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Las representaciones de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú hablaron en el Foro Económico Mundial y mostraron sus diferentes posiciones ante la situación actual.
La continuidad o no del capitalismo en su versión neoliberal vuelve al centro del debate entre los gobiernos suramericanos, que por un lado defienden ese modelo económico que se fundamenta en el bienestar del sector privado y la concentración inmoral de la riqueza como lo acaba de reiterar el último informe de Oxfam sobre desigualdad social, y por otro, lo condenan por ser excluyente, incentivar la pobreza e intensificar la inequidad.
El Foro Económico Mundial (FEM) que se realiza esta semana en Davos, Suiza, ha sido el escenario para que los mandatarios y representantes de algunos de los gobiernos suramericanos expresen sus posturas con respecto a la necesidad de sostener o dejar atrás el modelo capitalismo neoliberal, mientras discuten si es una alternativa o una causa de la «crisis civilizatoria» en la que se debate el mundo.
Prueba de esta encrucijada a la que se ve expuesta Suramérica en la actualidad -integrada por varios gobiernos de izquierda como Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela, por un lado, y por otros, con gobiernos más conservadores y de extrema derecha instalados hacia los Andes y el Cono Sur- son las posiciones asumidas por los presidentes Gustavo Petro y Javier Milei, que tienen visiones totalmente opuestas.
«El único sistema moralmente deseable»
Para el mandatario argentino, Javier Milei, quien se presentó por primera vez en el FEM con un discurso pintoresco, contradictorio y sin bases sólidas, el capitalismo es el único modelo posible porque, a su parecer, cualquier otra vía conduce al socialismo, lo que para él representa «un fenómeno empobrecedor» que mató a «150 millones de seres humanos», sin especificar la fuente de la supuesta cifra de «víctimas».
Según el extravagante Milei, quien se autodefine como «libertario», la vía para lograr el éxito económico es el capitalismo de empresa, que considera como «el único sistema moralmente deseable» para erradicar la pobreza. «El capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general», afirmó.
El ultraderechista argentino argumentó que tras hacer un análisis personal a la historia del mundo, pudo comprobar que desde el año 0 hasta el 1.800, el Producto Interno Bruto (PIB) global estuvo estancado. Sin embargo, dijo, que con la llegada del capitalismo en el siglo XIX, el planeta registró un crecimiento económico acelerado.
Entonces, según su tesis, la tasa de pobreza a nivel mundial cayó del 95 % en 1.800 al 5 % en 2020. «La conclusión es obvia: el capitalismo es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia, la evidencia empírica es incuestionable», señaló.
Milei, quien enfrenta fuertes protestas en su país por promover una diversidad de controvertidas medidas impopulares y que son consideradas como regresivas a los derechos sociales obtenidos por la población, también atacó toda regulación estatal, al socialismo, los feminismos y los «experimentos colectivistas» que, a su parecer, ocasionaron que los liderazgos occidentales abandonaran «el modelo de la libertad».
«Sostener la vida en el planeta»
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, defendió en Davos su posición antineoliberal, al abogar por el restablecimiento del verdadero respeto al derecho internacional, que a su parecer «se ha vuelto pedazos», y lograr que el mundo haga un cambio efectivo al sistema financiero mundial.
Para ello, dijo Petro, el mundo debe dejar atrás el «capitalismo de fortaleza, que levanta muros y arroja bombas», como «el genocidio» y el bombardeo contra niños palestinos por parte de Israel, en sus ataques sostenidos contra la Franja de Gaza, donde han muerto al menos 10.000 infantes.
Este cambio de paradigma, que para Petro es causante de la desigualdad y la pobreza, requiere también una atención debida a los retos actuales que representa la agravada crisis climática, que ahora necesita más fondos para ayudar a los países emergentes a enfrentar los efectos de la crisis climática.
El mandatario colombiano advirtió que los 100.000 millones de dólares anuales estipulados a partir de 2020 en el Acuerdo de París, «ya no son nada», porque la cantidad que se necesita anualmente sería «30 veces superior», lo que implica el necesario «cambio del sistema financiero mundial». Esa transformación podría comenzar por condonar las deudas de los países pobres y emergentes, para que inviertan en acción climática.
Petro también criticó la postura divisoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ha dedicado a separar «políticamente al Norte y al Sur» y lamentó la existencia de una «crisis civilizatoria», que comienza con la crisis climática, pero que tiene otras vertientes como la «barbarie» a la que está sometida Palestina o como la «relación comercial» que se impuso durante la pandemia del coronavirus para la compra de vacunas.
El líder colombiano también indicó que el cambio que necesita el planeta, debe hacer a un lado la cooperación de «limosnas» que han ejercido los países ricos del Norte contra los pobres del Sur global. Para ello, es fundamental el uso de la tecnología de forma igualitaria y compartida, lo que sí generaría un cambio en la geopolítica mundial.
«Colombia paga una prima porque se le considera riesgoso como Brasil, Ecuador, Venezuela, como todos los países de la selva amazónica. Lo riesgoso hoy no son los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte», señaló.
Ecuador y Perú: dos gobiernos neoliberales en crisis
Además de las visiones de Petro y Milei, surgen las posiciones de Ecuador y Perú, que desde hace años adoptaron el neoliberalismo como modelo, pero que en la actualidad sufren delicadas crisis particulares como gobernabilidad, institucionalidad, desempleo, desigualdad, pobreza, criminalidad y narcotráfico.
Ecuador —que tras los años de la Revolución Ciudadana que lideró el expresidente progresista Rafael Correa entró a un ciclo de gobiernos conservadores y de derecha defensores del capitalismo salvaje que comenzó con Lenín Moreno, siguió con el banquero Guillermo Lasso y que ahora continúa el magnate bananero Daniel Noboa— se encuentra sometido a una profunda crisis de seguridad y violencia criminal que ensombrece al país y pone en jaque al Gobierno.
La ultraconservadora canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, intervino en Davos y admitió que además de la crisis delictiva, la población de ese país se enfrenta a falta de oportunidades en educación y empleo, sobre todo para los más jóvenes.
Ese contexto socioeconómico, explicó, agravó los niveles de criminalidad y «debilitó bastante todas las instituciones que tienen que ver con seguridad y con el sistema de justicia». Además, indicó que solo en 2022, cerraron unas 40.000 empresas en Ecuador. Esto se traduce en un golpe a la economía y al modelo de libre mercado.
Por su parte, el ultraconservador Javier González-Olaechea, canciller del gobierno interino de la cuestionada presidenta de facto Dina Boluarte en Perú —país que desde hace años enfrenta una crisis social e institucional de gobernabilidad que empeoró cuando el Congreso destituyó al mandatario de izquierda Pedro Castillo—, defendió la inversión de la empresa privada al señalar que sin ella no habrían «posibilidades de desarrollo».
A pesar de esto, advirtió que la naciente era disruptiva —que incluye la generación de inteligencia artificial, nuevas formas de comunicación y la bioingeniería—, podría generar destrucción de empleos y crear «nuevos bolsones sociales que amenazan la gobernanza de los países»,
Según el diplomático, Perú ofrece condiciones «estables» para «las inversiones y el comercio», que se dan «en igualdad de condiciones macroeconómicas para los inversores nacionales y extranjeros». Sin embargo, el país suramericano maneja también fuertes condiciones de precariedad y ruralidad de su población, sobre todo en las regiones más apartadas del país, donde se acentúa la pobreza y la desigualdad, provincias que además convocan continuamente a protestas antigubernamentales.