POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
El pasado 8 de febrero se volvieron a llenar las calles y las plazas por manifestantes multiculturales, multiétnicos, con sus banderas, eslóganes, cánticos y danzas; de forma pacífica transcurrieron las marchas en el país; sin embargo, en el centro de atención principal, el Distrito de Bogotá se presentó un disturbio en las afueras de la Corte Suprema de Justicia al cinco personas, al parecer infiltradas, intentar violentar la entrada a su sede, situación controlada por los propios manifestantes al impedir que continuarán con su intención. Como era de esperarse, los mass media opositores al gobierno, aprovecharon la situación para hacer de esto un argumento más en su contra; salieron además, los sectores políticos reaccionarios del centro-derecha a invocar la defensa institucional del país, pero ¿quién está verdaderamente poniendo en riesgo las instituciones colombianas?
Mucho se cacarea sobre el régimen democrático tanto a nivel nacional como internacional, pero lo que se oculta es que, en este sistema económico capitalista, es una gigante mentira y mucho más con el modelo neoliberal actual. Cuando el poder económico está concentrado en pocas manos NO existe democracia, la privatización de los derechos, el dominio de los mercados, la manipulación del sistema financiero mundial de los diferentes países –a su conveniencia-, hace que este término “democracia” y su acompañante “la libertad” sean solo dos palabras vacías, sin nada que ver con la realidad, pero que sí sirven de sustento para la arbitrariedad.
No se puede ser libre si la mayoría de la población mundial tiene las condiciones básicas de subsistencia insatisfechas, no puede existir democracia cuando se niegan los derechos y el sentido positivo de la libertad, es decir, unas condiciones de vida digna para toda/os.
La democracia liberal capitalista oculta está realidad, la del dominio de una clase económica, su control y manejo del Estado con su aparato institucional a su favor. Bajo la falsa premisa de la “libertad” (libertad negativa, en el sentido de no impedir los negocios individuales de ellos) y la “democracia” (vaciada de los más mínimos derechos para la población), se crea una matriz ideológica falsa para engañar a la población general. Para completar, hoy con el neoliberalismo, fuera de privatizar los derechos en la “acumulación por desposesión”, se ha incrementado la privatización de la justicia, todo a favor de la clase dominante; de forma que, mientras unas gozan de impunidad, a las otras se les aplica todo el rigor de la ley.
A nivel internacional, los grupos económicos con sus multinacionales y el mundo financiero imperial arrodillan a gobiernos y países enteros a su favor, sacrificando la mayoría de la población mundial, y quien no lo haga, será duramente castigado (v.g. Cuba, Venezuela), o adelantan con justificaciones espurias guerras y genocidios sobre poblaciones enteras escondiendo sus fines económicos y de dominación (v.g. Afganistán, Libia, Siria, Irak, Palestina). Esa es la “democracia y libertad” que dicen defender.
El caso colombiano tiene una historia de más de 200 años donde las clases dominantes han manejado a su antojo el Estado y los connatos de asomo de poder popular, han sido duramente reprimidos, de forma violenta, como el movimiento de artesanos y la Sociedad Democrática a mediados del siglo XIX, el asesinato de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, el Estatuto de Seguridad de Turbay, el exterminio de la Unión Patriótica (UP), el asesinato de líderes/lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, desmovilizados y firmantes de los procesos de paz desde Guadalupe Salcedo hasta Carlos Pizarro Leongómez. Es decir, en Colombia no se ha cumplido ni siquiera, con el más elemental de los derechos, el derecho a la vida, concatenado al derecho político de tener una ideología y opinión diferentes a las del status quo; ni mucho menos, con los colectivos (económicos, sociales, culturales, de género, ambientales).
Para complicar aún más el asunto, en los últimos 40 años el Estado ha sido cooptado, en un proceso paulatino, por una clase emergente producto del negocio del narcotráfico, aumentando la violencia contra las poblaciones con la estrategia paramilitar, llevando a cabo el despojo y la apropiación ilegal de territorios, aumentando el número de desplazamientos de poblaciones, asesinatos y masacres; con crímenes desde el propio Estado, llegando al extremo de delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas “falsos positivos”. Toda una alianza entre empresarios, terratenientes, ganaderos, políticos, fuerza pública, paramilitares y narcotraficantes para apoderarse del país como ha quedado en claro con los informes de la Comisión de la Verdad y La Jurisdicción Especial para la Paz.
Ese es el agravante por la elección de un nuevo Fiscal en Colombia hoy, la disputa frente a poderosos que cooptaron la Fiscalía, Procuraduría y las altas cortes: la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que necesitan de la impunidad para continuar con su dominio, frente al sector mayoritario de la población que reclama un cambio al interior del propio Estado, una purga institucional de la mafia con judicialización de los responsables.
¿A cuál defensa institucional se refieren entonces los sectores de centro-derecha, incluyendo los famosos expresidentes, no será a sus propios intereses?
Como lo dice el abogado constitucionalista William Alvis Pinzón: “Ante una decisión administrativa electoral, como lo es la elección del Fiscal, y no judicial, los magistrados de la CSJ deben cumplir con la Constitución que juraron defender, artículo 209, bajo los principios de moralidad, transparencia, eficacia y celeridad -de obligatorio cumplimiento- en la elección. Con la movilización popular no existe ninguna injerencia indebida sino el reclamo legítimo del constituyente primario para que los magistrados cumplan con su labor con prontitud sirviendo de válvula de escape a la polarización institucional”. En otros términos, para saciar el deseo más anhelado por el pueblo en la actualidad: el de la justicia imparcial y la lucha contra la impunidad.
Por lo tanto, con la movilización social reclamando prontitud en la decisión de la CSJ y defendiendo al gobierno del lawfare, NO existe ningún quiebre institucional como lo quieren presentar las clases dominantes con sus mass media, sino una movilización del constituyente primario, es decir, del pueblo, quien es el que posee el poder en una verdadera democracia. Han pasado ya más de 200 años donde se ha negado la participación del pueblo, ahora éste, junto al Gobierno del Cambio, se levanta y moviliza para salvaguardar el proyecto de la apertura democrática y reclamar lo que le pertenece.
Se espera entonces que el próximo 22 de febrero, los magistrados de la CSJ, cumplan con su responsabilidad constitucional de elegir Fiscal y no alteren ellos mismos el orden institucional que juraron defender, de lo contrario continuará ejerciendo su papel el constituyente primario.
