La causa de la crisis alimentaria es el capitalismo, no la guerra

POR ADELE WALTON /

El empeoramiento de las cosechas, la infertilidad de los suelos y el aumento de la pobreza alimentaria afectan a la mayoría de los pequeños agricultores alrededor del mundo, especialmente en el Sur Global. Pero la crisis climática y la alimentaria no son fenómenos aislados. Son el resultado de un sistema capitalista global y de una agenda neoliberal que han priorizado los beneficios agrícolas de las grandes empresas sobre la población y el planeta.

“La mayoría de los agricultores ya no pueden producir alimentos adecuados para sus familias”, afirma Vladimir Chilinya. “Las entidades con fines de lucro controlan nuestros sistemas alimentarios, incluidos la producción y distribución de semillas”.

Chilinya es coordinador en Zambia de FIAN Internacional, una organización que aboga por la democratización de la alimentación y la nutrición.

Esta crisis agrícola y el aumento de la pobreza alimentaria tienen un efecto demoledor especialmente en el Sur Global. Los precios del trigo han subido un 59% desde principios de 2022.

En mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el número de personas que viven en condiciones de inanición ha aumentado en más de un 500% desde 2016, y que más de 270 millones de personas viven actualmente en situación de inseguridad alimentaria extrema.Aunque la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha agravado esta crisis (Rusia y Ucrania concentran el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, que constituyen el 12% de las calorías comercializadas), el colapso climático y el capitalismo son los principales motores de esta emergencia alimentaria mundial.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha calculado que para 2030 el calentamiento global habrá disminuido la producción agrícola media mundial en más de un quinto. En Zambia, según el Ministerio de Agricultura, se estima que la cosecha de maíz para 2021/22 se reducirá en una cuarta parte debido a las sequías e inundaciones repentinas ocurridas entre 2019 y 2021.

Mientras tanto, India y Pakistán experimentaron las temperaturas más altas registradas en marzo y abril desde que se iniciaron por primera vez los registros hace 122 años. A partir de entonces, la India ha prohibido las exportaciones de trigo (después de que el gobierno no pudiera comprar suficiente trigo para cubrir su programa de seguridad alimentaria), lo que ha agravado aún más la escasez mundial de trigo y el aumento de los precios mundiales de los alimentos.

Pero la crisis climática y la alimentaria no son fenómenos aislados. Son el resultado de un sistema capitalista global y de una agenda neoliberal que han priorizado los beneficios agrícolas de las grandes empresas sobre la población y el planeta.

Corporativización de la agricultura

Este proceso adquirió realmente forma durante la llamada “Revolución Verde” en India a finales de la década de 1960. Esta política pública fue concertada entre los gobiernos de India y Estados Unidos (con USAID y la Fundación Ford como actores clave) y estuvo supeditada al uso de agroquímicos y al cultivo intensivo de plantas.

Se introdujeron cultivos híbridos de alto rendimiento, el principal fue el IR8, una variedad de arroz semi-enano, y se utilizaron fertilizantes, pesticidas y mucha agua subterránea (estos cultivos de alto rendimiento requerían mucha más agua). Los alimentos calóricos se apreciaban más que los nutritivos, los cuales además tenían insumos costosos.

Este vuelco hacia el gran cultivo y monocultivos más rentables hizo a los pequeños agricultoros más dependientes de fertilizantes químicos costosos, obligándoles a endeudarse cada vez más. En la India, 10.677 trabajadores agrícolas se quitaron la vida en 2020, muchos de ellos atrapados por deudas cada vez mayores resultantes de los altos costos de estos insumos agropecuarios.

Las condiciones comerciales injustas y los préstamos globales, impuestos por instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), también son culpables.

Los programas de ajuste estructural (PAE), introducidos por el Banco Mundial después de la crisis de la deuda en América Latina y África a raíz de la crisis del petróleo de 1979, obligaron a los países más pobres a privatizar sus sectores públicos y a reducir sus mecanismos de bienestar.

La adhesión a paquetes de políticas estrictas en casi todos los sectores fundamentales, desde la agricultura hasta la educación y la salud, se hizo obligatoria a cambio de cualquier préstamo futuro del banco o del FMI.

Los PAE han hecho que los países endeudados del Sur tengan que pasar de dar prioridad a los cultivos autóctonos de los que depende la población local y dedicarse a la producción de cultivos comerciales para la exportación. Como resultado, las poblaciones locales y los agricultores se volvieron más vulnerables a la escasez de alimentos, debida a los efectos ecológicos negativos y a la disminución del acceso a los mismos.

Zambia: privatización de las semillas

En Zambia, por ejemplo, el programa de ajuste estructural incluyó la privatización y liberalización del sistema de semillas. Comenzó con la liberalización y desregulación de ZAMSEED a mediados de la década de 1990, que condujo a una disminución del apoyo a las cooperativas de agricultores. Además, la primacía del maíz como cultivo comercial provocó una disminución de la variedad de cultivos, lo que significa que la población local dispone de menos fuentes de alimentos.

