo atraviesan. Cree que saldrá del atolladero en que se encuentra apoyándose en dos tecnócratas que tiene como Ministros del Interior y Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano, y en el obsecuente Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien ha terminado convertido en jefe de policía del régimen.
Con los primeros blande el látigo de la policía y el Esmad, y utiliza el ejército recurriendo a oblicua figura jurídica de la “asistencia militar” para que alcaldes y gobernadores repriman como a bien tengan, tal y como ocurrió en Cali con el general Eduardo Zapateiro, donde incrementó la presencia de 10.000 policías y 2500 soldados, militarizando la ciudad. Con el liberticida Fiscal General practica el terrorismo penal contra los rebeldes e insumisos, aplicando al escenario de conflictos y protestas callejeras la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, que Uribe Vélez utilizó sin cortapisas durante su gobierno. Criminalizando la protesta a nivel nacional, convierte a sus opositores y adversarios en enemigos a quienes hay que derrotar y destruir en términos de guerra interior.
El Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y las 6419 manifestaciones ocurridas en 668 municipios colombianos, según datos del propio Ministro de Defensa el pasado 14 de mayo, registrados por el diario El País digital de Cali, son actos de violencia y conspiración contra el Estado. Ni que decir tiene de los centenares de bloqueos en las entradas y salidas de muchas ciudades, y de las barricadas móviles de defensa contra la brutalidad policial, realizados unos y otras por jóvenes y pobladores barriales, por campesinos e indígenas y gente afrodescendiente, grandes protagonistas colectivos de esta huelga general. Procesos que han sido respaldados por pequeños y medianos transportadores y por los también pequeños empresarios agrícolas, empobrecidos o quebrados por la política de los TLCs vigentes, y largamente burlados por sucesivos gobiernos nacionales.
Iván Duque y su Ministro de Defensa gritan en Cali que tales actos de bloqueo constituyen terrorismo, y el Fiscal General vocifera y afirma en Bogotá, según entrevista realizada por el diario El Tiempo el pasado 8 de abril, que expropiará a los transportadores por vincularse al paro y bloquear carreteras, pues dichas conductas los han convertido en delincuentes : “Ni la ley, ni la Constitución se negocian. Un país no puede existir si se parte de la base que el Código Penal entra en negociación cada vez que le de la gana a quienes delinquen”. Pero no es solo esto, que ya en muy grave : el gobierno de Iván Duque, tal y como lo hizo su mentor ideológico, practica la mortífera fórmula de combinar todas las forma de lucha para combatir a los que considera enemigos del Estado : la ejecución extrajudicial de manifestantes, o su desaparición forzada por parte de la policía, que pasan del centenar. Basta recordar lo ocurrido durante las revueltas del pasado 9 de septiembre, y ahora, lo sucedido en Cali, Bogotá, Pereira, Buga y otras ciudades del País. La violencia sexual contra mujeres manifestantes por parte de policía. Las golpizas y la provocación sin límites contra el desarrollo de las marchas. La utilización de policías y de miembros de seguridad vestidos de civil y armados, que vienen agrediendo y disparando contra manifestantes, ante todo jóvenes, causando hasta la fecha más de 50 muertes. Las masacres perpetradas contra jóvenes y pobladores barriales ocurridas en Cali y Pereira.
Todo lo anterior sustentado en una retórica de la legalidad y el Estado de Derecho. Los asesinados no son vidas truncadas por un acto de violencia estatal, sino actuaciones de “la fuerza pública en defensa de la Constitución y la Ley”, dice el señor Miguel Ceballos frente a la Casa de Nariño como Coordinador de las “conversaciones” con el Comité Nacional de Paro .Y luego reclama que le crean como le creyeron en su momento a Diego Molano, el 26 de noviembre de 2019, otro coordinador de conversaciones inútiles.
