POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
“Aquí no estamos con novatos, el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años”.
– María Fernanda Cabal. Discurso en mitin del Centro Democrático. 04/02/2022.
Esta lapidaria exclamación, de la senadora portavoz del ‘matarife’, hace notorias las verdaderas intenciones del Estado profundo, frente a la legítima elección del presidente Gustavo Petro. Pese a que siguen detentando el poder económico, político, militar y judicial, no se pararán en mientes para recuperar el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, la administración del erario, los bienes de la nación y las coimas que recibían por concepto de las mega contrataciones de grandes obras públicas, la privatización de la salud y los servicios públicos, que constituyen cuantiosas fuentes de acumulación de capital, a la que incorporaron el lavado de extraordinarios ingresos provenientes del mega negocio del narcotráfico.
Estos son los intereses, además de los que se derivan de la desregulación y precarización de la explotación de la fuerza de trabajo, que los amos del país consideran en riesgo con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Su estrategia es recuperar el gobierno e impedir que avance y se profundice un proceso de reformas democráticas y sociales en todos los ámbitos de la vida nacional. Para lograr su propósito están dispuestos a recurrir a los medios que consideren necesarios, incluido el golpe de Estado. Su táctica es la desestabilización, impedir que gobierne y ejecute las reformas prometidas, desarrollar campañas mediáticas de tergiversación, calumnias y magnificación de los errores, sembrar confusión sobre las negociaciones de paz y sobre los proyectos de reformas a la salud, laboral, la educación, la justicia, etc.; además de difamar y aniquilar moralmente al mandatario y sus inmediatos colaboradores.
El establecimiento, para avanzar en sus acciones desestabilizadoras, tiene bajo control la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las cúpulas de las altas cortes que continuaron en manos de funcionarios de extrema derecha que actúan bajo sus órdenes, administran justicia con doble racero, bien, para entorpecer la función pública; bien, para garantizar impunidad a las mafias en el poder, favorecer operaciones del narcotráfico o, blanquear grandes capitales provenientes del maldito negocio.
Fiscales al servicio de los gobiernos de turno
Cada gobierno de la extrema derecha, ha ejercido su mandato con Fiscal propio y, generalmente, con mayorías en las altas cortes. Esta ha sido la práctica desde siempre, los fiscales Luis camilo Osorio (2001 – 2005) y Mario Germán Iguarán (2005 – 2009) funcionaron al servicio de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, el primero para tapar los crímenes del mandatario y encubrir el genocidio perpetrado por la pérfida alianza de las Fuerzas Armadas con las bandas paramilitares y, el segundo, nombrado fiscal como cuota de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por intermediación del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, según las declaraciones del genocida comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); ambos garantizaron impunidad tanto al gobernante, como a los altos mandos de la fuerza pública, a los jefes paramilitares y a los jefes ganaderos beneficiados con el despojo de tierras, adquiridas luego a precios irrisorio por Fedegán. Néstor Humberto Martínez Neira (2016–2019) nombrado Fiscal por acuerdo entre los expresidentes Santos y Uribe, con el beneplácito del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su grupo Aval, del cual fue su asesor jurídico, para apagar el incendio de los macro escándalos de Odebrecht y las multimillonarias coimas pagadas por dicha multinacional para cubrir los costos de las campañas electorales de Santos y Zuluaga.
En el Gobierno de Gustavo Petro, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo y la Corte Suprema de Justicia, que venían cumpliendo su misión de encubrir las tropelías de sus mentores, como la elección del ‘subpresidente’ Duque con votos comprados con dineros del narcotráfico y del clan Char, cierran investigaciones por casos de soborno en el escándalo de Odebrecht, en asocio con el clan Sarmiento Angulo, a altos funcionarios del Gobierno de Santos para quedarse con los contratos de la Ruta del Sol y la construcción de la variante Ocaña–Gamarra, delitos debidamente comprobados por la justicia norteamericana, garantizando así la impunidad a los responsables sobornados de las campañas presidenciales del candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, y del Partido de la U, Juan Manuel Santos; e igualmente, tapar los delitos al encubridor antecesor, exfiscal Humberto Martínez Neira, por el mismo escándalo, garantizar impunidad a la exministra Karen Abudinen en el escándalo de Centros Poblados, por el robo de $70.000 millones, que estaban destinados a la conectividad rural, entre otros. Y, para remate, asegurar la preclusión del proceso de soborno a testigos que adelanta la justicia contra el expresidente Uribe.
