POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El pasado 02 de agosto, los medios de comunicación hegemónicos, difundieron la noticia sobre la confirmación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo de la condena al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, el administrador de empresas quindiano Bernardo Moreno Villegas, a quien la Sala Especial de primera instancia de dicho tribunal le impuso cinco años y medio de cárcel, el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 6 años y 10 meses, en octubre de 2023, por el delito de tráfico de influencias en servidor público, en el sonado escándalo de la Yidis-política. Es decir, la compra del voto a la exrepresentante Yidis Medina para asegurar la reelección del expresidente Uribe para el periodo 2006–2010, quien, según lo declaró la auto incriminada exparlamentaria, le pagaron con una serie de cargos públicos, incluida la humillante arrodillada del exmandatario para que votara por el correspondiente acto legislativo en la Cámara de Representantes.
Por el mismo delito, ya habían sido condenados en 2015 los exministros del Interior, Sabas Pretelt de la Vega y el de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, a 80 meses de prisión, 167 salarios mínimos legales vigentes de multa y 112 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Así mismo, el exsecretario general de la Casa de Nariño, Alberto Velásquez Echeverri fue condenado por el delito de cohecho (El Espectador). El objetivo se cumplió porque el ‘Matarife’ logró su segundo periodo presidencial a costa de traficar con cargos públicos y quemar cuatro de sus más fieles escuderos. Lo que no se entiende es por qué, al expresidente cuya reelección, abiertamente inconstitucional, producto de varios delitos cometidos bajo su orientación, no se le ha iniciado un juicio político por indignidad, puesto que las consecuencias de la prolongación de su mandato fueron nefastas, miles de masacres cometidas por la alianza de la fuerza pública y las bandas paramilitares por él presuntamente creadas y la corrupción llevada a niveles inconmensurables.
Pero, la verdad sea dicha, no fue obra de unas cuantas manzanas podridas del uribismo, se trata de una verdadera legión del mal, conformada por parlamentarios, empresarios, gobernadores, alcaldes, magistrados, jueces, fiscales, generales, oficiales de las Fuerzas Armadas, paramilitares y funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe, que continuaron delinquiendo después de terminado su segundo mandato y siguieron eligiendo parlamentarios y gobiernos neoliberales y corruptos; una poderosa mafia que desde finales del siglo pasado asumió el poder a base de clientelismo, corrupción, saqueo de los recursos públicos, persecución a líderes y lideresas de la oposición, masacres, asesinatos, desapariciones, despojo de tierras, perfilamientos, etc. y aún lo controlan, pese al revés sufrido con la elección del actual presidente Gustavo Petro.
El expresidente de marras siempre ha defendido a los centenares de cómplices que fungieron como sus colaboradores que han sido condenados penalmente, como unos “buenos muchachos” y ha denunciado las condenas como actos de conspiración contra su gobierno y su “buen nombre”; ha llegado incluso a considerarse perseguido por la Corte Suprema de Justicia, en el caso que lo mantiene a punto del inicio del juicio penal por el menor de sus delitos, soborno a testigos. Además de las condenas mas recientes, ya son decenas de parlamentarios y altos funcionarios de sus dos periodos presidenciales los que han sido objeto de sentencias condenatorias a penas de prisión, multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. A continuación, reseñamos una pequeña muestra de la cantidad de sentencias condenatorias, hasta ahora proferidas por distintas instancias judiciales, a penas de prisión por delitos cometidos bajo el manto protector del patrón del mal, durante el periodo 2002–2010, todos y todas, militantes del uribismo y miembros de los partidos y movimientos de la coalición de ultraderecha que lo sostuvo y aún lo sostiene en su prolongada hegemonía de más de tres décadas en el poder.
Implicados en el escándalo de la parapolítica por partidos políticos
8 del Partido Liberal: 5 senadores y 3 representantes; 8 de Cambio Radical: 5 senadores y 3 representantes; 7 del Partido Conservador: 3 senadores y 4 representantes, 6 del Partido de la U (fundado por Juan Manuel Santos): 2 senadores y 4 representantes; 5 de Convergencia Ciudadana (partido paramilitar del ‘tuerto’ Gil, exmiembro del M-19): 3 senadores y 2 representantes; 5 del partido Colombia Democrática: 4 senadores y 1 representante; 3 del Movimiento Colombia Viva: todos senadores; 1 senador de Alas-Equipo Colombia; y un representante de Apertura Liberal. En total 44 condenados, 26 senadores y 18 representantes. A todos les reconoció el expresidente su condición de delincuentes, cuando en discurso dirigido al Congreso de la República les pidió que votaran por sus contrarreformas “antes de irse para la cárcel”. Así paga el diablo a quien bien le sirve pregona el adagio popular.
A la delincuencias parlamentarias, se les comprobaron vínculos con narcotraficantes y con los bloques paramilitares y sus jefes en casi todos los departamentos del país; entre ellos, alias El Alemán, Jorge 40, alias El socio, el Bloque Tolima, el Bloque Central Bolívar, alias Juancho Dique, Mancuso, Mono Leche, alias Martín Llanos, alias El Socio, alias El Iguano, etc., además de haber firmado el llamado “Pacto de Ralito”; delitos por los que recibieron penas irrisorias de 6 a 10 años de prisión y multas tazadas entre 2000 y 6500 salarios mínomos legales vigentes.. Entre los condenados por cada partido uribista figuran: Por Cambio Radical, Reginaldo Montes, senador de Córdoba; Oscar Wilches Carreño, representante por Casanare; Karely Lara, representante por el Magdalena, Rubén Darío Quintero, senador por Antioquia; Miguel Pinedo Vidal, senador por el Magdalena; Humberto Builes Correa, senador por Antioquia; Javier Cáceres Leal, senador por Bolívar.
