LA NUEVA PRENSA /
Con esta Fiscalía ¿para qué justicia? La vicefiscal Martha Mancera, ordenó archivar todos los casos penales que existían en su contra. Hizo esto antes de asumir el cargo de Fiscal General encargada debido al retiro de Barbosa por vacaciones acumuladas de cuatro años, lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre. Ella comenta que estará por mucho tiempo en el cargo, pues existe un supuesto trato con la Corte Suprema para que no elija a ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro.
Durante 2022 la Fiscalía General de Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, recibieron un millón 661 mil 814 denuncias de los colombianos y, sin la más mínima investigación, archivó el 81,7 %, esto es un millón 357 mil 427 denuncias que pasaron directamente a la basura en aras de la impunidad.
“Esto indica que Barbosa y Mancera echaron por la borda la función constitucional investigativa que tiene esa entidad”, dijo una de las fuentes de ese organismo que fueron consultadas para este reportaje.
“La función de perseguir el crimen”, agregó la fuente “también fue excluida en esta administración, pues solamente tienen importancia los casos recomendados por amigos o jefes políticos de Barbosa y Mancera, incluidas bandas criminales”.
“Un país sin justicia es un país sin paz, dado que los ciudadanos quedan sin otro camino que hacer justicia por propia mano”, explicó un fiscal que ha sido sistemáticamente perseguido por negarse a delinquir por pedido de Barbosa, Mancera o sus delegados.
¿Qué casos son los que se archivan? A partir de la información entregada por fuentes fidedignas de la entidad, se han archivado y se siguen archivando, primero que todo, “los casos de más alta corrupción que afectan el país y que trasciende las fronteras”, uno de ellos es la investigación CUI No. 110016000101201700031 que se adelantaba en contra de Gina María Parody D’echeona (exministra de Educación Nacional) y su familia, por su vinculación con un de los escándalos de corrupción más grandes y actuales del país: ODEBRECHT, cuya abogada defensora es una de las tres actuales candidatas a ser Fiscal General de la Nación: Ángela María Buitrago Ruíz. Este caso fue archivado por Gabriel Ramón Jaimes Durán, uno de los altos funcionarios de la entidad conocidos allí como sicarios judiciales del despacho.
En esa misma línea está el archivo de fecha 26 de febrero de 2021 de la investigación No. 110016000000202100392, adelantada en contra del empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Él es dueño y directivo de las empresas colombianas favorecidas con el contrato Ruta del Sol II (Corficolombiana y Grupo Aval); posteriormente, con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pero con un interés preponderante de apoderarse de la concesión de la navegabilidad del rio Magdalena, en la que el transporte de mercancías es mucho mayor que el terrestre, el aéreo y el férreo.
Luego, están los archivos para favorecerse personalmente del señor Francisco Roberto Barbosa Delgado y su familia. Es el caso del CUI No. 110016000102202200242, investigación adelantada en contra de la señora Walfa Constanza Téllez Duarte (esposa de Barbosa). Ella fue denunciada por contratar con una empresa a la que le hacía control fiscal como delegada de la Contraloría General de la República.
El encargado de este archivo es otro de los “sicarios del despacho”: el fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, quien al mismo tiempo ha sido uno de los encargados de sabotear el caso contra Uribe Vélez por compra de testigos.
De otra parte, la vicefiscal, Martha Mancera, no solo ordenó archivar las investigaciones seguidas en su contra por narcotráfico, sino las de su hermano: Alexander Suárez Mancera. Este, además del puesto de técnico de computadores, pasó a ser fiscal delegado tras hacer un curso corto en una universidad de garaje. Se trata del radicado CUI No. 110016000101201900064, adelantado por el ingreso abusivo al sistema de información de la entidad (SPOA) para obtener ilícitamente datos personales de ciudadanos investigados. Con estas actividades favoreció a secuestradores, extorsionistas, prevaricadores y otros. La investigación de este caso fue archivada por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Néstor Armando Novoa Velásquez, subalterno de Mancera.
Mancera fue más allá: ordenó ella misma archivar absolutamente todas las investigaciones penales que existen en su contra. Hizo esto antes de asumir el cargo de fiscal general encargada debido al retiro de Barbosa por vacaciones, lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre. Ella estará en el cargo mientras la Corte Suprema de Justicia no elija un reemplazo de Barbosa, cuyo periodo expira el 12 de febrero de 2024. La misma Mancera ha comentado que su permanencia será larga en virtud de un supuesto acuerdo secreto entre Barbosa y algunos magistrados de la Corte Suprema. En caso de desarchivarse algún caso contra ella este pasará a la oscura Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde los corruptos tradicionalmente tienen garantizada la impunidad plena.
Uno de esos casos de Mancera que ella misma se hizo archivar es el radicado CUI No. 110016000102202100220, adelantado por el delito de prevaricato por omisión el pasado 4 de diciembre de 2023. El encargado fue el Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernán Suárez Delgado, por “atipicidad de la conducta”; esto quiere decir que no hubo delito, “lo cual resulta falso, las pruebas dicen lo contrario”, afirmó una de las fuentes.
