LA ROSA ROJA /
La reforma a la salud promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado mucho de qué hablar en el primer año de su gestión, tras quedar en evidencia el fracaso de modelo de las denominadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) que lograron consolidar un negocio a partir del mandato neoliberal de triste recordación de César Gaviria (1990-94).
En los últimos días la crisis financiera de las EPS ha constituido el centro de debate nacional. El nuevo capítulo comenzó con una carta enviada el pasado 27 de julio, hecha pública por Caracol Radio el martes 22 de agosto, en la que tres de las principales EPS del país, Sura, Sanitas y Compensar, alertan al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, de que enfrentan una “seria dificultad” para continuar con sus operaciones a partir de septiembre.
La primera reacción inicial del Ministro fue de minimizar la alerta, diciendo que si llegasen a quebrar, el Gobierno se haría cargo de los afiliados. Pero en la práctica la respuesta no es tan sencilla, y los involucrados lo saben. Por eso, en los últimos días se han estado reuniendo los directivos de las EPS, el gremio de aseguradoras de salud Acemi, el Ministerio y la Defensoría del Pueblo, para avanzar en la concreción de una solución conjunta. En el fondo, estas conversaciones son un diálogo sobre el posible futuro de la reforma a la salud que promueve el Gobierno Petro
Según la carta de las EPS y varias declaraciones posteriores de diferentes personas involucradas directamente en la gestión de la salud, las entidades encargadas de asegurar este derecho a los colombianos están operando en negativos. Buscan a como dé lugar seguir manteniendo el rentable negocio por eso de manera descarada aseguran que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema, fue recalculado a la baja en el último periodo -alegan que se debía aumentar en un 25 % en el último año, cuando se aumentó en un 16 %- por lo cual el dinero que reciben del erario cada mes para pagar los servicios de salud de sus afiliados no les está alcanzando. Pero, además, aseguran que el Estado les debe dineros de ejercicios pasados, en especial gastos extraordinarios que se produjeron en el marco de la pandemia.
Con astucia y ánimo conciliador porque deben cuidar el rentable negocio, las EPS han dejado claro que, en ambos casos, no es una acusación al Gobierno actual, sino una aceptación de deficiencias estructurales en el modelo.
Esto es un cambio de posición significativo de estos codiciosos actores que convirtieron en un rentable negocio el derecho a la salud de los colombianos que demagógicamente suelen argumentar que el sistema colombiano es uno de los mejores del mundo y que cualquier crítica a él es un ataque ideologizado y sin fundamentos.
En ese sentido, la complicada situación puede convertirse en un buena oportunidad para rescatar la reforma a la salud de Petro: si las mismas EPS admiten que hay problemas de fondo, la propuesta de hacer cambios es, en principio, más fácil de vender.
De hecho, en estos primeros días de conversaciones, el Ministerio ha dado señales de voluntad de negociar, aceptando una revisión técnica de la insuficiencia de la UPC y una mesa de conciliación de cuentas viejas. Las EPS ven esto como un movimiento pragmático y constructivo para el funcionamiento inmediato, más allá de ideologías. Sin embargo, lo que seguiría a estas concesiones, más bien de carácter técnico, es un nuevo debate sobre el futuro del modelo y aquí las posiciones siguen bastante lejanas.
Desde el lado del Gobierno, la idea general sigue siendo eliminar la función de aseguradoras de la EPS y pasar a hacer pagos directos a los prestadores de salud; según ellos, eliminando intermediarios y mejorando el control sobre los gastos. Las EPS, por su parte, sostienen que ya hay transparencia absoluta sobre sus gastos, que la labor de auditar los gastos es ardua y costosa, y que derrumbar 30 años de construcción de un sistema de salud puede resultar catastrófico, especialmente porque la alternativa propuesta tiene demasiados huecos y lagunas en términos administrativos y de gestión.
Son diferencias bastante profundas y que no tienen pinta de tener una resolución cercana porque las EPS siguen empeñadas en no cambiar los términos de sus codiciosas apetencias a costa de la salud de los colombianos.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
