POR JOSÉ ARNULFO BAYONA /
El proyecto de ley de reforma a la salud que, pese el saboteo sistemático de la alianza de los partidos de la extrema derecha opositora, liderada por el delincuente senador del uribato y jefe del cartel de las marionetas, Ciro Ramírez, hoy en la cárcel por milmillonario desfalco al Estado, superó los dos debates de la primera vuelta en la Cámara de Representantes y pasó a segunda vuelta en el Senado con el número 216, está a punto de ser hundido en la Comisión VII de la cámara alta, sin que medie el debate reglamentario que están obligados a cumplir sus 14 integrantes; porque, sorpresivamente, ocho miembros de dicha Comisión radicaron una ponencia que ordena archivarlo.
Ellos son: Lorena Ríos Cuellar, del partido Colombia Justa Libres; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín L, del Partido Conservador; Josué Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático; Miguel Pinto Hernández, del Partido Liberal; Berenice Bedoya Pérez de la ASI y Norma Hurtado Sánchez del Partido de la U. Debe quedar claro que dichos personajes no votan motu proprio sino sometidos a la disciplina de partido, tal como lo ordena la ley. Lo cual quiere decir que votan en representación y por orden de sus respectivas jefaturas y bancadas parlamentarias.
Pero, además, no debe pasar inadvertido que, según fue informado por Noticias UNO y por las redes sociales, los partidos de la mayoría de los firmantes de la ponencia trapera, fueron beneficiados con millonarios aportes, extraídos de los recursos de la salud, por parte de los propietarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que aún se mantienen activas, pero en crisis, con destino a sus respectivas campañas electorales. Lo advertimos de entrada, para poner en evidencia que radicaron la ponencia para obedecer órdenes tanto de sus jefes de partido, como de las entidades que trafican con los recursos de la salud del pueblo colombiano, para financiar las campañas electorales de las mafias que controlan el Congreso de la República y les garantizan continuar con el jugoso negocio de la muerte.
La pobreza argumentativa de los firmantes sepultureros de la reforma, es francamente vergonzosa. Se limitan a repetir los infundios divulgados en los medios de comunicación oficiosos de las EPS, a los cuales destinan otro monto millonario de dineros de la salud para pagarles costosas pautas publicitarias. Además, hacen mutis por el foro de lo ya debatido, aclarado y refutado en el debate que se desarrolló en la Cámara de Representantes; así como, en los distintos foros conferencias, entrevistas y mesas de trabajo desarrolladas en el curso del amplio debate sobre la reforma más debatida en las últimas décadas.
La exministra de Salud, autora principal del proyecto, Carolina Corcho, en reciente rueda de prensa, realizada en la Universidad Tecnológica de Tunja, refutó cada punto de la ponencia de archivo de los ocho senadores y senadoras que la firmaron. Estos son, en síntesis, los argumentos con que la exministra rebatió las falacias de los ponentes del tóxico proyecto:
Arguyen que se necesita una reforma que resuelva problemas de acceso, sostenibilidad financiera y de la atención primaria en salud; problemas que precisamente solucionaría el proyecto que pretenden archivar. Alegan que el sistema vigente tiene cobertura en todo el territorio nacional, pero se hacen los de la vista gorda frente a la realidad de más de seiscientos municipios que carecen de puestos de salud y no reciben atención porque las EPS consideran un mal negocio atenderlos.
No tienen en cuenta que la atención está concentrada en cuatro grandes ciudades, de las cuales provienen los 2.2 millones de quejas por el pésimo servicio que prestan porque en las provincias y las zonas apartadas los y las pacientes se mueren antes de alcanzar a poner las quejas.
Con el mayor cinismo, omiten la profunda crisis estructural que arrastra el sistema de salud desde hace más de 15 años, declarada por la Corte Constitucional en la sentencia T 760 de 2008, que Álvaro Uribe decretó en su gobierno una emergencia sanitaria como consecuencia de la crisis, que la Contraloría advirtió al gobierno de Santos y su ministro Alejandro Gaviria sobre la honda crisis del sistema, que el reciente informe de la Contraloría General, registra la pérdida de $37.4 billones ($12.4 billones de las reservas técnicas y $25 billones que dejaron de pagarle a clínicas y hospitales), que arruinaron la red hospitalaria pública, que el pésimo servicio y las calculadas demoras para prestarlo han causado cientos de miles de muertes que se hubieran podido evitar y, para colmo del descaro, se atreven a acusar al presidente Gustavo Petro de inducir la crisis actual.