Por el Partido Conservador fueron condenados, Alfonso Campo Escobar, representante por el Magdalena; Luis Humberto Gómez Gallo, senador del Tolima (QEPD); Gonzalo García Angarita, representante por el Tolima; Luis Fernando Almario y Ciro Ramírez, padre del también senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, principal protagonista del escándalo del ‘Cartel de las marionetas’ en el gobierno del subpresidente Duque. Por el partido liberal condenaron a Juan Manuel López Cabrales, de Córdoba, Dixon Tapasco Triviño, representante a la Cámara; Enrique Emilio Ángel Barco, representante a la Cámara; Pompilio Avendaño, representante a la Cámara por el Tolima; Guillermo Gaviria, senador por Antioquia; y Jairo Alberto Llanos, representante a la Cámara por Caldas.
Por el Partido Colombia Democrática fueron condenados; Álvaro Alfonso García, alias el ‘gordo García’, senador del departamento de Sucre, una verdadera joya uribista, primero a 25 años de cárcel, por ser ordenador de la masacre de Macayepo y luego a 40 años por homicidio; Erick Julio Morris, exalcalde de Sincelejo, exgobernador de Sucre y exrepresentante a la Cámara, otra joya criminal del uribato; Miguel Alfonso de la Espriella, congresista de Córdoba; Ricardo Elcure Chacón, senador por el Norte de Santander; el primo hermano del ‘Matarife’, Mario Uribe Escobar, senador Antioquia, presunto cofundador, con su primo expresidente, de la banda paramilitar ‘Los doce apóstoles’.
Por el partido Convergencia Ciudadana, Luis Eduardo Vives, senador; Luis Alberto; el tuerto Gil, exmiembro del M-19, senador; Alfonso Riaño, representante a la Cámara por Santander; José Manuel Herrera, representante por Santander; y Juan Carlos Martínez Sinisterra, senador del Valle del Cauca. Por el Movimiento Colombia Viva, Dieb Nicolás Maloof Cusé, senador del departamento del Atlántico; Vicente Blel Saad, senador del departamento de Bolívar, aliado del paramilitarismo y presunto narcotraficante. Por el Partido de la U, el de Juan Manuel Santos y Dilian Francisca Toro, Jairo Enrique Merlano, exalcalde de Sincelejo y senador de Sucre; Mauricio Pimiento, exgobernador del Cesar y senador; Miguel Ángel Rangel, senador de Bolívar; Zulema Jattin Corrales, de Córdoba. Por el movimiento Alas-Equipo Colombia, Álvaro Araujo Castro, senador del Cesar; Oscar Suárez Mira, senador antioqueño. Por el movimiento Apertura Liberal, Jorge Luis Caballero.
Entre los excongresistas condenados a la cárcel figuran: Muriel Benito Rebollo, senadora del paramilitar alias ‘Diego Vecino’; Eleonora Pineda, senadora del jefe paramilitar Salvatore Mancuso; Roció Arias, representante por Córdoba, designada por los paramilitares alias ‘Macaco’ y alias ‘Don Berna’; y Álvaro Morón Cuello, representante por el Cesar.
Otras y otros condenados por paramilitarismo y corrupción fueron gobernadores, alcaldes y altos funcionarios en los periodos presidenciales del “patrón del mal”; ellos son, entre muchos, Trino Luna, gobernador del Magdalena; Hernando Molina Araujo, gobernador del Cesar; Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut, ex alcaldes de Soledad, Atlántico; Salvador Arana, célebre gobernador de Sucre que mandó a asesinar al alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, por pedido expreso del presidente Uribe, según sus propias declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, cuota directa de las AUC, según Mancuso; María del Pilar Hurtado, alias ‘La coneja’, ex directora del DAS; el infaltable, exsubdirector del Das José Miguel Narváez, sindicado de ser ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ordenador de los asesinatos de Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas y, por supuesto, Andrés Felipe Arias, el del escándalo de Agro Ingreso Seguro. No pueden faltar en la lista los criminales generales de la República, Mario Montoya, Mauricio Santoyo, Jorge Hernando Herrera, Wilson Chaves Mahecha, Rito Alejo del Rio, Farouk Yanine Díaz, Jorge Herrera, etc. (Revista Sur).
Esta radiografía incompleta, fue tomada del portal Wikipedia, en la cual figuran los “buenos muchachos” del presunto creador y director ideológico de las bandas paramilitares, condenados durante el segundo periodo del expresidente Uribe; condenas en las que fueron decisivos los memorables debates del entonces senador Gustavo Petro, convertido por el uribato en el mayor perseguido político del país, hoy presidente de la República, contra quien aún no cesa la persecución desatada y sostenida por más de una década a través de los medios de comunicación hegemónicos al servicio de la extrema derecha neoliberal. Pero no son todos los que están, porque faltan muchísimos más; entre otros, el exfiscal Luis Camilo Osorio, sindicado por Mancuso, los exfiscales Humberto Martínez y Francisco Barbosa, los ministros y viceministros presuntos responsables del escándalo de Reficar, Juan Manuel Santos y Jorge Iván Zuluaga, implicados en el escándalo de Odebrecht, el banquero mayor Luis Carlos Sarmiento Angulo, condenado en EE.UU. a pagar multas millonarias por lavado de fortunas de narcotraficantes y por Odebrecht, inmaculado y sin mancha en Colombia, y… un largo etcétera, incluido el propio ‘Matarife’, que se mantienen en la impunidad.
Una pregunta final, muy sugestiva, con todo respeto, para que la Revista Raya o el propio Gonzalo Guillén investiguen, las multas impuestas a las y los condenados superan los $40.000 millones de pesos, ¿ya los habrán pagado?
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
