POR ALEJO VERGEL /
Tras los incumplimientos por parte de la administración de Iván Duque, llega el Gobierno de Petro a asumir la irresponsabilidad del uribista.
El presidente Gustavo Petro y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, están en el ojo del huracán mediático por la organización de los Juegos Panamericanos 2027 —unos eventos deportivos que conglomeran a atletas de múltiples disciplinas del continente americano un año antes de los Juegos Olímpicos—, toda vez que Panam Sports decidió quitarle la sede a Barranquilla tras una serie de incumplimientos en los pagos. El contrato se firmó durante el gobierno de Iván Duque y el exalcalde Jaime Pumarejo. Se comprometieron a pagar 4 millones de dólares antes del 30 de julio del 2022 y dejar la plata para la organización en el Presupuesto del 2023, pero no lo hicieron. Los periodistas amigos del expresidente lo defienden indicando que en el “anteproyecto del Presupuesto 2023” se habló de ese dinero, pero resulta que en el proyecto presentado y finalmente aprobado no se incluyó dicho ítem.
Tras los incumplimientos por parte de Duque, llega el gobierno de Petro a asumir la irresponsabilidad del uribista. Durante el 2023 desarrollaron todo tipo de reuniones y buscaron soluciones. Finalmente en noviembre del año pasado la ministra Rodríguez aseguró que tenían listos 8 millones de dólares para pagar lo del gobierno anterior y un saldo adicional de 4 millones de dólares que corresponden a otra obligación. La plata debió girarse en dos partes: una antes del 31 de diciembre del 2023 y la otra antes del 31 de enero del 2024.
La ministra Astrid Rodríguez le dijo a Panam Sports que por favor le permitiera entregar todo el dinero en enero, algo que aparentemente aceptaron, pero iniciando el año la organización decidió unilateralmente anunciar que ya no harían los Juegos en Barranquilla porque no recibieron los pagos. Aunque a la extrema derecha colombiana nunca le ha interesado estos deportes, no sacan tiempo para verlos así sea por televisión y no han apoyado a los deportistas del país, armaron el escándalo porque se trata del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo todo esto destapó lo que presuntamente hay detrás de unos eventos que le costarían a Colombia entre 400 y 500 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de “expertos”, porque debo recordar que el contrato lo firmaron en la administración de Iván Duque y el clan Char cuando la gobernación del Atlántico era manejada por Elsa Noguera, algo que desde el inicio deja dudas. Por eso el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, se puso a escarbar en lo firmado y encontró algunas particularidades que permiten pensar que si se realizan los Juegos en Colombia, el contrato debe revisarse a profundidad porque es posible que existan aparentes multimillonarios negocios escondidos en él para favorecer a las familias aliadas de los clanes políticos costeños y el uribismo.
Como siempre, al pueblo nunca le llega la plata de las supuestas “inversiones”. Hay que añadir que Pumarejo fue uno de los alcaldes más cuestionados del anterior cuatrienio: aumentó la inseguridad más que en cualquier otra ciudad grande; la pobreza y el endeudamiento estuvieron a la orden del día. Eso sí, a punta de manipulación logró con los Char ser el alcalde más popular, según las encuestas.
La denuncia del congresista Ocampo
Tres días antes que Gustavo Petro asumiera la Presidencia de la República firmaron un acuerdo de asociación para conformar el “comité organizador” de cinco personas que administraría los Juegos, y nombrar un operador de confianza. Cuatro aliados de los Char, mientras que el Gobierno solo pone uno, cuando es el que tiene que “soltar” los más de 400 millones de dólares que dicho comité debe administrar.
Posteriormente, analizando el contrato, Ocampo encontró tremendas perlas: acordaron que los colombianos paguemos 58 millones de dólares por los derechos de transmisión, venta de patrocinios, entre otros. No obstante, en el mismo documentos se establece que Panam Sports es la única dueña de la transmisión -—para lo cual entregaremos 20 millones de dólares— y “se reserva el derecho de explotación; es decir, no compraron nada o pagaron para pasarlo en solo dos canales. ¿Estupidez o negocio?”, explica el congresista.
Asimismo se estableció el pago de 18 millones de dólares por el derecho a patrocinios, pero solo tres de ocho, y de esos cinco restantes Panam Sports se queda con los patrocinadores TOP. “Se comprometieron a pagar esa plata solo por tres vallas”, sentenció. También se comprometieron a pagar 20 millones de dólares para que Panam Sports contrate una compañía que transmita los eventos deportivos, pero lo curioso es que básicamente Colombia no tiene derechos de transmisión amplios y aun así, según denuncia el parlamentario, tenemos que dar plata para contratar los equipos audiovisuales y los expertos en dicha área.
A países como Brasil, México o Chile la organización de los Panamericanos les costó mucho más de lo que inicialmente se planteó, por eso para Ocampo es preocupante que en el contrato de los Char se haya dado un valor “indeterminado”, es decir, realmente no se sabe el costo final. El congresista habla de unos 800 a 1.000 millones de dólares, lo que terminaría en una tragedia financiera que pagaremos todos pero unos pocos se llenarían los bolsillos.
“Cuatro días antes de irse Duque suscribió un contrato por un valor indeterminado; es decir, si mañana los Char y su combo dicen que los juegos valen 8 billones de pesos, toca pagarlos con la plata de los colombianos (…) El comité organizador, que son de mayoría de Char y de Cambio Radical, que fueron los mismos que firmaron el convenio de asociación por un valor indeterminado, escogieron la persona que va administrar todos estos billones, y adivinen qué, es un miembro del mismo comité organizador. El comité organizador escogió al Comité Olímpico, su presidente tiene 3 votos en el Comité y firmó todos los contratos. ¿Nos ven cara de pendejos en serio?”, aseguró.
El Gobierno de Petro ha revisado todo el proceso y ha enviado una carta a Panam Sports para que no nos quiten los Juegos, pero el país exige una renegociación de ese contrato si finalmente queda como sede.
Diario Red, España.
