LA JORNADA /
El Gobierno de Ecuador, encabezado por el magnate bananero y ultraneoliberal Daniel Noboa Azín, declaró el pasado jueves 4 de abril persona non grata a la representante de México en ese país andino, la embajadora Raquel Serur, y unas horas más tarde impuso un riguroso cerco policial a la legación mexicana en Quito, en la que se encuentra refugiado el exvicepresidente Jorge Glas, víctima de una inocultable persecución política. El pretexto esgrimido por la Cancillería ecuatoriana para semejante gesto de hostilidad fue el señalamiento formulado en su conferencia de prensa de este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien que en el proceso electoral que tuvo lugar el año pasado en esta nación suramericana, “un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo, sube”.
Pero la determinación de usar un argumento tan pueril para llevar la relación bilateral al borde de la ruptura –que no otra cosa implica pedir la salida del país de la embajadora mexicana– se inscribe en una serie de desencuentros entre las diplomacias de ambos países que tiene como conflicto central la estancia en la legación de México de Glas, quien fungió como vicepresidente durante uno de los mandatos de Rafael Correa, a quien el gobierno oligárquico actual ha pretendido responsabilizar de todos los problemas del país. Cuando el exfuncionario acudió a la Embajada mexicana, en donde se encuentra en calidad de huésped, las autoridades de Quito pretendieron exigir a México que no le concediera asilo político, una demanda que va en contra de las reglas básicas de esa protección humanitaria, toda vez que corresponde al país que la otorga el decidir si la persona que la solicita es, o no, merecedora a ella.
Como puede verse, no parece haber una razón de fondo para un conflicto bilateral, como no sea la aversión política e ideológica del magnate e imberbe Noboa y su grupo hacia el gobierno mexicano. Sin embargo, el de Ecuador no debe verse como un caso aislado: ha de tenerse en cuenta que los gobernantes derechistas de Perú y de Argentina han adoptado, con pretextos o sin ellos, actitudes hostiles similares hacia la política soberanista que lidera el presidente López Obrador. A ello han de agregarse las tensiones recientes entre Colombia y Venezuela, el diferendo territorial entre ésta y Guyana y los desfiguros verbales del presidente argentino, Javier Milei, en contra de sus homólogos colombiano, Gustavo Petro, brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Y cabe preguntarse, en tal circunstancia, si esta súbita descomposición de las relaciones entre naciones hermanas es mero producto de la casualidad o si, por el contrario, responde a un trabajo de intriga y desestabilización que sólo podría provenir de Washington.
En cuanto al cerco policial a la representación de México en Ecuador se inscribe en un marcado deterioro de la legalidad internacional, en lo que se refiere al respeto a las sedes diplomáticas; baste recordar, a este respecto, que hace unos días el régimen israelí perpetró un bombardeo criminal al consulado iraní en Damasco, en lo que constituye una flagrante violación de leyes y tratados de aplicación mundial.
Es de desear, por último, que las autoridades de Quito depongan una agresividad por demás injustificada, se avengan a acatar las normas internacionales de la diplomacia y del asilo, cesen de inmediato sus acciones hostiles hacia México y permitan, de esa manera, restaurar unos vínculos fraternos que no se habían visto alterados por ninguna diferencia ideológica.
La Jornada, México.