Sostienen falazmente, que la crisis del sistema fue causada por la insuficiencia de las Unidades de Pago por Capitación (UPC), cuyo monto asciende a $1.440.000 por cada afiliado del régimen contributivo y subsidiado, de donde provienen la mayor parte de los aproximadamente $91 billones que las 27 EPS recibirán este año, y citan un supuesto estudio de EAFIT, que jamás han publicado, para sostener que las UPC deben incrementarse en 17.1 % y no en el 12.1 % que ya fue incrementado.
ACEMI y Gestarsalud, que agremian a las EPS, no pudieron demostrar al gobierno y a la Superintendencia de Salud que recibían menos plata. Solo cuatro de las 27 intermediarias de salud, reportaron en qué se gastaban los dineros, 23 no lo hicieron.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por el contrario, les demostró que reciben más plata de la que gastan.
Mienten al afirmar que en el proceso el debate no ha contado con participación ciudadana; desconocen deliberadamente que el proyecto de reforma a la salud tiene su origen precisamente en la iniciativa ciudadana, que nació en una Cumbre Social y política, de 10 años de seguimiento y construcción colectiva del proyecto, de innumerables cumbres regionales, foros con estudiantes de las facultades de Medicina, con las organizaciones sociales y sindicales de profesionales y demás trabajadores de la salud, colegios médicos y la Federación Médica, academias de medicina y la ciudadanía en general. Este proceso culminó con la adopción del proyecto, como parte de su propuesta política durante la campaña por el presidente Gustavo Petro. Después de radicado el proyecto, la Cámara de Representantes realizó diez audiencias públicas y varias cumbres regionales y el Senado por su parte, ha realizado 16 audiencia públicas. Talvez, en la historia reciente, “no existe proyecto de ley más discutido que el de la reforma a la salud”, señaló la exministra Corcho.
Los firmantes de la ponencia de archivo, pese a alegar que han escuchado a médicos, pacientes, académicos, etc., se limitaron a reproducir en el texto de la misma el falaz discurso de ACEMI, es decir, la perorata de un solo actor del sistema. No es verdad que hayan tenido en cuenta la opinión y el sentir mayoritario de académicos, facultades de Medicina, profesionales y demás trabajadores del sector, pacientes y familiares de las víctimas del pésimo servicio privatizado de salud. Hasta aquí el sumario, realizado motu propio, de la exposición de la exministra Corcho, quien terminó alertando que, de ser archivado el proyecto “se perderá el esfuerzo de muchos años para enfrentar la muerte”, y “no es justo que ocho senadores pongan en jaque la salud del pueblo colombiano”.
El presidente Gustavo Petro, que presentaba en rueda de prensa su propuesta de un “Metro mixto para Bogotá”, a la pregunta sobre la ponencia de archivo, firmada por ocho senadores respondió que no va a retirar el proyecto. Afirmó, con razón, que “el sistema ya está colapsado, que $37.5 billones de la salud están perdidos y no vamos a dejar que se los roben”.
Queda claro que los ocho agentes de ACEMI y Gestarsaud, cumplen con el deliberado propósito de encubrir los actos delincuenciales de los propietarios de las EPS; algunos de los cuales ya están judicializados y otros condenados, por destinar los dineros de la salud pública a comprar aviones privados, construir lujosos complejos hoteleros, y por supuesto, financiar campañas electorales y pagar costosas campañas publicitarias en los medios corporativos que difunden sus falsedades. Su misión es garantizar la perpetuación del perverso negocio, no la de resolver la grave crisis del sistema privado de salud en estado de coma.
Que no quepa la menor duda, las falacias argüidas por los ocho senadores para sustentar su ponencia de archivo, son prueba de que carecen de argumentos para debatir la propuesta de reforma a la salud ya aprobada por la Cámara de Representantes; que les importa un comino la vida y la salud de los trabajadores y el pueblo más vulnerado y excluido de Colombia. Que, como están en deuda con los financiadores de sus campañas electorales (Keralty – EPS Sanitas-extranjera), están obligados a cumplir el compromiso de hundir, a cualquier precio, el proyecto de reforma democrática de la salud.
Una vez más queda demostrado que los partidos de la derecha neoliberal ejercen el poder político para defender la acumulación de capital y proteger los intereses de los verdaderos dueños del país a costa de la expoliación de los recursos de la salud pública.
No solo el proyecto de reforma a la salud está en riesgo, cada día que pasa es más evidente que las mafias del poder económico, político y mediático, tomaron la decisión, desde el primer día de su posesión, de bloquear las reformas democráticas prometidas por el gobierno de Gustavo Petro. Para lograrlo han recurrido a la política del odio y la calumnia. La unidad y la movilización de la clase trabajadora y el pueblo oprimido y excluido es la única herramienta que queda para avanzar en la lucha por las reformas, la democracia, la paz y la vida digna. ¡Que la voz de la democracia retumbe en las calles!
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
