POR KARINA BATTHYÁNY*
Tras la promulgación de la ley de Interrupción Voluntario del Embarazo en la Argentina, las diputadas de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile dieron estado parlamentario y comenzaron también el debate por la despenalización del aborto voluntario.
La lucha por los derechos reproductivos está creciendo en América Latina y el Caribe, pero todavía está lejos de conseguir cambios significativos en perspectiva regional. Hoy la situación general de nuestros países es de prohibición, mucha restricción y poca despenalización del aborto.
Hasta diciembre eran solo tres países de América Latina -cuatro si también se tiene en cuenta Guyana- que permitían la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos establecidos: Cuba, Puerto Rico y Uruguay, así como los estados de Ciudad de México y Oaxaca en México. ¡A estos se ha sumado ahora Argentina!
Este reducido grupo representa una excepción a la regla que se extiende por toda la región y que, salvo casos muy concretos (riesgos para la salud de la madre o el bebé, violaciones o incestos) prohíbe el aborto. Incluso hay cinco países que lo rechazan bajo cualquier circunstancia: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Esta situación conduce a que aproximadamente el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva vivan en países donde el aborto no está permitido y se estima que entre cinco mil y diez mil mujeres pierden la vida al año en un aborto clandestino.
Ahora bien, sabemos que el hecho de que el aborto esté prohibido no significa que no exista, las mujeres que desean interrumpir un embarazo no sólo ponen en riesgo su salud, sino su libertad. Estas situaciones las impactan diferencialmente dependiendo de la raza, etnia, religión, educación, nivel de ingresos, entre otras razones, convirtiéndose en una expresión más de la desigualdad.
No debemos desconocer la importancia que tiene el auge del evangelismo en América Latina y el Caribe y su conquista de espacios de poder, que sin duda son una dificultad que enfrentan los movimientos feministas en la discusión sobre los derechos reproductivos básicos y particularmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero el año cerró con una gran conquista: la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, que estuvo muy cerca de ser sancionada en 2018 y se logra a fines de 2020. Las argentinas han encabezado durante 2019 y 2020 una movilización social sin precedentes que ha conseguido extender su famoso pañuelo verde por todo el continente. Ahora la mirada está puesta en Chile.
Se trata en definitiva de avanzar en nuestra región hacia sociedades más democráticas, donde las mujeres deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde estas decisiones son respetadas y donde los estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos.
La consigna: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir seguirá avanzando por América latina y el Caribe de la mano de los feminismos latinoamericanos y la ampliación de la agenda de derechos.
*Secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay.