Ahora bien, ¿significa lo antes descrito que estamos ante un gobierno de corte fascista? Definitivamente, ¡¡No!! Este país lo gobierna un régimen presidencial de carácter bonapartista, y es propio de bonapartismo mantener y combinar las formas jurídicas de la democracia representativa con los métodos y prácticas policíacas. Para qué una dictadura fascista, si está el recurso del paramilitarismo y las “guerras sucias” promovidas desde el poder ejecutivo, que tiene la centralidad y control de las fuerza armadas y los aparatos de seguridad. ¿Ya se olvidaron los escándalos del DAS, que llevaron a su disolución y liquidación durante el largo gobierno del “caratejo” Uribe Vélez? ¿Y los mal llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales? Unos y otros se han tramitado y continúan tramitándose ante los estrados judiciales, en búsqueda de los responsables. Sin embargo, el Estado de Derecho, como campo de lucha, continúa vigente. Las altas Cortes y toda la rama judicial siguen en funciones en medio de profundas tensiones y chantajes desde el gobierno nacional. Para qué cancelar la Constitución y la vigencia de toda legalidad, si existe el recurso constitucional del Estado de Excepción y el ejercicio de la soberanía radical, y las facultades que otorga la “Conmoción Interior”. Para qué una dictadura brutal y genocida, con grandes aparatos y ejércitos de seguridad como las SS y la Gestapo en la Alemania Nazi, o los “Camisas Pardas” en la Italia de Mussolini, copando todas instituciones y los espacios públicos y privados del tejido social, y controlando los procesos y circuitos económicos, si con las facultades extraordinarias y de policía, manteniendo una legalidad aparente, se puede someter a rebeldes y opositores. Además, para eso está el Derecho Penal Máximo y la doctrina jurídico-política del Derecho Penal del enemigo, aplicada con mano fuerte por muchos jueces.
No todo acto autoritario del poder de Estado o de sus funcionarios constituye per-se, un rasgo fascista. Una decisión fascista, por los contenidos y relaciones sociales que expresa, sí representa acto autoritario. Nayid Bukele, en El Salvador; Jair Bolsonaro en Brasil, o antes, Luis Ignacio Lula da Silva; Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, en Venezuela; Andrés Manuel López Obrador, en México; Donald Trump, en Estados Unidos, son casos notables, entre muchos, de presidencialismo bonapartista. El carácter reaccionario, o reformista de un régimen político lo determina, en el marco de la lucha de clases, la tensión de la relación de fuerzas entre las clases sociales, y cómo se resuelva dicha tensión dentro del bloque de clases en el poder, o dentro de quienes, en un proceso revolucionario logren conquistarlo, como sucedió en la Revolución de Octubre, en la Rusia de 1917. La forma jurídico-política que tome la salida de dicha tensión nos dará el signo del régimen político. La elaboración o formulación normativa de quien exprese o represente dicha salida, la da el Derecho Constitucional o una Asamblea Constituyente, pero este ámbito no determina por sí solo su carácter político. Por tal razón, un presidente puede meter sus narices en las Altas Cortes, como viene ocurriendo en forma oblicua, pero efectiva, en nuestro país, o copar los espacios de control público y otras instituciones clave del Estado, y eso no lo convierte en dictador, y mucho menos en dictador fascista o “totalitario” como lo afirman o escriben algunos con la pluma caliente. Le interesa, sí, controlar esos espacios, pues necesita jueces obsecuentes y controles sumisos para el buen suceso de sus decisiones políticas. El expresa y representa la condensación de fuerzas políticas y sociales, que es el poder político, en tanto unifica por arriba o por abajo el mencionado bloque de clases en el poder. El Estado de Derecho le es funcional en forma relativa, pero el gran problema de la representación política, que es la cuestión central del Estado moderno, pasa por el poder ejecutivo. Por eso Augusto Pinochet, que no fue un dictador fascista, a pesar sus miles de asesinatos, desapariciones y latrocinios, se preocupó por dejar resuelto el problema de la legalidad y la representación política. Convocó al plebiscito de 1980 para dotarse de una Constitución que le permitiera a su dictadura legalizar su carácter bonapartista, y muerto él y ocurrida la transición hacia una democracia representativa, como en efecto sucedió, tal rasgo sería inherente al nuevo régimen presidencial que mantendría gran parte de las políticas sociales y económicas que impuso durante su largo régimen.