Instrucción expresa para desestabilizar el Gobierno Petro
Pero la elección de Gustavo Petro obligó a los amos del país a reorientar el rol de sus funcionarios tanto en el Ministerio Público como en la rama judicial para ordenarles que cumplan su nueva misión de desestabilizar, desde dichas instituciones, la labor del nuevo mandatario. La procuradora Cabello se dedicó a perseguir, investigar y sancionar parlamentarios del Pacto Histórico, altos funcionarios del gobierno con medidas de suspensión temporal del cargo, sin fórmula de juicio, sus víctimas fueron el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas, el canciller Álvaro Leyva Durán, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga y el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez; sanciones impuestas bajo el manto de “medidas cautelares”, sin que mediara el debido proceso. No existe antecedente de una persecución sistemática y sanciones a ministros y altos funcionarios del Estado que si delinquieron en gobiernos anteriores. La obediente procuradora Margarita Cabello, cumple a cabalidad su nueva misión de entorpecer a toda costa la labor del Gobierno.
Francisco Barbosa, fue seleccionado por la Corte Suprema de Justicia, de manera exprés, sin exámenes rigurosos y prolongados estudios de su hoja de vida, como Fiscal al servicio del ex subpresidente Duque, su mejor amigo. Por su parte, el corrupto exfiscal Humberto Martínez, le colocó como vicefiscal a la cuestionada Martha Mancera. Mientras Barbosa estuvo al servicio de Iván Duque le garantizó impunidad por todos sus torcidos.
Iniciado el mandato de Gustavo Petro, sus amos le asignaron la misión de hacerle oposición y demeritar su condición de Presidente legítimamente elegido. Los medios hegemónicos le abrieron los micrófonos, los gremios económicos lo llevaron a sus congresos en los que se dedicaba a despotricar y a llenar de improperios, descalificar y deslegitimar al mandatario y en especial a desconocer su autoridad, a tacharlo de favorecer a los delincuentes del Clan del Golfo, equipararlo con el criminal narcotraficante y aliado de Uribe, Pablo Escobar, a promover entre los mandos militares la desobediencia a las órdenes impartidas en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a desconocer la jerarquía institucional del presidente y a sabotear la ejecución de la política de “Paz Total” del gobierno, aprobada por el Congreso, avalada por la Corte Constitucional y respaldada por la ONU y la OEA.
Corrupción durante la Fiscalía de Barbosa
Los periodistas e investigadores Gonzalo Guillén y Julián Martínez han denunciado ampliamente la corrupción, los crímenes y la complicidad del fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y el fiscal Daniel Hernández con el Clan del Golfo en la Costa norte, en donde taparon el asesinato de más de 200 personas “para encubrir los nexos del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández”; hicieron evidente la ineficiencia de la Fiscalía al denunciar que en 2022 archivó, “sin ninguna investigación previa el 81.7 % de las denuncias que elevaron los colombianos”.
Gonzalo Guillén, la revista Raya y RTVC Noticias, revelaron el escándalo de los vínculos del director de Fiscalías de Buenaventura, Francisco Javier Martines Ardila, alias “Pacho Malo”, protegido por la vicefiscal Martha Mancera, basados en el informe de tres investigadores encubiertos, uno de los cuales fue asesinado, entregado al fiscal Barbosa y a la vicefiscal Mancera. En dicho informe se denuncia que “Pacho Malo” hace parte de las organizaciones de narcotraficantes, encargado de contaminar los contenedores que partían de Buenaventura con alijos de cocaína de 40 a 400 kilos. Tanto la Vicefiscal, apodada “La mamá” por los narcos y el Fiscal, no solo no abrieron investigaciones sobre las denuncias sino que protegieron a “Pacho Malo”, quien, hasta hoy, sigue campantemente vinculado a la Fiscalía; en cambio los dos investigadores sobrevivientes fueron encausados por esta institución por narcotráfico.
