POR LUIS EDUARDO MARTÍNEZ ARROYO
En estos días en los que las altas cortes judiciales colombianas no dejan títere con cabeza, cuando de decidir respecto de medidas del Gobierno Petro se trata, loable labor en la que la acompañan organismos de control y electorales, no deja de venir a mi mente esa sabia sentencia de nuestra gran guardiana de la Carta Magna, la Corte Constitucional, que declaró ajustada a aquella la reforma que instituía la reelección presidencial inmediata, cuyo beneficiario primero fue Álvaro Uribe Vélez.
Fue en 2005, cuando el trascendental fallo se produjo, y su ponente el magistrado Manuel José Cepeda, mientras su padre oficiaba como embajador del gobierno colombiano ante el francés. Un bonito yo con yo. Se hablaba para ese entonces ya de los “falsos positivos”.
De cierto tiempo hacia acá por pesquisas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), testimonios y denuncias de las víctimas y victimarios,-militares y exmilitares y exparamilitares-, se ha establecido que 6420, al menos, jóvenes civiles fueron asesinados por el gobierno reelecto y hechos pasar como guerrilleros.
Cuando hace unos meses nos enteramos de que la Corte Constitucional sentenció inconstitucional la declaratoria de emergencia para La Guajira,-donde han muerto de hambre miles de niños por desnutrición y sed durante largo tiempo-, hecha por el Gobierno Petro, porque la situación de ese departamento no es sobreviniente sino crónica, me pregunto si en ese alto tribunal mora una crónica afición por la necrofilia.
¿Acaso los honorables magistrados reeleccionistas de ese entonces tendrán algún rebrote de peso de conciencia ante la estela de sangre y dolor que dejó el beneficiario de su sabiduría?
