POR LUIS MESINA

Desde niños se nos inculca a través de la familia y posteriormente en la escuela el respeto a ciertos valores, a ciertas normas. Se trata de construir socialmente un ideal de sociedad conformada por un conjunto de reglas que los individuos deben cumplir y respetar.

Así, por ejemplo, se nos inculca el respeto a la bandera, al himno nacional y, antes del 11 de septiembre 1973, se infundía el respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Asimismo, antes de que la sociedad conociera la sistematización de abusos que la Iglesia Católica cometía contra niños, también se nos enseñaba a respetarla.

La idea que hay detrás de inculcar respeto a ciertas normas, está directamente relacionada con la idea de conformar una determinada identidad para los individuos que habitan un determinado espacio común, un territorio, un Estado.

Para que un Estado les haga sentido a quienes lo habitan, es preciso que existan normas que guíen la conducta de los ciudadanos. El “Estado de Derecho” surge como respuesta a la legitima y pertinente pregunta de ¿cómo se ordena la convivencia de individuos que habitan un mismo espacio y con diferentes intereses?

Teóricamente, el Estado de Derecho responde a esa interrogante. Opera en un país regulado por leyes que todas las personas están obligadas a cumplir y, las instituciones encargadas de hacer cumplir dichas normas deben actuar con prescindencia de cualquier interés que no sea, hacer cumplir lo que la norma exige. En los Estados modernos, los deberes y derechos fundamentales de los individuos, principalmente se hayan plasmados en la Constitución Política, la que, junto con establecer deberes para los poderes existentes, fija límites a través de la ley, de modo que ese poder esté distribuido entre diferentes actores y no se concentre en uno solo, situación que ocurre con las tiranías.

¿Pero, por qué es necesario respetar las leyes? Se dice porque las leyes promueven el bien común y hacen posible la justicia y la libertad y, además, proveen un marco para aceptar aquello que la sociedad considera conveniente para sí. En general, se señala que las leyes permiten garantizar los derechos fundamentales a las personas y definen cómo actuar e interactuar entre si para resolver las disputas propias de la convivencia humana.

Una forma de comprobar si ello es efectivo, es observando no sólo el contenido de la ley, sino cómo ésta de aplica y por quién se aplica, y contrastarla con la realidad inmediata para confirmar la efectividad de que la “ley es ciega” y que el Estado de Derecho opera rigurosamente en nuestro país. Chile, en lo que va corrido de este año ha conocido diversas manifestaciones que han requerido la intervención del Estado. Ese Estado que opera según nuestra costumbre bajo la lógica absoluta de la separación de poderes -con independencia, diría Montesquieu- ha debido sortear diferentes casos de vulneración de la ley.

Veamos algunos casos para comprender cómo ha operado el “Estado de Derecho”.

Caso Fuentealba, excomandante en jefe del Ejército de Chile, acusado junto a su esposa del delito de lavado de activos. Demasiada evidencia de malversación de fondos públicos de un sujeto que tenía una vida millonaria, que no era compatible con la de un funcionario público. Fue absuelto, el fiscal responsable, José Morales, conocido en el ambiente como “el sepulturero”, en alusión que ha tenido a su cargo casos emblemáticos de persecución penal y ha terminado por cerrarlos o enterrarlos, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Cascadas, donde aparece Julio Ponce Lerou; el caso de sobornos de Latam Argentina, donde figuraba el nombre de Sebastián Piñera. Además, Morales ha sido vinculado con Luis Hermosilla, autor confeso de una red de poder corrupta que aún goza de absoluta libertad.

Otro caso, el del oficial Claudio Crespo, acusado como autor directo de los disparos que cegaron para siempre al estudiante Gustavo Gatica. Hay demasiada evidencia de actuaciones que vinculan a Crespo en actos de uso irracional y desmedida de la fuerza contra jóvenes que protestaban y que provocaron graves consecuencias. Fuentealba fue absuelto y Crespo apoyado por diputados de derecha también y espera el proceso por caso Gatica.

Actualmente el tratamiento de lo que llamamos justicia para imputados por delitos flagrantes como por ejemplo los exalcaldes Virginia Reginato, Raúl Torrealba, Cathy Barriga, Pedro Sabat, Karin Rojo y tantos otros que han sido imputados por delitos graves, como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude al fisco, etc. gozan de libertad y, salvo, muy pocos, con pena remitida en su hogar. El caso de Luis Hermosilla es muy demostrativo de cómo opera la ley para unos y para otros.

