POR RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL* /
I.
El genocidio permanente es uno de los rasgos centrales de la vida nacional. No sólo homicidios, asesinatos, a veces masacres. Hay un hilo de sangre, una cuerda de continuidad de la violencia sistemática, un asunto tenebroso que no puede reducirse a calificativos eufemísticos y minimalistas. Como lo hacen algunos violentólogos, y los abogados de mortuorias, bien “cuidadosos”, de su neutralidad y objetividad. Como si no fueran sujetos situados, entre los intereses en pugna de una sociedad desgarrada en extremo.
Lo que se realiza a veces en forma abierta o disfrazada, es el lavado de la imagen de presidentes y gobiernos, quienes han estado comprometidos con la maquinaria de violencia del Estado por acción u omisión. Gracias especialmente al extraordinario movimiento mundial con la verdad en la historia y en el derecho, se puede proceder, tal como lo afirma Jacques Derrida “de acuerdo con ese concepto jurídico tan reciente de crimen contra la humanidad” [1]. Lo cual permite que nadie pueda gozar de impunidad.
En Colombia, rige la anomía, lo que conduce a una gran ilegitimidad de las relaciones de dominación y organización social. Existe esta anomía, en simultáneo con una vida democrática vibrante, en distintas esferas de la geografía nacional. Anomalía peligrosa que desdice de la existencia de una democracia que ha vuelto al genocidio, un elemento constitutivo de la existencia social.
El genocidio colombiano es el mayor de toda nuestra América y uno de los más graves y grandes del mundo. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, en entrevista a Yamit Amat del 4 de julio de 2023 en el periódico El Tiempo, dice: “Estamos descubriendo que Colombia está llena de cementerios clandestinos… Le repito: El país es un cementerio clandestino de muertos de la guerra” [2]. La metáfora del jurista de que Colombia es un cementerio clandestino, me parece acertada y señala sin cobardías morales, la magnitud de lo que sigue sucediendo. Porque el genocidio no cesa con 100.000 desaparecidos a cuestas, 9 millones de víctimas, 500.000 muertos, millones de desplazados en un contexto de contarreforma agraria, la más grande y cruel del hemisferio occidental. ¿A quiénes mataron ayer, a quiénes están matando ahora?
II.
El presente terrible que vivimos arrastra un pasado, cuyo ciclo comienza hacia 1945, se acelera desde el 9 de abril de 1948, con el crimen de Jorge Eliécer Gaitán y miles de muertos en esos días. Esta situación se corresponde con una resistencia nacional contra el gobierno de Ospina Pérez, se mantiene durante la llamada Violencia, en los gobiernos dictatoriales de Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez, seguido de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Vino luego el Frente Nacional como partido del orden señorial y burgués, con su sistema político excluyente, elitista y abiertamente clerical y pronorteamericano. En este período cesó, la violencia entre los partidos tradicionales, esas dos tribus feroces y se desarrolló una nueva tipología de violencia clasista, de arriba abajo. En todo este período de guerras y violencias, de gestación y desarrollo del genocidio permanente, se dieron resistencias armadas de trabajadores, y estudiantes que se vincularon a una guerra campesina que se volvió más ideológica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de orientación comunista y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de influencia del cristianismo hereje de Camilo Torres Restrepo. Aumentó el abanico guerrillero con los maoístas pro-chinos del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de otras organizaciones de distintos horizontes ideológicos. Sobre este relato de los hechos y del texto se da el contexto del impacto de la Revolución cubana, la Revolución china y la vietnamita que sirvieron de inspiración, a veces copia y calco, para las insurgencias armadas en América Latina y en Colombia.
En esa variopinta existencia de grupos, surge, producto de distintas divisiones el Movimiento 19 de abril (M-19), que combinó la lucha armada rural con la forma de guerrilla urbana. Inspirados en la experiencia y a veces copiándola de los Tupamaros uruguayos y del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina (ERP).
Se desató una dura represión, incluyendo la tortura y la muerte, se dio una dura lucha armada de los guerrilleros, hasta el genocidio del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, cuya responsabilidad es atribuible a una cuadratura de fuerzas: el gobierno de Belisario Betancur, el Ejército, el M-19 y la mano larga de los Estados Unidos [3]. La toma del palacio fue un golpe de Estado a la justicia, literalmente arrasada.
La catástrofe del Palacio de Justicia consolidó la anomía social y fortaleció el desarrollo del paramilitarismo, que se había formado en distintas expresiones históricas con los pájaros, los chulavitas y los bandidos, que poblaron la Colombia de 1945 hasta el Frente Nacional.
