POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
La hegemonía neoliberal se consolidó con la reducción del Estado a su mínima expresión y la transferencia de su misión de administrar lo público a la competencia del mercado, al capital financiero principalmente. Se procedió entonces a vender a precios irrisorios los bienes que constituían el patrimonio público, entre otros, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, la Empresa de Energía de Bogotá, Ecogas, los acueductos, Telecom, correos nacionales, bancos Granahorrar, Bancafé y BBVA, ISAGEN, acciones de Ecopetrol, etc.; además, se cerraron o se liquidaron varias empresas estatales, como el Banco Central Hipotecario, el Seguro Social (ISS), la Caja Nacional de Previsión y las cajas de previsión departamentales, muchos hospitales y las electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena y Chocó (Las dos orillas).
Se trató de un despojo de bienes al patrimonio público, al amparo de leyes vigentes, adoptadas por mayorías corruptas del Congreso de la República (Ley 254/2000 y Ley 1105/2016, entre otras). Ventas hechas en subastas, convenidas previamente con el ganador acordado, realizadas por los gobiernos ultraderechistas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con el pretexto de conseguir fondos billonarios para contratar con la empresa privada, nacional y extranjera, la construcción de las mega obras del “desarrollo capitalista”, tales como las autopistas dobles calzada 4G (Ruta del Sol y la variante Ocaña–Gamarra), los túneles de La línea y del Toyo, requeridas por los intereses del gran capital, refinerías como la de Cartagena (Reficar), represas como Hidroituango, El Peñol, El Quimbo, etc.
Con las liquidaciones privatización los servicios de salud, energía eléctrica, acueductos, bancos estatales, etc., despojaron al Estado de su patrimonio y lo privaron de percibir millonarios ingresos por servicios convertidos en negocio de empresas privadas. Servicios adjudicados mediante licitaciones con pliegos de condiciones amañados (llamados “pliegos sastre”) para que ganara la empresa o la unión temporal previamente acordada. Acuerdos de trastienda, que despojaron el erario de rentas apreciables que le ingresaban por dichos servicios.
Igualmente, adjudicaron los contratos de realización de mega obras, como la Refinería de Cartagena, las represas, las autopistas de doble calzada, reconstrucción de poblaciones víctimas de catástrofes naturales, como Gramalote en el Norte de Santander, zonas populares de Mocoa, la isla de Providencia etc., que con el tiempo se convirtieron en elefantes blancos..
Las licitaciones amañadas, incorporaron las llamadas coimas, o el CVY (como voy yo ahí), que es un porcentaje del 10 % o más, previamente acordado, que se paga presuntamente al gobernante y a los funcionarios que adjudican la licitación de la obra o la venta de los bienes rematados. Es en estos momentos de los procesos de enajenación de bienes, de adjudicación de los servicios que prestaban las empresas estatales liquidadas o de los contratos de las mega obras del llamado “desarrollo” para la competitividad del mercado capitalista, en los que opera la corrupción en todas sus dimensiones, porque en el CVY, además de la rigurosa coima del 10 % o más del valor del contrato, se incluyen otras “gratificaciones” de sobrefacturación, anticipos, prórrogas de terminación de obras, el reajuste de costos, la financiación de las campañas electorales, etc.
Estas prácticas dolosas, concertadas entre gobiernos y empresarios beneficiados con los contratos, solo emergen a la luz pública, cuando se salen de control clandestino y no pueden ser tapadas por la gran prensa, ni por los organismos de control (Contraloría, Procuraduría), ni por la rama judicial. Un caso emblemático es el escándalo de Reficar, subsidiaria de Ecopetrol, cuyo contrato fue adjudicado arbitrariamente, en 2009 por Álvaro Uribe, al parecer por dádivas. Lo hicieron público periodistas de investigación en enero de 2016, en el que resultaron implicados funcionarios de la cúpula de los gobiernos Uribe y Santos y las multinacionales Glencore de Suiza, que nunca había construido una refinería, y CB&I (Chicago Bridge& Iron Company), empresa estadounidense, a las que les descubrieron haber asaltado en millonarios sobrecostos y adiciones presupuestales injustificadas hasta del 69 % de los valores iniciales, incluidos costos de bacanales de empresarios y funcionarios estatales.
Solo cuando se destapó la olla podrida, aparecieron los reportes de la Contraloría que cuantificó el detrimento patrimonial en más de 8.5 billones de pesos. Los implicados son todos altos funcionarios de la refinaría, expresidentes de Reficar, revisores fiscales, exministros de Hacienda, etc. y dos empresarios: Philip Asherman y Masoud Deidehban de las multinacionales contratantes. Les imputaron delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en favor de terceros y complicidad. Solamente hasta ahora han sido condenados los expresidentes de Reficar, Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales a la pírrica pena de 5 años y tres meses de prisión, con casa por cárcel incluida, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y a pagar una multa de 66 salarios mínimos. Ello equivale a 92.400.000 pesos a precios de 2024. Penas y multas irrisorias en comparación con los astronómicos robos y el pueblo no sabe a dónde fueron a parar los billones robados.