Hay, dijeron las fuentes, “fiscales delegados con permiso para delinquir –también llamados sicarios judiciales”—: Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez (hoy fuera de la entidad por efecto de las investigaciones publicadas por La Nueva Prensa), quienes tienen registradas en el sistema de información SPOA infinidad de investigaciones, todas en su mayoría archivadas, “pese a que las denuncias hechas en contra de estos han sido serias”, aseguró una de las fuentes consultadas.
“Un ejemplo patético lo es el archivo de la investigación CUI No. 110016000102202300050, de fecha 14 de noviembre de 2023, adelantada en contra de Betancur por omitir denunciar al corrupto ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez Neira ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con base en las revelaciones rendidas por el señor Otto Nicolas Bula Bula”, opinó un funcionario de la Fiscalía consultado.
Betancur fue beneficiado por el Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernán Suárez Delgado, siguiendo órdenes de Mancera.
El también llamado “rey del delito”, Daniel Hernández Martínez, cuenta con innumerables registros en el sistema de información de la Fiscalía por diversas trasgresiones penales “pero no le pasa nada, pues sigue en su cargo”, se lamentó una fuente.
Entre los casos archivados a Hernández Martínez se encuentra una de las solicitudes de investigación penal que hizo el Fiscal General de la Nación Ad-Hoc, Leonardo Espinosa Quintero, al haber omitido imputar el delito de lavado de activos y concierto para delinquir a Otto Nicolás Bula Bula, así como irregularidades dentro del radicado CUI No. 110016000000201701596, adelantado contra cuatro empresarios brasileños que participaron en el entramado de corrupción del caso ODEBRECHT. Por este caso Hernández encara la posibilidad de ser pedido en extradición por Estados Unidos.
“Todo esto ocurre frente a los ojos de los colombianos que impávidos observan y callan, de las autoridades administrativas y judiciales del Comment je vais-je y aller (Cómo voy yo ahí) y de las más altas organizaciones criminales armadas y de cuello blanco, estas últimas mucho más peligrosas y corruptas”, escribió un fiscal en un concepto que le solicitó La Nueva Prensa.
“La situación es verdaderamente preocupante”, conceptuó otro fiscal, “afecta de manera directa al ciudadano de a pie puesto que es una política de la señora Martha Janeth Mancera archivar los casos relacionados con la seguridad ciudadana como: el hurto en todas sus modalidades, homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, etc.”.
Por esta figura –archivo por atipicidad-, se alteran las estadísticas institucionales, “véase lo ocurrido en Cali en días pasados. Según las estadísticas de la Fiscalía es más segura esta ciudad que la misma Suiza, razón por la cual el presidente de la república no la incluyó dentro de los planes de priorización en seguridad”, agregó en su concepto a este medio un fiscal del Valle del Cauca.
“El responsable de esta desfachatez es el lazarillo Director Nacional de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, Juan Sebastián Salcedo Cuello, un funcionario nombrado por el nefasto exfiscal Martínez Neira para cumplir las órdenes delictivas de archivar sin ningún argumento técnico o jurídico los casos a nivel nacional”, opinó una indignada fiscal de Bogotá.
“El modus operandi de Juan Sebastián Salcedo Cuello”, agregó la misma fiscal, “consiste en inventarse unas causales de archivo que no existen en el Código de Procedimiento Penal, más sujetas al capricho de servidores de bajo rango y poca preparación académica que subsisten en la entidad gracias a la politiquería y la burocracia que permea la entidad de cabo a rabo”.
Los hallazgos obtenidos para este reportaje indican que las decenas de millares de carpetas archivadas carecen por completo de actos de investigación de la policía judicial; no obstante, el argumento para cerrar los casos es atribuido a la falta de interés de las víctimas al no acudir a los despachos de los fiscales a implorar atención, “pero a la gente normalmente la sacan con cajas destempladas, pues lo único que reciben son insultos y malos tratos, esto tiene que cambiar”, opinó una de las fuentes.
Salcedo Cuello, ha organizado un grupo de funcionarios que viajan por todo el país con cuantiosos viáticos para revisar las cargas de casos de fiscales que no tiene ningún interés en cumplir su función. “Luego, mediante sus antijurídicos argumentos cierran miles de casos, sin que medie una evaluación sensata o razonable frente a los derechos de las víctimas del delito: todo es mediocre, arbitrario y corrupto, incluso este villano mancilla y acosa a sus propios colaboradores”, denunció una funcionaria que dice haber sido su víctima.
NOTA: La Nueva Prensa solicitó por escrito una entrevista a la vicefiscal Mancera para confrontarla respecto de la corrupción de ella misma y de la Fiscalía General de la Nación, no contestó y el caso está ahora en un trámite de tutela.
La Nueva Prensa, Bogotá.
