POR VIJAY PRASHAD /
En el seno de la ONU existe un debate poco conocido sobre la situación de la regulación fiscal mundial. En agosto de 2023, el secretario general de la ONU, António Guterres, publicó un borrador de documento titulado “Promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz en las Naciones Unidas”. Este documento surge de un largo debate liderado por el Sur Global sobre el comportamiento no regulado de las empresas transnacionales (especialmente las formas en que evaden impuestos) y sobre el hecho de que los debates relativos a las regulaciones han estado dominados por los países del Norte Global (especialmente los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una plataforma intergubernamental formada en gran parte por los países más ricos del mundo). En octubre del año pasado, el gobierno de Nigeria encabezó una resolución en la Asamblea General de la ONU (AGNU) que abogaba por un tratado de cooperación fiscal internacional y proponía que la ONU asumiera la jurisdicción del debate sobre la regulación fiscal. En diciembre de 2022, la AGNU aprobó la resolución, que pedía a Guterres que avanzara en la elaboración de un informe sobre el tema y desarrollara una nueva agenda fiscal internacional.
El informe de Guterres de agosto de 2023 afirmaba la necesidad de un tratado fiscal “inclusivo y efectivo”, argumentando que las soluciones basadas en dos pilares establecidas en el Marco Inclusivo sobre la Erosión de la base Imponible y el traslado de beneficios de la OCDE y el G20 son insuficientes. El segundo pilar de esta solución discute el desarrollo de un impuesto mínimo efectivo global sobre las “ganancias excesivas”. Sin embargo, este impuesto se recaudaría jurisdicción por jurisdicción, lo que llevaría todo el proceso al caos. Además, aunque la política de la OCDE y el G20 ha sido desarrollada por una minoría de países, se pretende que se convierta en la norma mundial para todo el mundo. Incluso cuando la OCDE y el G20 solicitan aportes de otras naciones, plantea Guterres, “muchos de esos países se encuentran con que existen barreras significativas para una participación relevante en el establecimiento de la agenda y en la toma de decisiones”. Esto, según Guterres, es injusto. La ONU debe ser el lugar donde se cree un nuevo tratado fiscal internacional, no un lugar donde organismos arbitrarios como la OCDE y el G20 impongan sus agendas.
Para ser justos, la OCDE ha desarrollado una serie de propuestas importantes, incluido un acuerdo fiscal mundial en 2021 que fue acordado por 136 países. Sin embargo, debido a la presión de las empresas transnacionales (y del gobierno de Estados Unidos), la aplicación de este acuerdo se retrasó hasta 2026. No obstante, las filtraciones de los paraísos fiscales ilícitos (como los Paradise Papers, a principios de 2017, y las filtraciones de Luxemburgo, a principios de 2014) pusieron sobre el tapete la cuestión de la regulación de los flujos financieros, presionando a la OCDE y al G20 para que cumplieran sus promesas. Una declaración de resultados de la OCDE en julio de 2023 volvió a poner el tema sobre la mesa, con la entrada en vigor del régimen fiscal de dos pilares en 2024. Este régimen instituye un impuesto global de al menos el 15 % sobre las ganancias de las empresas transnacionales que superen los 750 millones de euros en cada jurisdicción. Incluso en este caso, la normativa ofrece a las empresas transnacionales un espacio seguro hasta junio de 2028 a través de prácticas como una tasa impositiva efectiva simplificada, pruebas de ganancias periódicas y una prueba de minimis, todos ellos instrumentos que requieren cierta formación contable para entenderlos correctamente. En otras palabras, el sistema diseñado para regular las empresas transnacionales no hace más que crear oportunidades de negocio para las firmas contables globales que ayudan a estas empresas a seguir blindando sus ganancias. En 2022, las cuatro principales empresas de contabilidad ingresarán entre 34.000 y 60.000 millones de dólares cada una, y solo Deloitte ingresará 64.900 millones de dólares en 2023 (un aumento del 9,3 % desde el año pasado).
El informe anual de la Red por la Justicia Fiscal, publicado en julio de 2023, señala que todo el debate sobre los impuestos “se reduce a una cifra: 4,8 billones de dólares. Esa es la cantidad de impuestos que estimamos que las empresas y los individuos ricos evitarán y evadirán durante la próxima década bajo la dirección actual del liderazgo tributario de la OCDE”. Los datos muestran que “los países con mayores ingresos son también los que más ingresos pierden en términos absolutos y así mismo, los responsables de la mayor parte del problema a escala mundial”. Los diez países que más contribuyen al robo fiscal mundial son, en orden descendente: Reino Unido, Holanda, Islas Caimán, Arabia Saudita, Luxemburgo, Bermudas, Estados Unidos, Singapur, Irlanda y Hong Kong (cabe señalar que tanto las Islas Caimán como las Bermudas son territorios británicos). Sin embargo, los países con rentas más bajas “sufren las pérdidas más intensas, perdiendo, de lejos, la mayor parte de sus ingresos fiscales actuales o de sus necesidades de gasto público”. Por ejemplo, como muestra el informe de la OCDE Transparencia fiscal en África 2023, el continente pierde hasta 88.000 millones de dólares cada año debido a los flujos financieros ilícitos. En su informe, la Red por la Justicia Fiscal lanza un llamamiento:
“Los países tienen que elegir: renunciar al dinero ahora, y con él a nuestro futuro, en favor del puñado de personas más ricas del mundo, o reclamarlo, y con él un futuro en el que el poder de las empresas y los multimillonarios más ricos, como el de los reyes y barones antes que ellos, se vea frenado por la marcha de la democracia. Un futuro en el que los impuestos sean nuestra herramienta más poderosa para abordar los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades y para construir un mundo más justo, más verde y más inclusivo”.