El complejo y enredado desarrollo económico social, vivió una guerra interburguesa, entre sectores emergentes, rentistas establecidos y los tradicionales de la burguesía y las capas medias con trágicos resultados. Son los carteles de la mafia de Medellín, Cali y otros lugares. De nuevo, con la mano larga y fuerte de los Estados Unidos, impulsando la guerra contra las drogas, en un proceso que se disparó desde la década de los 80 o antes hasta hoy. Y que es una de las matrices del genocidio permanente.
La tradicional sociedad criminal, la creada y creadora de la anomía, se articuló con la nueva burguesía de empresarios de las drogas a escala internacional.
Distintos países se “narcotizaron”, desde el propio gran consumidor los Estados Unidos, seguido de México, Centroamérica, Bolivia, Perú y Brasil. Y sigue la expansión que ahora azota a nuestro vecino el Ecuador. Pero el país campeón es Colombia en la siembra, producción, distribución y un consumo creciente. Además de la existencia de una variopinta oferta de drogas como la heroína, el fentanilo y drogas sintéticas de todo tipo. Con la marihuana incluida a la brava. Todo esto constituye la Caldera del Diablo.
III.
La guerra de la droga continúa a pesar de su fracaso y los anuncios gubernamentales. Sin que se reconozca la inevitable necesidad de plantear una salida, comenzando con la legalización de la droga. No como una política aislada sino como una propuesta formal, de cara a la reforma de la Convención de Viena sobre drogas ilícitas. Hay que domesticar las drogas, con su legalización, con políticas públicas de salud y derechos humanos a escala internacional. No se puede mantener la política suicida de continuar la guerra contra las drogas de manera disfrazada, diciendo ¡No se puede legalizar!, porque nadie quiere. Se trata de plantear el tema a nivel de Estados con una diplomacia propositiva y una discusión pública para comprometer la opinión sobre algo que es esencial. Sin resolver este asunto de las drogas, no se puede llegar a la “Paz Total” porque la estructura criminal se reproduce pese a los golpes recibidos. Hoy las mafias son inmensamente poderosas a nivel internacional y esta guerra constituye la generadora de las violencias, en los países mencionados y amenazan con fuerza a otros como Chile y Argentina.
Colombia debe asumir en su calidad de principal víctima, el liderazgo moral y político del tema de la legalización. Invitando a México, otra gran víctima, especialmente ante el anuncio de una conferencia internacional sobre el tema de las drogas en la ciudad de Cali. Los Estados Unidos deben aceptarlo por ser los primeros responsables en la expansión actual de las drogas sintéticas y el fentanilo, lo que los mantiene como principales consumidores mundiales de drogas prohibidas.
La propuesta de legalización es el correlato del reconocimiento al discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde planteó el fracaso de la guerra contra las drogas y el deber esencial de realizar la “Paz Total” [4].
Estamos entonces, viviendo un proceso histórico de Paz y guerra como un todo. Aquí no hemos vivido en paz, con brotes de violencia como un asunto de policía, como dicen, los maquilladores del sistema.
Los procesos de paz que se han vivido durante 70 años, desde la pacificación de Rojas Pinilla, las amnistías del Frente Nacional, los diferentes momentos de reincorporación de las disidencias guerrilleras, el acuerdo con el M-19 en el gobierno de Virgilio Barco, hasta el pacto del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, no refutan esta tendencia histórica, esta realidad.
La paz con las FARC, la convirtieron en una pacificación, donde los insurgentes son tratados como derrotados y lo pactado se exhibe como un saludo a la bandera, porque ni siquiera su vida está garantizada dado el número espantoso de asesinatos de esta organización cercanos a 380.
Se evidencia así, el genocidio permanente como un personaje central de nuestra historia desgraciada. A los optimistas les digo, sí hay momentos felices en nuestra historia, logros extraordinarios, pero ello se debe ante todo a la porfía de los de abajo, de las personas del común, que, mantienen el principio esperanza [5].
Las negociaciones de paz con el ELN, la Segunda Marquetalia, las Disidencias se dan en una situación de grave deterioro de los derechos humanos y la paz. Con un tejido social roto, una destrucción ambiental constante y en el fondo de todo un modelo de desarrollo del capitalismo neoliberal. Se requieren decisiones creativas que comprometan ampliamente a la nación y la sociedad. Es imperativo, como punto de entrada la disolución del paramilitarismo, la libertad de los presos políticos y sociales y acoger con audacia exigencias largamente aplazadas. Decirle claramente al país que se negocia con todas las guerrillas subversivas porque son actores políticos en ejercicio del derecho de rebelión, incluyendo la Segunda Marquetalia.
Se trata de establecer y restablecer, la confianza, la seguridad en las decisiones y defensa de su legalidad y legitimidad. No puede ser sólo una paz del gobierno con el binomio de Fuerzas
Armadas y las insurgencias. A la cual se suman distintos gremios económicos, la Iglesia católica y otros. Debe ser una negociación democrática con actores plurales de la más diversa condición sociopolítica, teniendo en cuenta los procesos anteriores de paz. El Presidente y el gobierno deben dirigir con pulso firme, atendiendo las iniciativas de los insurgentes y las voces de la sociedad nacional e internacional.
