LA JORNADA /
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exhortó a los sectores de izquierda, progresistas y democráticos a organizarse a escala internacional para abordar el crecimiento de la extrema derecha. En declaraciones en las que también reafirmó su compromiso con la integración suramericana, el mandatario expresó su propósito de organizar un encuentro con jefes de gobierno democráticos a fin de definir una estrategia coordinada ante el avance de esa tendencia política antisocial.
El llamado del histórico dirigente sindical y líder indiscutido de la izquierda partidista brasileña es más pertinente que nunca, pues se da en momentos en que políticos de ultraderecha conquistan cada vez más espacios y cobran carta de naturalidad programas que habrían resultado inconcebibles hace apenas unos años por su incompatibilidad con los derechos humanos y los principios democráticos.
En este sentido, es necesario remarcar que la ultraderecha quizá acceda al poder mediante las urnas, pero tanto cuando se encuentra en el gobierno como cuando es oposición opera de tal modo que socava la democracia, cuya esencia adultera y corrompe. Brasil es testigo de ello: el expresidente Jair Bolsonaro ganó claramente los comicios en octubre de 2018, pero sólo después de que Lula, el favorito en todas las encuestas, fue inhabilitado por un mañoso proceso penal (‘lawfare’) en el que no había prueba alguna en su contra. Posteriormente salió a la luz la trama de jueces y fiscales corruptos que conspiraron para descarrilar su candidatura, pero el daño de cuatro años de bolsonarismo es irreparable.
Escenarios semejantes de adulteración de la democracia se repiten en otros países donde las derechas avanzan. En España, la derecha considerada tradicional o moderada del Partido Popular (PP) judicializó a todas las personas que participaron en la organización del referendo independentista de Cataluña en 2017, con lo que criminalizó la expresión de opiniones políticas y la identidad nacional de todo un pueblo. La ultraderecha desembozada de Vox, que hoy es cogobierno con el PP en varias entidades hispanas, puja sin pudor por la proscripción total de la autonomía de que gozan las regiones e incluso por la persecución de las ideas que no se identifican con el madridismo chovinista.
En Ecuador, el multimillonario Daniel Noboa acaba de extender la vigencia del estado de excepción, con el cual restringe derechos como la libre movilidad, la libertad de reunión o la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Noboa mantiene el estado de excepción desde el 8 de enero, apenas mes y medio después de haber asumido la titularidad del Ejecutivo: las garantías individuales han permanecido suspendidas durante 70 por ciento de su mandato, y seguirán así cuando menos hasta mediados de julio.
En El Salvador, Nayib Bukele ha gobernado bajo estado de excepción durante 25 meses ininterrumpidos, y no hay ninguna señal de que desee renunciar a esta medida que le permite disponer a su antojo de la libertad y la vida de los salvadoreños. En Argentina, Javier Milei impuso desde el arranque de su gobierno una batería de políticas de desmantelamiento del Estado, entrega del país a capitales extranjeros y destrucción de derechos sociales bajo la forma de un decreto de necesidad y urgencia, mecanismo que debe ser ratificado o derogado por el Legislativo o el Poder Judicial, pero en ambas instancias se ha dado un juego de dilaciones que permite la continuidad del engendro jurídico, pese a que está claro que es rechazado por la mayoría de los legisladores y los ciudadanos. Asimismo, intentó pasar una ley que le transfería la facultad de legislar, es decir, de suplantar al Congreso, en el que su partido es una ínfima minoría.
Es urgente que las fuerzas progresistas comprendan y cierren filas ante la gravedad de un contexto en que las derechas se radicalizan a ritmo alarmante y se alían con ultraderechas para seducir al electorado y usar las instituciones democráticas en contra de las mayorías. El llamado de Lula es una oportunidad invaluable para tejer la unidad necesaria si quiere frenarse el triunfo de la barbarie.
La Jornada, México.
