La falsa autonomía e independencia de la tecnocracia

POR SANTIAGO PULIDO RUIZ

La salida de Alejandro Gaviria Uribe del gabinete ministerial de Gustavo Petro ha generado todo tipo de reacciones por parte de sectores políticos y académicos en Colombia. Algunos ven en la decisión del Presidente un acto normal de reajuste institucional; otros, por el contrario, consideran que es una medida “autoritaria” frente a los reparos públicos del exrector de la Universidad de los Andes a la reforma a la salud. Esta última interpretación ha sido alimentada con la idea de que hay un choque y una crisis institucional entre la nueva clase dirigente y la tecnocracia.

Esta parece ser la hipótesis de un artículo recientemente publicado por el portal La Silla Vacía“Petrocracia: ¿adiós a los tecnócratas?”. Para Catalina Lobo-Guerrero (autora del artículo), a la tecnocracia colombiana le ha costado un enorme trabajo adaptarse al cambio de gobierno, de hecho, sostiene que la nueva composición de fuerzas al interior del Estado y el nuevo ciclo de transición política ha representado un ambiente hostil para los funcionarios estatales. El artículo inicia defendiendo la tesis del investigador peruano Eduardo Dargent, según la cual, la tecnocracia es un agente autónomo en el campo estatal, es decir, es un agente libre de compromisos con cualquier agenda política y gremial.

El neoliberal exministro Alejandro Gaviria Uribe.

Guerrero (bajo la sombrilla teórica de Dargent) defiende la importancia de mantener una élite técnica en el ámbito político y económico del Estado con el fin de “racionalizar” y “operacionalizar” las medidas de ajuste de los distintos gobiernos (independientemente, de su orientación política e ideológica). De cierto modo, sostiene la idea de que la política se agota en el momento en que los operadores técnicos asumen la tarea de convertir las expectativas de campaña en criterios y planes de desarrollo “viables”.

Esta tesis encierra, en general, el concepto de política y democracia que defiende no solo la tecnocracia criolla, sino la línea editorial de La Silla Vacía.  Para estos, la política y la democracia es vaciada de contenido una vez los técnicos toman la dirección de las grandes transformaciones y reformas. El poder del pueblo es remplazado por un tipo de delegación administrativa de la política. Aunque las mayorías sociales y populares sean el poder constituyente y primario, la tecnocracia aparece, a los ojos de La Silla Vacía, como la condición de posibilidad de cualquier cambio.

El Estado, según esta perspectiva, funcionaría de manera óptima si se permitiera a los técnicos llevar el rumbo de la Nación. Desde ese punto de vista, la tecnocracia se vende como un equipo aparentemente imparcial que es funcional y flexible a cualquier programa de gobierno, al margen de las contradicciones e intereses político-económicos en disputa y al margen de los procedimientos democráticos o no-democráticos con los cuales opere la clase dirigente. El objetivo de ese grupo de expertos es uno solo: “viabilizar” cualquier iniciativa de gobierno.

Los Chicago Boys son prueba de lo anterior: “el milagro económico chileno” se dio de la mano de un régimen abiertamente dictatorial. Los informes de crecimiento y “recuperación” económica eran contrastados por un panorama de empobrecimiento de las clases populares y estancamiento de la clase media ascendente. Los criterios técnicos de desarrollo y “estabilización” económica en el Chile de los 70s sirvieron para lavarle la cara a la dictadura y para abrir el camino de la gran reforma constitucional. Vale la pena preguntarse: ¿con respecto a quién es autónoma e independiente la tecnocracia?

En condiciones normales, los tecnócratas hacen de la democracia un instrumento de legitimidad del plan de ajustes, pero cuando esas formalidades democráticas son suspendidas, los planes de desarrollo encuentran, con el visto bueno de los expertos, formas de aprobación antidemocráticas y extraparlamentarias. Ese es el origen, precisamente, de las reformas neoliberales en América Latina.

De tal manera que la tecnocracia solo utiliza la democracia de manera instrumental. No hay una condición natural que articule el trabajo técnico con procedimientos democráticos. De hecho, por su composición social, esta capa de funcionarios tiende a la negociación de las grandes transformaciones sociales a puerta cerrada entre pequeños sectores corporativos. Por lo tanto, la tecnocracia no puede ser un agente autónomo ni mucho menos independiente, es un grupo de funcionarios con un claro proyecto de clase al interior del Estado.

La cierta autonomía que ha gozado esta capa de técnicos la ha encontrado en el marco del Estado neoliberal, es decir, las clases dirigentes le han otorgado un margen de maniobra e independencia en la medida que afianzan el régimen de desigualdad e injusticia del neoliberalismo. Son, en sentido estricto, representantes de los intereses gremiales y corporativos. Por qué esperar, entonces, una actitud democrática, progresista y transformadora de una franja social que está vinculada, orgánicamente, con el mundo empresarial.

Contrario a lo que sostiene el profesor Eduardo Dargent y la columnista Catalina Lobo-Guerrero, los tecnócratas no se encuentran por encima de las contradicciones de clase en el Estado, no son la “consciencia crítica” ni la sensatez frente a la “improvisación populista” de los políticos de turno. En la práctica, son los agentes técnicos y los intelectuales orgánicos de las élites neoliberales. Por esta razón, chocan con un proyecto político de transformación social, pues saben perfectamente que amenazan con desmontar los ejes fundamentales de la injusticia y desigualdad social, es decir, del tipo de sociedad que la misma tecnocracia ha construido.

Este es el motivo principal del distanciamiento entre Alejandro Gaviria y el Gobierno de Colombia: los “reparos” a la reforma a la salud no son simples sugerencias de “viabilidad” financiera y constitucional, sino una confrontación entre modelos de bienestar y seguridad humana. En el caso de la reforma a la salud, la iniciativa del Pacto Histórico espera eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con el fin de pasar del aseguramiento financiero a los grupos empresariales privados a la garantía de este derecho fundamental, especialmente de la población colombiana más olvidada.

Alejandro Gaviria

Gaviria trató de presionar públicamente al gobierno, en coalición con un bloque liberal de ministros, para que desmontara esta opción. Disfrazó su diferencia política con reparos técnicos y normativos. Tiene sentido, desde todo punto de vista, su salida del gabinete ministerial: no era una voz crítica ni un destello de sensatez, sencillamente, se trataba de un intento de sabotaje a la reforma a la salud desde el seno del Gobierno del Pacto Histórico.

De modo tal que no es asunto de contradicciones menores ni mucho menos, como sugiere Lobo-Guerrero siguiendo a Dargent, un problema de imagen de los tecnócratas. Los gobiernos de tipo nacional-popular tienen un desafío interno: lidiar con la lucha de intereses que genera un bloque político policlasista. Así que, en un intento de recuperar iniciativa y autoridad, el Gobierno Petro dio un golpe de timón a la composición de las fuerzas ministeriales. Resta observar cómo esta redefinición afecta el estado de compromisos del bloque político en el poder y cómo es posible caminar rompiendo los nudos ciegos del neoliberalismo.

@pulidios69

Militancia y Sociedad, Ibagué, Colombia.

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