¿QUE QUÉ? /
La justicia argentina acaba de frenar el intento de reforma laboral que promueve el Gobierno del ultraderechista mandatario Javier Milei, contemplada en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), con el cual se busca generar un shock económico y social de impredecibles consecuencias.
La reforma laboral de Milei está orientada, entre otros aspectos, a extender el periodo de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reducir el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reducir las licencias por embarazo, maternidad, paternidad, así como anular el derecho a la huelga e implementar medidas de fuerza y restricción a la protesta.
Igualmente, establece cambios en los juicios laborales, reducción de las aportaciones y contribuciones jubilatorias, de las indemnizaciones y de las multas por registro deficiente de los trabajadores.
Ante la retardataria reforma, el pasado miércoles 3 de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente dicha reforma que apunta a una desregulación amplia de la economía.
Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron una medida cautelar solicitada por la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayor del país- que deja sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre.
La semana pasada, la CGT, de inspiración peronista, llevó a cabo una movilización contra el DNU y además solicitó al Poder Judicial que frenara los cambios laborales que el Gobierno de Milei busca imponer por decreto.
Las medidas del decreto de Milei se complementan con las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el segundo día de haber iniciado gestiones el nuevo Gobierno, el pasado 12 de diciembre, y por la conocida como “Ley Ómnibus”, con la que el Ejecutivo pretende acumular poderes legislativos.
Para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no se avizoran “razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo a lo que hace a la legislación de fondo”.
Además, señaló en la providencia que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención del Legislativo “tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral”, en relación a las limitaciones de huelga y la anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente.
Ahora, los paquetes de medidas económicas del Gobierno argentino cuentan con varios frentes abiertos.
El primero, en el ámbito político, donde Milei depende del apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus propuestas. En segundo lugar, la oposición en las calles, donde ya se han producido movilizaciones. De hecho, el próximo 24 de enero, la CGT ha convocado media jornada de paro general y una gran movilización frente al Congreso de la Nación. Y por último, en el ámbito judicial, donde los recursos de amparo contra el DNU presentados en los tribunales argentinos ya superan la decena.
