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Las masacres tuvieron como objetivo varios barrios populares de Puerto Príncipe que han desempeñado un papel destacado en la organización de protestas que exigen la responsabilidad del gobierno del mandatario Jovenel Moïse por la corrupción y otras violaciones de los derechos humanos.
Tres masacres mortales dirigidas a barrios empobrecidos de Haití se llevaron a cabo con el apoyo del gobierno haitiano y constituyen crímenes contra la humanidad, según un informe publicado el 22 de abril por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y el Observatoire Haïtien des Crimes contre l’humanité (OHCCH). El reporte señala las pruebas de que los ataques dirigidos por las bandas contaron con los recursos y el apoyo de agentes estatales, desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta la Policía Nacional de Haití.
El informe, ‘Matar con impunidad: masacres sancionadas por el Estado en Haití’, analiza tres ataques ocurridos entre 2018-2020, que en conjunto han matado al menos a 240 civiles. Las masacres tuvieron como objetivo los barrios de Puerto Príncipe de La Saline, Bel-Air y Cité Soleil, que han desempeñado un papel destacado en la organización de protestas que exigen la responsabilidad del gobierno por la corrupción y otras violaciones de los derechos humanos.
“El gobierno de Moïse ha estado impulsando la narrativa de que los ataques son meras luchas internas entre bandas, pero las pruebas demuestran la participación de alto nivel del gobierno en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de los ataques”, dijo Mario Joseph, abogado gerente del Bureau des Avocats Internationaux, una organización miembro de OHCCH.
El informe se basa en investigaciones de expertos en derechos humanos haitianos e internacionales que demuestran que altos funcionarios del gobierno de Moïse planearon los atentados o colaboraron de alguna manera proporcionando a las bandas dinero, armas o vehículos. Para llevar a cabo los ataques se utilizaron recursos y agentes policiales fuera de servicio. La Policía Nacional de Haití no intervino en repetidas ocasiones para proteger a los civiles, a pesar de que los lugares de los atentados estaban muy cerca de varias comisarías. En cada uno de los ataques, las bandas llegaron al barrio elegido, dispararon a los residentes indiscriminadamente, violaron a mujeres y quemaron y saquearon varias casas. En las masacres, participaron repetidamente bandas afiliadas a la alianza G9, dirigida por Jimmy Chérizier, que al parecer goza de conexiones con el gobierno.
“Descubrimos que el hecho de que Moïse no detuviera ni respondiera a los ataques iniciados por sus subordinados puede hacer que el propio Presidente sea responsable de crímenes contra la humanidad”, afirmó Beatrice Lindstrom, instructora clínica de la Clínica de Harvard que supervisó la investigación y la redacción del informe. “Esto debería servir como una llamada de atención a la comunidad internacional para que defienda los derechos humanos, investigue a fondo las denuncias de abusos graves y haga su parte para que los autores rindan cuentas“, añadió.
El informe llega en medio de una crisis cada vez más profunda para la democracia y los derechos humanos en Haití. Las manifestaciones generalizadas se han apoderado de la nación, donde amplios sectores de la población protestan por la corrupción del gobierno, el aumento de la inseguridad y la conducta cada vez más autoritaria de Moïse. En particular, para reprimir la disidencia, Moïse ha criminalizado las formas comunes de protesta y ha creado una agencia de inteligencia para vigilar a la oposición política. Los ataques contra la población civil, incluido el asesinato de destacados críticos del gobierno, se han llevado a cabo en gran medida con impunidad. Aunque la mayoría de los expertos y gran parte de la sociedad civil coinciden en que el mandato constitucional del presidente Moïse finalizó el 7 de febrero de 2021, éste se ha negado a dimitir, insistiendo en que se celebre un referéndum constitucional ilegal antes de las elecciones para su sustitución.
Jovenel Moïse, cuestionado presidente de Haití.
La conclusión de que los ataques constituyen crímenes contra la humanidad refuerza las perspectivas de rendición de cuentas. Además de imponer al gobierno haitiano la obligación internacional de enjuiciar a los responsables, abre la puerta a procesos en tribunales nacionales e internacionales fuera de Haití. También significa que los autores pueden ser perseguidos indefinidamente, ya que son delitos que no prescriben.
“Al igual que el antiguo dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, tuvo que ser juzgado finalmente por su brutal represión décadas después de haber dejado el cargo, los autores de las masacres actuales ya no pueden escapar a la justicia amparándose en la prescripción”, añadió Joseph.
La ONU ha alertado de que la actual falta de rendición de cuentas por las masacres ha fomentado un entorno propicio para nuevas matanzas. Otro ataque en Bel-Air a principios de este mes presentaba sorprendentes similitudes con las masacres analizadas en el informe.
“Los ataques que se recogen en el informe son especialmente graves y están bien documentados, pero forman parte de una campaña generalizada y sistemática de violencia e intimidación de los disidentes políticos”, ha declarado Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), miembro de la OHCCH que ha dirigido investigaciones independientes sobre los repetidos ataques a los barrios empobrecidos. La RNDDH ha documentado al menos 11 masacres a lo largo de la presidencia de Moïse.
El informe se basa en las pruebas recogidas por una serie de investigadores tanto haitianos como de otras nacionalidades en los últimos años y las analiza con referencia al Derecho Penal Internacional. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de Harvard Joey Bui y Nathalie Gunasekera dirigieron la investigación y la redacción del informe bajo la supervisión de Lindstrom.
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