“Con los cambios normativos recientes, se da prioridad a la producción de maíz. Este es uno de los principales factores que impulsan el monocultivo, responsable de la reducción de las variedades de alimentos disponibles en Zambia”, declaró Chiliniya, perteneciente a FIAN, a OpenDemocracy.

FIAN está documentando cómo el control corporativo de la agricultura debilita la seguridad alimentaria. Los sistemas de semillas han pasado de tener un carácter cooperativo (permitiendo a los agricultores tener mayor capacidad de acción y precios justos) a estar dirigidos por las empresas (priorizando los beneficios).

“Los sistemas de semillas administrados por los agricultores han sido sustituidos por los sistemas de semillas comerciales”, señaló Chilinya. “La mayoría de los pequeños agricultores no pueden comprar semillas al precio comercial y, por lo tanto, no pueden cultivar ningún alimento”.

Estas semillas comerciales son también más vulnerables a condiciones meteorológicas extremas. “La mayoría de la población se centra en los cultivos comerciales en detrimento de otros cultivos que son más resistentes a grandes cambios climáticos. Cuando se producen cambios extremos, como los que se produjeron en 2020 y 2021, el país cae en la escasez de alimentos”, añadió Chiliniya. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 48% de la población zambiana es incapaz de satisfacer las necesidades calóricas mínimas.

Kenia: crisis alimentaria

OpenDemocracy se reunió también con activistas por la justicia alimentaria en Kenia, país que atraviesa una grave crisis de alimentos. “La degradación de la tierra está afectando a la producción de alimentos en Kenia debido al uso excesivo de fertilizantes químicos”, afirmó Leondia Odongo, cofundadora de la organización de justicia social Haki Nawiri.

Al igual que en Zambia, hay que atribuir la culpa al desastroso legado de los PAE. En 1980, Kenia fue uno de los primeros países en recibir un préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial. Éste estaba condicionado a la reducción de las subvenciones esenciales para los insumos agrícolas, como los fertilizantes. Este proceso provocó un cambio hacia los cultivos comerciales para la exportación, como el té, el café y el tabaco, en lugar de cultivar productos básicos para la población local, como el maíz, el trigo y el arroz.

“Los insumos agrícolas que antes se proporcionaban a los agricultores gratuitamente pasaron a manos de entidades privadas con el pretexto de la eficiencia”, explicó Odongo. “Esto ha provocado que los pequeños agricultores estén a merced de las empresas transnacionales de la industria de las semillas y los productos agroquímicos, que engañan a los agricultores con información acerca de los mismos”.

Según un reciente informe de Save the Children y Oxfam, 3,5 millones de personas en Kenia sufren ya niveles de hambre críticos, y es probable que esta cifra aumente a cinco millones. Mientras tanto, solo se ha financiado el dos por ciento de los 4.400 millones de dólares necesarios en ayuda humanitaria (para Kenia, Etiopía y Somalia).

El ajuste estructural ha convertido a Kenia en un exportador de alimentos. En el país, la malnutrición sigue siendo preocupante: el 29% de los niños de las zonas rurales y el 20% de los niños de las ciudades sufren retraso en el crecimiento. A pesar de los déficits que amenazan la seguridad alimentaria de su población, Kenia sigue siendo un exportador vital de alimentos, con importantes exportaciones de té, café, verduras y flores cortadas.

Mantener lo pequeño y lo local

A pesar de ocupar menos del 25% de la superficie agrícola mundial, los pequeños agricultores proporcionan el 70% de los alimentos del mundo. En Kenia, Haki Nawiri Afrika hace frente a la corporativización de la agricultura ayudando a los agricultores locales con conocimientos técnicos. La enseñanza de conocimientos prácticos les permite recuperar la capacidad de decisión sobre sus tierras y cultivos.

En Zambia, FIAN está ayudando a los pequeños agricultores a retomar las prácticas agrícolas y las semillas autóctonas para aumentar la resiliencia y mejorar la seguridad alimentaria. Al diversificar los sistemas de alimentación y abandonar los monocultivos, esos pequeños agricultores pueden seguir proporcionando suficientes alimentos a sus comunidades, y a menor costo.

Estos movimientos de pequeña agricultura se enfrentan a la “gran filantropía”, tal como la controvertida Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que está reproduciendo la estrategia de la Revolución Verde de las corporaciones.

Aun así, esperan que su lucha por desmercantilizar y reconstruir una relación sostenible con la tierra pueda contribuir a hacer realidad el  segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU: acabar con el hambre para 2030.

Traducción: Nora Bendersky

https://www.opendemocracy.net/

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