POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Nos sacude con fuerza hoy un torbellino de crisis en dos instituciones públicas de salud de Medellín: Metrosalud y el Hospital General. Metrosalud, la institución pública insignia de la ciudad –por lo que representa en atención en salud, en cobertura y red-, con sus 10 unidades: Belén, Castilla, Doce de Octubre, Manrique, San Javier, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Cruz, Nuevo Occidente y Buenos Aires; y con sus 43 centros de salud: Belén Rincón, Altavista, Trinidad, Guayabal, El Poblado, Robledo, Alfonso López, Santander, Moravia, Aranjuez, Civitón, Picacho, El Triunfo, San Camilo, Raizal, San Blas, Campo Valdés, CISAMF, La Cruz, Santa Rosa de Lima, Estadio, La Quiebra, Villa Laura, La Esperanza, Palmitas, La Loma, Unidad de Salud Mental, El Limonar, Villa del Socorro, Popular 1; la hacen, una de las mejores y más grandes redes establecidas en el país, para la atención de la población general y en especial aquellas con menores recursos económicos de los barrios periféricos de la ciudad.
Se establece que, su foco de atención poblacional es de por lo menos 600 mil personas, donde aproximadamente, 450 mil pertenecen al régimen subsidiado, 50 mil al contributivo y 100 mil a población pobre no asegurada. Esto sin contar la atención a los migrantes venezolanos. Por otra parte, para cumplir con su función social la empresa necesita una gran nómina de médicos, generales y especialistas, enfermeras, bacteriólogos, odontólogos, regentes de farmacia, químicos farmacéuticos, técnicos en radiología, auxiliares de servicios, personal administrativo, ingenieros biomédicos, camilleros, conductores de ambulancias, etc., aproximadamente una nómina propia de 2.100 personas, sin contar contratistas y personal externo.
Por ello, cuando hablamos de la crisis en Metrosalud, estamos hablando de una doble crisis, tanto para la atención de una gran cantidad de población en la ciudad, la mayoría vulnerable, así como, para todo el personal que labora en la institución con sus familias que dependen de su sustento.
Según las denuncias: “Desde hace varios años, Metrosalud viene presentando pérdidas operacionales que al mes de noviembre del año anterior alcanzaban los 28.674 millones de pesos, con una cartera de 90.736 millones de pesos, gran parte de ella irrecuperable por ser de entidades liquidadas, y unas cuentas por pagar de 92.804 millones de pesos, de los cuales 37.715 millones estaban vencidos. Para el año 2024, el presupuesto tiene una desfinanciación que asciende a 135.578 millones de pesos” [1].
Al valorarse las causas de esta situación no se puede caer en la inmediatez, porque si bien es cierto, que el problema requiere para su solución inicial recursos de forma inmediata, NO es esa medida la que va a permitir una salida sostenible a mediano y largo plazo.
Si utilizamos el espejo retrovisor, no es solo la administración Quintero, sino la del señor Gutiérrez quién le precedió y así sucesivamente. Pero adicional a la mala gestión de los funcionarios de estas administraciones –que debe ser investigada y sancionada si es del caso-, se debe valorar el funcionamiento del sistema de salud estipulado por la Ley 100/93, que nos rige en la actualidad, donde se castiga a las instituciones del sector público desfinanciándolas y forzándolas a autofinanciarse. Como queda establecido con la creación de las Empresas Sociales del Estado (ESES) (artículo 194) y se les lleva a la venta de servicios como parte de la adquisición de su presupuesto:
Artículo 195, en su parágrafo 7: “El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente Ley”.
Y el artículo 238 que reza: “De la Financiación de los Hospitales Públicos que reciben aportes de la Nación y/o de las Entidades Territoriales. En lo sucesivo y de acuerdo al programa de conversión gradual que para el efecto se establezca, las direcciones seccionales, distritales y locales de salud garantizarán la celebración de contratos de compraventa de servicios con los hospitales para atender a la población que se les asigne o con las Entidades Promotoras de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 10 de 1990 y en la Ley 60 de 1993” [2].
Queda claro que con la Ley 100 de 1993 se estipuló el NEGOCIO DE LA SALUD y para las ESES, gran parte de su presupuesto, empieza a depender de la venta de servicios, a través de la intermediación en salud, sea con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) privadas o mixtas (público-privadas como Savia Salud) donde, si éstas incumplen con los pagos, los retienen, los niegan –por auditorías-, o no los hacen –por declararse en quiebra-, la institución es la que lleva las de perder y con ella sus trabajadores y familiares.
Llevamos treinta años de Ley 100 y la evidencia es contundente: muchos hospitales públicos –ESES- quebrados, desfinanciados, locaciones en malas condiciones, carencia de insumos, personal mal remunerado, contratos laborales con intermediación –por prestación de servicios OPS, cooperativas, sindicatos-, pagos atrasados, municipios sin puesto de salud, abandono de la atención primaria, de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, negación de servicios, paseo de la muerte, tutelas por servicios básicos en salud, EPS con integración vertical que ingresan rápidamente al listado de las 100 empresas más rentables del país; y otras EPS quebradas, con los recursos de sus afiliados desaparecidos, etc.
Los hechos son indiscutibles, el sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 en el país ha hecho agua, ejemplo de ello también, es el reciente informe de la Contraloría General de la Nación:
“La Contraloría General de la República entregó un informe sobre el análisis de la situación de cartera que reportaron 26 EPS, determinando que, con corte a octubre de 2023, estas entidades acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las IPS y proveedores. También se evidenciaron deudas correspondientes a las reservas técnicas y pasivos administrativos.
De acuerdo con el informe, 16 de estas EPS, es decir, el 61.5%, cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorio y, los más grave del caso es que no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los requisitos para operar.
La deuda total de las 26 EPS, solo con las IPS, alcanza la suma de $11.3 billones de pesos.
Para 21 EPS se encontró que de un pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, solo $1.3 billones están respaldados por inversiones, como bonos de deuda pública y títulos de alta liquidez. Esto deja un déficit de $12.4 billones, incumpliendo el Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que requiere invertir el 100% de los recursos, según el Decreto 780 de 2016.
La Contraloría también evidenció que solo 5 EPS cumple con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas, entre ellas están: Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud” [3].
Hoy el caso de Metrosalud y del Hospital General de Medellín, como muchas otras instituciones públicas y privadas en el país, son también la evidencia del FRACASO del sistema de intermediación financiera impuesto por la Ley 100/93.
Por ello, como medida urgente para solucionar el problema de funcionamiento actual, es necesario, no únicamente el flujo de recursos económicos de parte de la Alcaldía, sino el avanzar en el proceso de reforma al sistema, suprimiendo la intermediación financiera, con el objetivo de que los recursos lleguen directamente a las instituciones prestadoras –públicas y privadas-, y así, se pueda cumplir con el derecho a la salud de la población, con su adecuada atención, y con la remuneración y prestaciones a las que tiene derecho el personal que labora en este sector.
Notas
[1] https://asmedasantioquia.org/2024/02/15/todos-juntos-por-el-fortalecimiento-de-metrosalud/
[2] https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-100-de-1993.pdf
[3] https://consultorsalud.com/contraloria-sistema-de-salud-26-eps-25-billones/
