POR JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA
En el siglo XIX la humanidad avanzó en derechos individuales, inspirados en el liberalismo. Las condiciones del capitalismo explotador, sin derechos laborales y el ascenso de las luchas obreras, despertaron el creciente interés por la justicia social, que prosperó en el siglo XX. Fue posible por la difusión de las filosofías obreristas y particularmente del marxismo, el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia y la influencia de dos procesos: la Revolución mexicana (1910) y su Constitución de 1917, y la Revolución bolchevique en Rusia (1917).
Lograr la justicia social pasó a ser una aspiración de importancia mundial, sobre la base de considerar como injusto un sistema que no promueve la igualdad, la equidad, la redistribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza. El nacimiento del socialismo en Rusia y después de la Segunda Guerra Mundial su implantación en Europa del Este y luego en China, así como el “peligro” de su expansión, fueron determinantes para las reformas sociales en los países capitalistas: en los Estados Unidos, gracias al New Deal impulsado por F. D. Roosevelt (1933-1945) se implantó el Estado social, mientras en la posguerra surgieron en Europa los Estados de Bienestar con economía social de mercado. En todos, la búsqueda de justicia social requirió del amplio intervencionismo estatal en la economía; la provisión de servicios públicos, entre los cuales seguridad social, atención médica y educación pasaron a ser universales y gratuitos en Europa; el reconocimiento de amplios derechos para los trabajadores; y altos impuestos progresivos sobre empresas y sobre las rentas, que en EE.UU. llegó hasta una tasa del 91 % sobre los ingresos.
En América Latina el camino fue más lento y permanentemente resistido por las oligarquías tradicionales y las burguesías emergentes. Gracias a los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) Ecuador impuso el intervencionismo estatal sobre el dominio plutocrático, inauguró la seguridad social, proclamó derechos laborales en la Constitución de 1929 e introdujo impuestos sobre las rentas y las utilidades del capital. Los gobiernos del “populismo” clásico latinoamericano en Argentina, Brasil y México, impulsaron Estados y economías sociales. El pensamiento económico marxista latinoamericano, de los dependentistas, o los estructuralistas de la CEPAL, cultivaron el ideal de justicia social. Incluso el desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 se guió con ideales parecidos. Pero debimos pasar las nefastas experiencias de los 80 y 90, cuando se abandonó cualquier rumbo anterior a fin de montar exclusivamente economías empresariales y neoliberales, para que la región recupere, recién en las primeras décadas del siglo XXI y gracias a los gobiernos progresistas, el camino a la edificación de sociedades con justicia social.
El neoliberalismo no busca justicia social. Hasta su léxico va por otro lado: competitividad empresarial, fomento a las inversiones, disminución del gasto público, achicamiento del Estado, suprimir impuestos, privatizar bienes y servicios públicos, flexibilizar leyes laborales, apertura de mercados, globalización. Uno de sus teóricos fundadores, el austríaco Friedrich von Hayek (1899-1992), en su libro ‘Camino de servidumbre’ (The Road to Serfdom, 1944), se manifestó como fanático defensor del capitalismo y enemigo del “socialismo”, visto como “totalitarismo” conculcador de la “libertad”, algo que incluso polemizó con su rival, el “estatista” J. M. Keynes. Estaba obsesionado en la defensa del capitalismo y en su lucha contra el “socialismo” cuando recibió el mal llamado Premio Nobel de Economía en 1974 (oficialmente se llama Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel). Y siguió así hasta su última obra, ‘The Fatal Conceit: The Errors of Socialism’ (1989). Lo que poco suele destacarse es que Hayek, en Law, Legislation and Liberty. The Mirage of Social Justice, que resumió en su ensayo “El atavismo de la justicia social”, hizo una crítica igualmente radical al concepto de justicia social, atacando no solo a la Doctrina Social de la Iglesia, sino a todas aquellas corrientes de pensamiento que también lo utilizan. Hayek la considera una idea “imposible” para la economía, un concepto que debe ser “eliminado” de toda teoría social y que lleva a justificar gobiernos autoritarios.
Pero las ideas de Hayek adquieren hoy particular significación para América Latina, región que nunca estudió ni conoció. Reivindicando a este economista, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un inesperado discurso en el World Economic Forum realizado en Davos, Suiza (15-19/enero 2024). Allí afirmó: “El problema es que la justicia social no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva ¿o acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que, a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”. Y, desde luego, complementó: “Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia”.
El desconocimiento de la historia de la humanidad y de la actualidad de América Latina es evidente. Pero no sólo está allí el problema. Si el neoliberalismo ya abandonó todo vestigio de justicia social, el libertarianismo anarco-capitalista que postula Milei desde hace años, y que ahora contagia e hipnotiza cada vez más a los círculos de las derechas teóricas y entre el empresariado de la región, da un paso adelante: se lanza frontalmente contra la justicia social y todas sus implicaciones. Nada de redistribuir la riqueza, nada de impuestos, que los bienes y servicios sean adquiridos “libremente”, nada de Estado. Los pobres son “libres” para salir de su situación o quedarse en ella. Lo que exclusivamente interesa es el reino de los empresarios privados y del mercado libre. La ideología neoliberal y libertaria, que confunde eso como “libertad”, arrasa siglos de filosofía y de historia sobre la humanidad, los derechos humanos y los derechos sociales. Es la utopía superior del capitalismo. Un hegelianismo económico de la libertad.
En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) revivió el neoliberalismo; y su continuador, Guillermo Lasso (2021-2023), quien provino de Ecuador Libre, un tanque de pensamiento devoto de Hayek, intentó el camino “libertario”. En siete años el país se convirtió en una mina del narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, la “guerra interna”, con enorme concentración de la riqueza, privilegios para los banqueros y grupos económicos, e indetenible crecimiento de la pobreza, el desempleo y el subempleo. Rige el poder de la oligarquía del siglo XXI, sin Estado de derecho. En Argentina la “libertad” se está imponiendo a fuerza de represión. Siguiendo a Hayek, la justicia social, obviamente, ha sido “eliminada” no sólo en la teoría, sino en la práctica.
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