A raíz de las revelaciones con pruebas contundentes, Gustavo Petro ha denunciado que la Fiscalía ha sido tomada por el narcotráfico, hecho que junto a la sistemática persecución de que ha sido objeto por parte del fiscal Barbosa, a quien ha señalado de conspirador y autor de la ruptura institucional, así como a quienes lo acolitan en su acción desestabilizadora. En ese contexto, el Presidente, en cumplimiento de su función constitucional, presentó, con cuatro meses de anticipación, una terna de candidatas a la Fiscalía, que fueron declaradas por la Corte Suprema de Justicia como idóneas para ocupar la alta magistratura; pero, parece que cuatro meses no fueron suficientes para el estudio exhaustivo de las hojas de vida de las postuladas que requieren los togados, porque en las dos rondas realizadas, ninguna de las ternadas obtuvo los 16 votos requeridos, en cambio predominó el voto en blanco.
Gobierno prende las alarmas
Todo indica que la Corte carece de voluntad política para nombrar la Fiscal que remplazará al corrupto e inepto fiscal Barbosa. De antemano las declaraciones de éste y Mancera, preanunciaban con pedante seguridad, que la Vicefiscal quedaría encargada del ente acusador hasta que a la Corte le venga en gana escoger su remplazo. El Presidente, ante la gravedad de la situación y el riego de que quedara al frente de la Fiscalía la vicefiscal mas cuestionada de la historia, por sus sospechosos vínculos con el narcotráfico, prendió las alarmas ante el país y la comunidad internacional y convocó al pueblo a defender la democracia y exigir la pronta elección de la nueva Fiscal en las calles. La respuesta fue masiva, las organizaciones sociales y de la clase trabajadora se manifestaron pacífica y masivamente en 71 municipios de Colombia, incluidas Bogotá y las capitales departamentales; la protesta fue ampliamente registrada por RTVC y las redes sociales y bastante minimizada por los medios hegemónicos quienes difundieron la falsas noticia de intimidación e intentos de agresiones violentas a los togados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dejó en evidencia su doble moral, porque después de asegurar al Director de la Policía que no requerían refuerzos para su seguridad, produjo un comunicado exigiendo al Gobierno garantías para la próxima reunión en la cual se hará nueva ronda de votación.
Entre tanto, Gonzalo Guillén informó que, mediante derecho de petición, solicitó a los 23 magistrados que informaran si tenían familiares trabajado en la Corte Suprema de Justicia, 8 de los cuales, incluido el señor Chaverra, respondieron afirmativamente. Resultó que todos ellos tienen a sus esposas, hermanos, cuñados e incluso hijos, nombrados en altos cargos y con altos sueldos en dicha corporación. Por lo menos llama a la sospecha, de si esa es la razón de por qué Barbosa y Mancera se sentían tan seguros de que la Vicefiscal quedaría encargada, no se sabe por cuanto tiempo. Los antecedentes son bastante negativos. La revelación del Director de La Nueva Prensa, devela que en las cúpulas de la rama judicial se tejen prácticas clientelistas que enrarecen el ejercicio transparente de la administración de justicia en nuestro apalastrado país.
Al llamado de Petro a la comunidad internacional respondieron la OEA, la ONU y la CIDH, para instar a la Corte Suprema de Justicia “a que realice el proceso de selección bajo los preceptos de imparcialidad e institucional. Igualdad, no discriminación, formación y merito” (CIDH) y el respeto a la institucionalidad para el pronto nombramiento de Fiscal en propiedad.
Petro exclamó en un trino desde su cuenta de Twitter: “Ahora es el mundo el que se ha pronunciado”. Queda claro que la presión social, democrática y pacífica en las calles debe continuar, hasta lograr que los clientelistas togados nombren en propiedad la nueva Fiscal General de la Nación. El país y el mundo lo reclaman.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
