POR ARAM AHARONIAN /
La justicia chilena determinó que el alcalde del municipio de Recoleta, Daniel Jadue, debe cumplir prisión preventiva, en el marco de la investigación del caso “Farmacias Populares”, por el que el militante de izquierda está siendo indagado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal, supuestos delitos ocurridos durante la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp)
La jueza Paulina Moya determinó que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, en la línea con lo solicitado por la Fiscalía, que pedía la prisión preventiva, la medida cautelar más fuerte. El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal por dar acreditados hechos sin antecedentes: una decisión muy grave, calificó.
Se advierte una clara demostración de ‘lawfare’ -uso de acciones legales para causar problemas a un oponente-, cuestión que hoy se toma desde el arista judicial bajo el argumento basado en la «autonomía de los poderes del Estado» desde el Poder Judicial. Lo cierto, es que se trata de una maniobra política para derribar figuras de candidatos políticos en un año clave para candidaturas municipales y cartas presidenciales.
Maniobras que intentan perseguir y proscribir candidaturas que han sido apoyadas por sectores de trabajadores y el pueblo. Se trata de sacar del juego político a alguien que sumaba simpatías populares como para alcanzar la Presidencia de Chile, atendiendo las demandas de las comunas del país, donde transcurre la vida real y se sufren constantemente los problemas de seguridad y las severas asimetrías económico-sociales.
Son los que esperan por pensiones justas, los que integran las listas de espera de los hospitales, los que erigen campamentos en el sueño de la casa propia, los miles de deudores universitarios del Crédito con aval del Estado y esa masa creciente de inmigrantes dramáticamente infiltrados por el crimen organizado y las mafias del narcotráfico, señala el periodista y profesor universitario Juan Pablo Cárdenas.
Todo bajo un Estado de derecho tutelado por militares y policías que mantienen como rehenes a los distintos poderes públicos, en que la tónica ahora es la existencia de un gobierno supuestamente de centro izquierda empeñado en “pacificar” la Araucanía, encarcelar a los líderes mapuches que antes se elogiaban, proteger la sacrosanta economía de mercado y otorgarle confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
Ante una oposición también codiciosa afanada en ganar elecciones en vez de conformarse por todo lo que hace el gobierno y los partidos izquierdistas (como así los tildan) por servir a sus ideas e intereses ya ancestrales en nuestra política, añade Cárdenas.
El ‘delito’ de democratizar la salud
Para los habitantes de más de 170 comunas chilenas, los medicamentos antes tenían el precio de los gigantes farmacéuticos y la fundación de estas instituciones hizo más accesibles los productos (y son responsables de la caída de los lucros de los grandes laboratorios y cadenas de farmacias). El delito podría calificarse como el de democratizar la salud.
Junto con las farmacias populares, Jadue fue promotor de la creación de las ópticas, bibliotecas, universidades, una inmobiliaria y escuelas con actividades culturales para los niños durante el horario de trabajo de los padres. Y, mientras sigue el genocidio israelí contra el pueblo palestino, siempre manifestó su amor infinito por Palestina, participando en manifestaciones, vestido con kufiya y gritando por un pueblo que es también suyo.
Lo que hay en el fondo de la acusación y posible condena, es la medida antisistémica de las farmacias populares cuyo ejemplo se ha extendido en el país no porque sea una mala idea, sino porque ha significado un real aporte a la salud de los más desposeídos que ahora tienen una alternativa a las infames cadenas de farmacias que se coluden para esquilmar a esa gente. Existen 212 de estas farmacias, en 170 comunas del país.
Jamás los tribunales de justicia han sido justos. Obedecen a la oligarquía que ha mandado y sigue mandando en el país. La venda de la estatua de la Diosa de la Justicia solo no ve al pobre y humilde, su balanza se inclina hacia donde pesa más el dinero. Y su espada, ya sabemos a quién sablea duro y parejo. Lo que hay más allá de la retórica de una jueza a todas luces anticomunista y defensora del sistema más que de lo justo, es sacar del escenario a un personaje molesto para el Orden, señala Ricardo Candia.
La prisión preventiva del alcalde de Recoleta en Santiago, exprecandidato presidencial, era una noticia esperada, tanto para la derecha y sus medios de comunicación afines, que es la gran prensa hegemónica instalada en el statu quo de las instituciones chilenas, y también para el mundo de la supuesta izquierda, que veían con inquietud la instalación de esta maquinaria para la persecución de Jadue.
“Todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo. Estoy tranquilo. Créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema”, sentenció el Alcalde, que participó del lanzamiento de su libro ‘Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente’.
Jadue, arquitecto y sociólogo, lleva tres periodos como alcalde de Recoleta. Por ello no se postulará en los comicios de octubre de 2024 pues por ley ya cumplió su etapa máxima de 12 años en el cargo. En julio de 2021, se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Gabriel Boric, que representaba al Frente Amplio y quien finalmente llegó a la Presidencia.
Oportunidad
La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una organización que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.
La indagatoria arrancó cuando la empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp. La acusación se basa en una serie de convenios en época de pandemia entre Best Quality SPA, vendedores de insumos médicos, y la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
“Los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias y los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió en su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”, señaló Ramón Sepúlveda, el abogado de Jadue.
Al inicio de la audiencia, el abogado abordó la imputación de fraude al fisco, señalando que no había “un actuar doloso”, así como tampoco perjuicio al municipio: “Si el Ministerio Público pide una medida cautelar como la de los demás imputados, de firma y arraigo, uno podría decir ‘la Fiscalía está investigando’. Porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”.
Desde el inicio del proceso judicial hubo grandes sospechas respecto no solo a los contenidos de la querella sino a su oportunidad. Un proceso levantado como gran titular en los medios y de cara a las elecciones municipales de octubre 2024. El engranaje judicial mediático, que el mismo Daniel Jadue y su equipo había percibido hace meses en acusaciones de prensa no comprobadas que él mismo desmintió con un muy escaso o nulo eco en esos medios, anunciaban este desenlace, señala el analista Paul Walder.
El caso de las farmacias populares, como lo ha llamado la prensa, se inserta en una escena judicial mucho mayor, un escenario que se cae por el peso de la corrupción, ya que son decenas los municipios investigados y sus alcaldes procesados por miles de millones de pesos fiscales desaparecidos, la gran mayoría de partidos de derecha.
De ellos, la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) lleva la delantera en número de casos como en los montos de dinero defraudados. Encabeza la lista la pinochestista Virginia Reginato, exalcaldesa de Viña del Mar, y la sigue Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, exbailarina de la televisión, nuera de Joaquín Lavín, histórico dirigente de la UDI. Barriga cumple como medida cautelar un arresto domiciliario cerca de Santiago desde donde graba selfies y videos para TikTok con nuevos pasos de baile.
La comparación de la prisión preventiva de Jadue con el suave arresto domiciliario de Cathy Barriga irrita no solo al entorno más cercano al Alcalde de Recoleta sino a gran parte del mundo de la izquierda chileno, a observadores y organizaciones sociales. En especial, por ser la misma jueza, una mujer que ya arrastraba molestias desde organizaciones sociales por su lentitud y sesgo en el procesamiento de los asesinos de una joven periodista de izquierda hace dos años.
‘Lawfare’
Jadue mantiene también un pensamiento y sobre todo un estilo diferente con la oficialidad de su partido, que desde el gobierno suaviza la clásica narrativa comunista para asimilarla a los progresismos en boga en la región, en un país donde la mirada para con el poder judicial es cada día más turbia: el 83 por ciento de los chilenos confía poco o nada en el sistema de justicia.
Desde el Gobierno las declaraciones han sido mucho por demás cautelosas. Pese a la postura del Partido Comunista sobre la medida cautelar, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, militante comunista, solo llamó a “respetar el trabajo de nuestras instituciones”, mientras el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advertía que “dependiendo del desenlace, puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.
Ricardo Candia señala que el sistema judicial chileno es el necesario no para administrar justicia sino para defender en esa esfera al Orden. Así como la que reina en calles, poblaciones y barrios es la delincuencia necesaria del modelo, un producto más del neoliberalismo, lo es su sistema judicial.
“De haber justicia real en Chile, sería un contrasentido. Ya sabemos, el sistema no se suicida. O se destruye o se perfecciona. Como lo hace este gobierno y lo han venido haciendo los que lo han antecedido. Así, no es extraño que hayan metido en la cárcel al alcalde Daniel Jadue”, añade.
El expresidente boliviano Evo Morales, lo consideró un preso político. Desde la cárcel, Jadue mandó un texto escrito con lápiz rojo y de su puño y letra, señalando: “Agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza para resistir este trance. Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán…”.