Por último, los gobiernos y los Estados ya no están solos en el concierto internacional. No estamos en el interregno entre 1918 y 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha logrado construir un Derecho Internacional diverso y complejo, que antes no se tenía, y existen sendas Declaraciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Códigos, Estatutos y Resoluciones que de un modo u otro interpelan a los jefes de Estado y sus decisiones políticas. Dígase lo que se quiera, está la ONU y un gran número de agencias internacionales y de Justicia articuladas a su estructura y funcionamiento, y tribunales como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos, y la Comisión Interamericana de Derechos como ente acusador, tejido este de instituciones y normas que constituyen a nivel internacional un campo de lucha por excelencia. Hay dictaduras y gobiernos autoritarios, y los habrá, pero no la tienen fácil y, muchos menos, la irrupción de una sociedad con un régimen político fascista.
Iván Duque como presidente está relativamente aislado a nivel internacional, y también en la actual coyuntura política creada por el Paro Nacional. Su jefatura, desde el punto de vista del bloque de clases en el poder, presenta fisuras. Aún con sectores de su propio partido, el Centro Democrático. Tal situación lo hace aparecer débil y errático, así se exprese con decisiones autoritarias que no le han permitido lograr el control del orden público a nivel nacional. Las ciudades le son ajenas y ha convertido a alcaldes y gobernadores en peleles ante su Ministro de Defensa. Es el caso patético del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a quien le militarizó la ciudad en sus narices, sin que este tomara distancia, quedando ante la mirada nacional como un simple funcionario y súbdito de aquel. Sin dejar de lado que antes de la declaración de “Asistencia Militar” formulada por Duque el 2 de mayo, dicho alcalde había decretado el toque de queda para toda la ciudad el mismo día del comienzo del Paro, y sacado la policía a las calles a partir de las dos de la tarde. Ahora, para su mayor desgracia, los jóvenes le gritan asesino en las calles, como le ocurrió esta semana que termina en el Coliseo María Isabel Urrutia.
El mal manejo de la pandemia de la Covid-19 por parte del gobierno nacional y la crisis que esta desató, de un lado, en el aparato productivo y el conjunto de la economía, en los círculos de las clases poseedoras y de la clase política, a pesar de los grandes beneficios otorgados al sector financiero, y del otro, la cuasidestrucción del mundo del trabajo, formal e informal y la degradación del tejido ciudadano, todo en medio de un gran tejido de corrupción, pusieron en evidencia ante propios y extraños su pasmosa mediocridad y su falta de visión política. No sabe en qué país vive, ni qué sociedad gobierna. Pero esto no lo convierte en títere ni mandadero del “caratejo” Uribe Vélez. Que esto es así, lo demuestra el pésimo manejo que le dio al proyecto de reforma fiscal : primero había dicho, comenzando el año 2021, que una reforma fiscal en las actuales condiciones sería un suicidio político. Contrario sensu, Álvaro Uribe afirmaba que se necesitaba, y así lo hizo saber por diferentes medios con antelación. Luego modificó su decisión, yendo hasta el fondo de la cuestión, sin medir las consecuencias para la estabilidad de su gobierno, haciendo oídos sordos a los críticos del proyecto : César Gaviria, como jefe del Partido Liberal; Germán Vargas Lleras, propietario del partido Cambio Radical; Dylian Francisca Toro, presidente del Partido de U; diversos figurones de los gremios económicos; la oposición y las distintas coaliciones variopintas conformadas para las próximas elecciones, y otras figuras e individualidades a nivel nacional. Sobre el particular, el director de Cambio Radical, señor Germán Córdoba Ordoñez, le había dicho también al periódico El Tiempo, en la misma edición del 25 abril, ya citada: “estamos viviendo una tragedia sin precedentes…. Es insensato, por decir lo menos, pretender recaudar 30 billones de pesos, 16 de ellos con las personas naturales, es decir, con los mismos que están sufriendo el coletazo económico”. Y compara el proyecto de reforma fiscal con el monstruo de Frankenstein, criatura de ficción creada por la escritora Mary Shelley: “Un monstruo que puede acabar con todo, aun con sus autores, como nos lo enseña su antecedente literario”.
