POR FERNANDO ESTECHE
Ecuador está en medio de una operación de caotización y narcotización.
La toma de un canal de TV, de la Universidad, y de las cárceles; ofrecieron condiciones para que, incluido el aval del expresidente Rafael Correa, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa Azín declare el “estado de excepción” y “estado de conflicto armado interno”, facultando a las Fuerzas Armadas a operar internamente, en medio de la suspensión de las garantías constitucionales.
Probablemente la irrupción de 13 chicos mal armados y peor organizados en la estación de televisión, y de otros tantos en la Universidad, facilitaron y aceleraron la creación de unas condiciones que incluso ponen a Ecuador a expensas de la “ayuda” norteamericana. Que estos chicos estén mal armados y peor organizados no quiere decir que la criminalidad ecuatoriana se reduzca a estos episodios.
No se trató de revolucionarios asaltando universidades y medios de comunicación, sino de unas docenas de chicos enlistados en las bandas criminales sin mayor prospecto ni reivindicaciones que esgrimir su capacidad de violencia. Asesinar frente a la filmación de los teléfonos a los guardia-cárceles sin ningún motivo, lejos de emparentarlos con las peores prácticas “político militares” de algunos carteles mexicanos, de algunas guarimbas contrarrevolucionarias venezolanas, o de Daesh, los muestran como practicantes de una violencia inconducente y sin sentido.
El “paquete” Bukele no sólo fue caballito de batalla de campaña, sino que ha sido trabajado estos tiempos de gobierno con asistencia israelí, expertos en confinamientos y torturas.
La colonización del Estado y de la política ecuatoriana (financiada por este) de parte del crimen organizado es una evidencia cada vez más indisimulable.
El asesinato del candidato presidencial que venía enunciando la cooptación estatal de parte del crimen organizado, Fernando Villavicencio, fue corolario de una sucesión de crímenes contra dirigentes políticos como el alcalde de la portuaria Manta, o Pedro Briones en Esmeraldas, en esa misma costa, dirigente correísta; como demostración de fuerzas de las bandas criminales frente a un estado y un sistema político impávidos e impotentes, entonces hubo menos espanto internacional.
Pero para intentar entender la genealogía de la violencia criminal en el país debemos primero contemplar algunas cuestiones que favorecieron esta situación.
Ecuador limita con los grandes productores de coca, Perú y Colombia; tiene los puertos del pacífico y la red caminera en mejores condiciones de la región.
La economía dolarizada facilita operaciones de blanqueo; la desregulación en el comercio exterior que facilita el contrabando (las aduanas y puertos son privados); el aparato de inteligencia contra-criminal fue desarmado por Lenín Moreno, lo mismo que el Ministerio de Justicia que administraba el servicio penitenciario.
Las pandillas del país se sofisticaron y ganaron organización y complejidad. Controlan un abanico de economías criminales.
Hoy el país es una plataforma financiera alimentada por fondos provenientes del narcotráfico y del contrabando de oro, de trata de personas; y otras actividades criminales.
La desarticulación estatal operada por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso facilitó la infiltración y colonización de las instituciones y de la política de parte de las bandas criminales. Esto es, la penetración criminal en los aparatos estatales; la Policía, la justicia, la Fiscalía General, y el Poder Ejecutivo.
En plena pandemia se dieron las terribles y trágicas revueltas carcelarias que pusieron en evidencia la impotencia estatal y el control criminal del sistema carcelario. Fue por entonces cuando asesinaron a un importante jefe de la más grande banda criminal de entonces y donde muchos encontrarán las razones de la explosión pandillera. Nosotros sostendremos a priori que dicha explosión más probablemente tenga que ver con los diferentes roles que empiezan a jugar los distintos grupos en las variadas etapas de la producción, transporte, y comercialización, en el caso de la droga.
Es dable señalar, para entender este fenómeno, que se trata en general de bandas con terminales en organizaciones criminales mayores del extranjero como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, y que usan estas bandas como ejecutores en el territorio ecuatoriano. Lo mismo con grupos criminales europeos e incluso australianos.
Cuando hablamos de colonización institucional estamos sosteniendo la penetración criminal en los propios aparatos estatales; policía, justicia, fiscalía general, y poder ejecutivo. La “muerte cruzada” por la cual renuncia Lasso tiene que ver con denuncias que exponen la relación entre la mafia albanesa y el entorno presidencial.
La retirada del Estado de la contención social por los ajustes neoliberales fue rápidamente suplida por las distintas redes criminales. Los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen otro destino posible que enrolarse en la militancia criminal que no sólo les asegura un ingreso y un rol social, sino que además resuelve el control policial de la territorialidad que domina, y la asistencia a viudas, familiares de presos, y enfermos que puedan necesitarlo. Del lado estatal sólo reciben expulsión, desprecio y persecución. Es una ecuación trágica perfectamente aplicada.
Ecuador es hoy un importantísimo centro de distribución de cocaína para Estados Unidos y Europa. En Europa se han descubierto grandes cargamentos de cocaína disimulados en envíos de bananas, justamente bananas es el rubro comercial del actual presidente Noboa.
El desarme y traslado de la insurgencia colombiana dejó un vacío de poder y un terreno a ocupar en la frontera con el país, que fue rápidamente ocupado por la criminalidad.
La consolidación de Europa como mercado de consumo opera también en la importancia de los puertos ecuatorianos y explica también la presencia de mafias como la albanesa.
La liberalización del comercio entre Ecuador y la Unión Europea, a partir del acuerdo de libre comercio de 2016, no sólo aumenta el flujo del transporte comercial, sino que los controles se vuelven más lábiles facilitando las operaciones criminales.
Alguna pregunta corresponde plantearnos
¿Puede darse un crecimiento de semejantes formaciones de violencia sin un guiño de dejar hacer de parte de los dispositivos de vigilancia global?
¿No resultaba evidente que liberalizar el comercio exterior, una economía dolarizada donde no hay control de mercado de divisas ni monetario, la desregulación en controles, y desarme de la inteligencia estatal criminal, favorecía y constituiría una plataforma criminal?
¿La cooperación anti criminal que viene ofreciendo Estados Unidos y que ahora profundiza, no evidencia su interés en que se haya producido esto?
Como reflexión diremos que el presidente Noboa ha declarado una guerra en su territorio que expone a toda la población ecuatoriana en esa guerra sin uniformes ni bandos, donde los soldados son reclutados por necesidad o coacción en cualquiera de los lados.
Enfrentamos próximas semanas donde además del fascista oprobio criminal salvadoreño se montará algo similar en Ecuador. Un continente que no merece semejantes dispositivos de criminalización y mucho menos merece un pueblo donde crece la criminalidad ante la falta de políticas de inclusión social.