La “Paz Total”, tiene como peligrosa realidad, la división de la casa común, el enfrentamiento clasista agudo. Esto opera contra las posibilidades de la paz, porque sin cambios socioeconómicos significativos, todo será frágil y en extremo difícil. Además, el carácter fragmentario de las negociaciones será más pronunciado y riesgoso. El que el diálogo con las guerrillas sea por separado, puede ser una aparente ventaja, porque lo propicio es que la insurgencia se coordine por iniciativa propia o que el gobierno las convoque para ello. Me parece, que más temprano que tarde aparecerá este imperativo.
La paz fragmentada se puede prolongar, al lograr el acuerdo con uno de los sectores y ser un triunfo político ocasional, lo que a la postre resulta débil, como lo demostró la paz con las FARC.
La “Paz Total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca comprometer a las llamadas bandas criminales con la propuesta del sometimiento a la justicia. Escogió el camino del laberinto legal cuando se tiene a mano el derecho presidencial para garantizar la paz y el orden público, como lo establece la Constitución Política y lo permite el derecho internacional. Un conjunto de decretos basta, para acometer la tarea de explorar, conversar y eventualmente negociar con las bandas del crimen organizado. Entre estas se destacan el llamado Clan del Golfo, este último suele presentarse como Autodefensa Gaitanista, buscando utilizar el prestigio del líder histórico asesinado. Es una organización delictiva, de alta peligrosidad, responsable de múltiples crímenes, dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, los sobornos, la corrupción, en un contexto sociopolítico que la hace una fuerza suigéneris, con modalidades propias, al moverse entre la delincuencia organizada y la subversión política. Esta organización suele convocar paros regionales, aprovechando conflictos de distinto orden desde hace varios años. Y han dicho que no se someten porque no están derrotadas, pero hasta ahora es un decir. Es importante que las bandas criminales expliciten todas sus aspiraciones para tener en cuenta, con realismo que se puede éticamente negociar.
En cambio, la negociación con el crimen organizado deberá hacerse por sectores ya que se dinamiza el proceso, sin negar la posibilidad de que entre ellos se coordinen.
La conclusión es sencilla hay que dialogar y negociar con todos los demonios [6].
Notas
[1] Derrida Jacques. Universidad sin condición. P.15. Editorial Trota. Madrid. 2002.
[2] Entrevista de Yamit Amat a Carlos Roberto Vidal. Periódico El Tiempo, 04 de julio de 2023.
[3] Uran Bidegain, Helena. Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985. Segunda Edición. Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, 2023.
[4] Sánchez Ángel, Ricardo. “Legalizar es domesticar”. Periódico “Un pasquín”. N°. 112, octubre de 2022.
[5] Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio contra la Unión Patriótica. https://corporacionreiniciar.org/wp-content/uploads/2023/02/SENTENCIA.pdf
Ver igualmente el artículo de Ricardo Sánchez Ángel, “Terrorismo de Estado”. Periódico “Un pasquín”. N°. 116, febrero de 2023.
[6] Ferrajoli, Luigi. Justicia Penal Transicional, para la Colombia del Posconflicto y las Garantías para la Paz interna. Revista Nueva Época N° 45, Pp. 37 – 52 Bogotá, Universidad Libre, Facultad de Derecho. 2015. También Ricardo Sánchez Ángel. Seis tesis sobre el derecho a la paz en Colombia en la misma revista Pp. 53-70.
Bibliografía
Derrida Jacques. Universidad sin condición. P. 15. Editorial Trota. Madrid. 2002.
Entrevista de Yamit Amat a Carlos Roberto Vidal. Periódico el Tiempo 04 de Julio de 2023.
Ferrajoli, Luigi. Justicia Penal Transicional, para la Colombia del Posconflicto y las Garantías para la Paz interna. Revista Nueva Época N° 45, Pp. 37 – 52 Bogotá, Universidad Libre, Facultad de Derecho. 2015. También Ricardo Sánchez Ángel. Seis tesis sobre el derecho a la paz en Colombia en la misma revista pp. 53-70.
Sánchez Ángel, Ricardo. “Terrorismo de Estado”. Periódico Un pasquín. N° 116, febrero de 2023.
Sánchez Ángel, Ricardo. “Legalizar es domesticar”. Periódico Un pasquín. N°. 112, octubre de 2022.
Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio contra la Unión Patriótica. https://corporacionreiniciar.org/wp-content/uploads/2023/02/SENTENCIA.pdf
Uran Bidegain, Helena. Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985. Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, 2023.
Ficha técnica
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*Profesor Emérito Universidad Nacional de Colombia.