Pero, el caso emblemático de que la Justicia y el Estado de Derecho en Chile no es más que una quimera, lo constituye el caso de Daniel Jadue, imputado por delitos similares al de muchos otros alcaldes, se le ha privado de libertad total. Esgrimiendo argumentos de “poca monta”, la Corte de Apelaciones denegó la petición de la medida cautelar que solicitó la defensa de cambiarla por arresto domiciliario. El ensañamiento es evidente. Se podrá estar en contra o a favor de Jadue, pero es evidente que el poder en este caso opera con un sesgo ideológico y de clase que se inscribe en la lógica de la política “anticomunista” que no es solo contra los comunistas, sino contra todos aquellos que cuestionan el orden político y social actual.

De allí entonces que no sea casual, que la educación desde niños nos enseñe a cumplir con las normas, a respetar las leyes, a respetar el orden establecido, pues ese orden y ese conjunto de normas redactadas por quienes dominan y controlan el poder, no son más que normas tendientes a garantizar los intereses y privilegios de una clase social en detrimento de otra clase social.

Hoy, Chile, sus instituciones encargadas de impartir justicia no solo dan una señal de abierta desigualdad entre los capitalistas, en parte porque el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo estimula la formación de enormes conglomerados de producción a expensas de unidades más pequeñas. El resultado de estas tendencias es una oligarquía de capital privado cuya influencia no puede ser contrarrestada de modo efectivo por una sociedad política que se organiza democráticamente”, escribe Einstein.

La plutocracia de empresarios y banqueros aumenta su influencia adquiriendo medios de información masivos y ofreciendo apoyo económico al sector educativo de manera de convertirlo en un instrumento oligárquico y faccioso. “Además, en las presentes circunstancias, los capitalistas privados controlan inevitablemente, de modo directo o indirecto, las principales fuentes de información (prensa, radio, televisión, y educación). Por lo tanto, resulta extremadamente difícil, sino imposible, para cada ciudadano individual, alcanzar conclusiones objetivas o utilizar inteligentemente sus derechos políticos”, sentencia.

Una de sus preocupaciones centrales consiste en la codicia neurotizante y depredadora que persigue el beneficio económico como un fin en sí mismo, a cargo de gerentes, accionistas e inversores financieros. Naturalmente, estos personajes manifiestan un bochornoso desprecio hacia los trabajadores y sus familias, que extienden hacia los desempleados y amplios contextos de la precariedad social que ellos generan y consolidan con indiferencia.

“La búsqueda excluyente de beneficios, junto a la competencia entre los capitalistas, es responsable de la inestabilidad observable en la acumulación y utilización del capital, lo que conduce a depresiones económicas cada vez más severas. La competencia sin límites produce desperdicio o desaprovechamiento de la fuerza laboral, y el deterioro de la conciencia social de los individuos”, resume Einstein.

La mutilación psicológica y social de los individuos. En el capitalismo se enriquecen unos pocos y se pauperizan los grandes colectivos sociales, enajenando a los seres humanos de su entramado social y cultural, convirtiéndolos en commodities, o sea objetos transables en los mercados por un precio antojadizo, y expropiándoles la mayor parte de su contribución a la productividad y la creación de valor.

“Considero esta mutilación de los individuos el peor de los males presentes en el capitalismo, y es el sistema educativo el que lo sufre en mayor medida. El ser humano es capaz de encontrar sentido en su vida sólo cuando se compromete y dedica a la sociedad”, explica Einstein.

Las observaciones de Einstein articulan un camino para acometer con esperanza una visión alternativa. En tiempos actuales, el capitalismo está en un callejón sin salida como muestra el profesor Fred Goldstein en su trabajo más reciente, Capitalism at a dead end, a pesar de ciertos experimentos farandulescos de la extrema derecha en unos pocos países con graves problemas sociales y económicos estructurales.

Esos experimentos han terminado siempre en calamitosas crisis para sus habitantes como ya ocurrió en Argentina en el 2001 y durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuesta tanto asimilar lo que explicara hace un siglo el filósofo George Santayana: “Aquellos que no son capaces de recordar el pasado están condenados a repetirlo”?

Página/12, Buenos Aires.