Otro caso particularmente simbólico, es el escándalo de la multinacional Odebrecht y Corficolombiana del Grupo Aval del clan que lidera el banquero Sarmiento Angulo, que involucró a los exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y al exsubpresidente Iván Duque, a los exfiscales Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, a los pupilos del expresidente Uribe, Andrés Felipe Arias y Oscar Iván Zuluaga y varios parlamentarios, entre ellos Bernardo Miguel (‘El Ñoño’) Elías y Otto Nicolás Bula; además, de altos funcionarios del Estado y de las campañas presidenciales de 2014. Se trató de un entramado criminal en el que la empresa brasilera entregó más de 80.000 millones de pesos en sobornos a altos funcionarios del gobierno, para quedarse con los contratos de la Ruta del Sol II y la variante Ocaña–Gamarra (según Relato oficial de la Fiscalía).
El escándalo incluyó la muerte (posible asesinato) “por envenenamiento” del controller de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano y su hijo. Pero, después de nueve años de tapen-tapen de la prensa corporativa, de dos fiscales generales, Humberto Martínez y Francisco Barbosa, (nominados al cargo por orden de Sarmiento Angulo y los expresidentes Uribe, Santos y Duque) la Fiscalía General, se vio obligada a informar sobre imputaciones de funcionarios públicos de bajo nivel, se condenó a José Elías Melo, exdirector de Corficolombiana del Grupo Aval, a 11 años de prisión e imputó cargos al excandidato presidencial de Uribe, Oscar Iván Zuluaga y a su hijo, gerente de campaña, por el delito de ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial (2014).
Es evidente que se trata de chivos expiatorios, que con excepción del condenado funcionario del grupo AVAL, sus expedientes quedaron congelados en los anaqueles de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Pero ni los expresidentes (Santos, según Uribe y Zuluaga, también recibió dineros de Odebrecht para su campaña de 2014), ni el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni Humberto Martínez Neira, (que además fue abogado del Grupo Aval en este entramado criminal, antes de ejercer como Fiscal General), ni Francisco Barbosa, que exoneró de toda culpa a su mentor Martínez Neira y al mencionado banquero y su grupo financiero, ni al empresario Roberto Odebrecht, ni Andrés Felipe Arias, que figuraba en la nómina de la multinacional fueron tan siquiera indiciados .
El caso, pese a su tremenda gravedad y dada la jerarquía oligárquica y mafiosa de los verdaderos responsables, parece destinado, como tantos otros, a la impunidad por prescripción. Nada garantiza que el asunto trascienda a los juzgados, los tribunales y las altas cortes. Resulta aberrante el caso del banquero Sarmiento Angulo, quien pagó a la justicia estadounidense una multa de 80 millones de dólares para no ser condenado penalmente por haber pagado sobornos a altos funcionarios del gobierno. Ya en 1989 había pagado al fisco gringo 5 millones de dólares para no ser condenado por operaciones de lavado de activos del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pese a estas condenas, el potentado billonario sigue en la absoluta impunidad en Colombia, porque la Fiscalía, no “encontró evidencias que probaran sus vínculos con el caso de soborno a funcionarios del Estado”.
Son incontables los escándalos de corrupción de las catervas gobernantes, en estas tres largas décadas de hegemonía del modelo neoliberal y de las oligarquías que han controlado el poder y hegemonizado la llamada institucionalidad del Estado.
Escándalos de cuantiosos robos al patrimonio público y de enriquecimiento ilícito, en los que han estado vinculados los expresidentes, la exvicepresidenta Marta Lucia Ramírez (‘Memo Fantasma’ y blanqueo de capitales ), exministros, como Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro, por desvío de recursos destinados a los campesinos pobres terminaron en bolsillos de narcotraficantes, terratenientes y la “gente de bien”, la mamá del exsubpresidente Duque, Juliana Márquez Tono; los senadores Mario Castaño (fallecido) y Ciro Ramírez (uribista); Pierre García, director del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque, hoy fugado; el general (r), Rodolfo Palomino; alcaldes municipales de Risaralda, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Tolima; altos funcionarios de Quindío, que protagonizaron el escándalo de “las marionetas”, mediante un entramado criminal para saquear miles de millones destinados a programas que favorecían a los pobres de Colombia, la exministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, comprometida en el escándalo del robo de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a la conectividad de las escuelas rurales del país. Y el escándalo reciente de los carrotanques protagonizado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López (del Polo Democrático), el subdirector Sneyder Pinilla (del clan uribista Aguilar de Santander) que inició con la denuncia de sobrecostos por 48.000 millones de pesos en la compra de dichos vehículos para La Guajira y ha evolucionado al saqueo de más de 1.2 billones en los tres últimos gobiernos, gracias a las denuncias del nuevo director de esa entidad, Carlos Carrillo.
Por estos y miles, quizá decenas de miles de escándalos más, se han ido billones de pesos a engordar las arcas de los corruptos, políticos, altos funcionarios del Estado, empresarios, etc. Los que son desenmascarados y condenados por la justicia, nunca son obligados a devolver los recursos robados, sino a paga penas cortas y multas pírricas. El resto de lo robado, posiblemente se van a paraísos fiscales, que serán recuperados y disfrutados por los corruptos luego de pagar las benévolas penas a que son sentenciados. En estas circunstancias, mientras no se cambie el sistema, ser corrupto paga.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