Cuando su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla lo tuvo listo, lo presentó ante los gremios dejando de lado lo dicho por sus críticos, incluso sectores del Centro Democrático y del Partido Conservador, y fueron aquellos quienes filtraron su contenido a tirios y troyanos. Aún así, lo llevó al Congreso de la República sin pactar su contenido con sus aliados ni con los empresarios. Acto seguido, y con el fin de enmendarle la plana, de nuevo su mentor ideológico hizo su aparición pretextando desconocer contenido de la Reforma, lanzando un nuevo Proyecto de Reforma Fiscal “sustituta”, según lo manifestó al periódico El Tiempo en entrevista del día 25 de abril, tres días antes de comenzar el Paro Nacional. Sin embargo, se cumplió a raja tabla el apotegma católico: “después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga”. La ceguera política no se corrige con milagros. Por eso, en esa misma entrevista Uribe Vélez termina diciendo, en tono de derrota que anuncia el desastre: “…creo que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. No se consultó debidamente. No sé como el equipo económico se mete a estas alturas en un proyecto de 170 artículos. Creo que el Gobierno se hizo mucho daño, se lo hizo al partido y, además, se le crean riesgos a la democracia, porque se estimula la rabia social”.
Ese buen muchacho, Iván Duque, según expresiones reiteradas de Álvaro Uribe Vélez, traído del Banco Mundial, sin formación y experiencia política de ninguna clase, salvo la del corto período como escudero de su mentor ideológico en el Senado de la República, los arrastró a todos hacía la tormenta que se avecinaba: por todos los medios a su alcance, tronó diciendo que la Reforma Fiscal se haría, incluso le cambio de nombre buscando embaucar incautos, dando así claras señales de ser un alumno aplicado del Fondo Monetario Internacional, y un pésimo Jefe de Estado. Acto seguido estalló el Paro Nacional del 28 de abril, y mandó a la picota al Ministro Carrasquilla y su Proyecto de Reforma Fiscal, y ese derrumbe arrastró también la “cartilla” de la banca multilateral, y en especial el FMI, que según su director del Fondo para el Hemisferio Occidental, señor Alejandro Werner, que en entrevista concedida a El Tiempo de ese 25 de abril ya citado, había dicho “….en el FMI consideramos importante el retorno a una Regla Fiscal dentro de un marco Fiscal fortalecido consistente con un ajuste gradual y la estabilización de la deuda pública. También, creemos necesarios los esfuerzos para incrementar los ingresos impositivos de forma duradera, progresiva y equitativa”.
Igualmente, puso en evidencia los pies de barro de Iván Duque como Presidente de la República, cumpliéndose el presagio anunciado en 1.999 por el asesinado Exministro Gilberto Echeverry Mejía, en conferencia impartida en Rionegro, sede del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: “El principal problema de Colombia no es la guerrilla. Es una bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, conformada por una gran masa de jóvenes que nunca han tenido oportunidades educativas ni de empleo ni de integración social. Ellos saldrán de sus barrios y comunas avanzando hacia los Centros comerciales, Almacenes de cadena y Grandes negocios, arrebatando lo que nadie les ha ofrecido. Por tanto, dirigentes políticos gobernantes, empresarios y líderes sociales, sino resuelven estas inequidades y carencias estructurales, este es el futuro que nos espera”. Es justamente este presagio el que determina el carácter espontáneo de la huelga de masas desatado por el Paro Nacional el 28 de abril, si tenemos en cuenta la lección impartida al respecto por Rosa Luxemburgo: “En efecto, dejemos de lado la teoría pedante de una huelga demostrativa montada artificialmente por el partido y los sindicatos y ejecutada por una minoría organizada, y consideremos el cuadro vivo de un verdadero movimiento popular surgido por la exasperación de los conflictos de clase y de la situación política que explota con la violencia de una fuerza elemental en conflictos tanto económicos como políticos y en huelga de masas”.
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