LA JORNADA /
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniyeh por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco del genocidio perpetrado en Gaza. A los funcionarios de Tel Aviv se les acusa de hacer uso de la inanición como arma de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra una población civil y cometer exterminio, en tanto que a los miembros del movimiento islamita se les imputa exterminio, así como violación y otras formas de agresión sexual y toma de rehenes como crimen de guerra.
Si los jueces conceden las solicitudes de Khan, los mencionados quedarían expuestos al riesgo de captura en los 124 países en los que la CPI tiene jurisdicción. Aunque ni Tel Aviv ni su mayor aliado, Washington, forman parte del Estatuto de Roma, el tratado en que se constituyó la Corte, Netanyahu no necesita salir de su país para enfrentar cargos penales: dentro de Israel se le han abierto expedientes por corrupción, y sus opositores señalan el deseo de sustraerse a la acción de la justicia como la principal motivación del empeño con que se aferra al poder.
La defensa ensayada por Netanyahu, el presidente estadunidense, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, confirma la exactitud de la postura del Fiscal. “¿Cómo se atreve a comparar a los monstruos de Hamás con los soldados del Ejército israelí, el más moral del mundo?”, dijo el Primer ministro; “no importa qué insinúe el Fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera”, sostuvo, por su parte, el inquilino de la Casa Blanca, y su subordinado remató que “Hamas es una organización terrorista violenta que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de inocentes”. Dichas afirmaciones desnudan el fundamento del genocidio perpetrado por Tel Aviv con el apoyo incondicional de Washington: la doctrina racista según la cual las vidas palestinas tienen un valor incomparablemente menor, e incluso nulo, por lo que la aniquilación de palestinos no puede equipararse a la de ciudadanos israelíes.
Si el asesinato de mil 250 de ellos convierte a los integrantes de Hamás en monstruos y terroristas violentos, ¿cómo puede calificarse a quienes han masacrado a 35 mil palestinos, herido a 79 mil, matado de hambre a un número indeterminado, arrasado 175 mil edificios y obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares? Si el secuestro de 250 personas por parte del grupo armado gazatí es un crimen injustificable (y ciertamente lo es), ¿qué puede decirse de los sucesivos gobernantes de Israel, que mantienen secuestrada a toda una nación desde 1948?
Como ocurre desde hace décadas, cada vez que se señalan las atrocidades israelíes, las reacciones sionistas se centran en descalificar como “antisemitismo” cualquier crítica, aunque esté plenamente sustentada en los hechos. Esa versión es absurda ante la asimetría de poderes entre la potencia colonial y la resistencia palestina, con un lado pertrechado con aviones de combate, tanques y una provisión inagotable de misiles, amén de su arsenal nuclear, y otro blandiendo fusiles del siglo pasado, proyectiles artesanales o simples piedras. En el caso presente queda más desacreditada, si cabe, por la imparcialidad del fiscal Khan, quien responsabiliza a los dirigentes de ambos bandos por la barbarie en curso.
Es imperativo que los jueces de la CPI libren las órdenes de aprehensión requeridas, pues lo contrario sería un golpe demoledor a las esperanzas de frenar el genocidio contra el pueblo palestino. De prosperar, la solicitud de Khan robustecería la legalidad internacional y representaría un paso concreto de la comunidad mundial para poner fin a la masacre. Asimismo, daría un sustento incontestable al establecimiento de sanciones emitidas por Naciones Unidas que lleven a Tel Aviv a dejar atrás el colonialismo homicida y sentarse a negociar la única salida aceptable: la construcción de un Estado palestino soberano en conformidad con la legalidad internacional en Gaza, la totalidad de Cisjordania y con capital en la Jerusalén Oriental.
La Jornada, México.