En 1975, la ONU creó el Centro de Información e Investigación sobre las Empresas Transnacionales (United Nations Centre on Transnational Corporations – UNCTC). Dos acontecimientos interconectados condujeron a su creación: en primer lugar, la aprobación por la AGNU del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) en 1974 y, en segundo lugar, el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente chileno Salvador Allende en septiembre de 1973. En 1972, Allende había asumido el liderazgo del proceso de creación del NOEI para permitir a países como Chile la soberanía sobre sus materias primas. Allende habló con firmeza sobre estos temas en la reunión de la UNCTAD III, celebrada en Santiago en abril de 1972 y en la AGNU en diciembre de 1972.
El golpe contra Allende reforzó en el Tercer Mundo la voluntad de supervisar y regular a las empresas transnacionales, como el antiguo gigante de las telecomunicaciones International Telegraph and Telephone Company (ITT) y la empresa minera de cobre Anaconda, que desempeñaron un papel decisivo en el golpe de Chile. El UNCTC fue, por tanto, hijo tanto del NOEI como del golpe.
La misión del UNCTC era sencilla: construir un sistema de información sobre las actividades de las empresas transnacionales, crear programas de asistencia técnica que ayudaran a los gobiernos del Tercer Mundo a negociar con estas empresas y establecer un código de conducta que estas empresas tuvieran que respetar en sus actividades internacionales. El UNCTC, con 33 empleados, no comenzó su labor hasta 1977. Desde el principio, se vio sometido a la presión de la Cámara de Comercio Internacional y de varios think tanks con sede en EE.UU., que presionaron al gobierno estadounidense para impedir su funcionamiento.
No obstante, en sus quince años de existencia, el personal del UNCTC elaboró 265 documentos que abarcaban ámbitos como los tratados bilaterales de inversión y el impacto social de las empresas transnacionales. El trabajo del UNCTC avanzaba lentamente hacia la creación de un código de conducta para las empresas transnacionales, que habría obstaculizado la capacidad de estas compañías para crear un sistema de saqueo financiero a través de flujos financieros ilícitos (incluidos los precios de transferencia y el envío de ganancias). En 1987, la AGNU instó al UNCTC a que terminara el código de conducta y celebrara una sesión especial para debatirlo.
Ese mismo año, la ultraconservadora Heritage Foundation, con sede en Estados Unidos, afirmó que el UNCTC tenía un “objetivo deliberadamente antioccidental y contrario a la libre empresa”. En marzo de 1991, el Departamento de Estado de EE.UU. envió una nota diplomática a sus embajadas para ejercer presión en contra del código de conducta, que consideraba una “reliquia de otra época, en la que la inversión extranjera directa se miraba con considerable preocupación”. La sesión para ultimar el código de conducta nunca llegó a celebrarse. EE.UU. presionó al secretario general entrante de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, para que aboliera el UNCTC, lo que hizo como parte de un programa más amplio de reforma de la ONU. Fue el ocaso de la regulación fiscal. Cuando la OCDE tomó el relevo, lo hizo casi para garantizar que se mantuviera una pátina de liberalismo mientras las empresas transnacionales operaban en un entorno mundial en gran medida anárquico.
“Un solo alarido de horror que recorre las vértebras del mundo”
En 1976, la poeta peruana Magda Portal (1900-1989) escribió “Un poema para Ernesto Cardenal” (poeta nicaragüense). El poema reconocía que la desigualdad y la miseria llevaban siglos en nuestros pueblos, pero que lo que están haciendo “las empresas transnacionales y sus secuaces” es peor:
Aquí en este lado de América se siente el hálito
nauseabundo y deletéreo de los que sólo quieren
nuestras minas nuestro petróleo nuestro oro
(…).
Jamás se regó sobre la tierra insomne más tormento
no fue más execrable seguir viviendo sin gritar a toda
voz en alarido la protesta el rechazo el reclamo de
justicia ¿Ante quién?¿Cómo seguir viviendo así tan cotidianamente
rumiando la comida amando disfrutando cuando se ahogan
en su propia sangre cientos de miles de condenados en
la tierra? ¿En el África Negra con su apartheid
y sus Soweto y en Namibia y Rhodesia y en el Asia
en el Líbano y en Irlanda del Norte sobre el potro
de los ajusticiados? ¿Se puede seguir viviendo así
cuando un solo alarido de horror recorre
las vértebras del mundo?
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