Venezuela en la encrucijada: ¿qué sigue después de las elecciones presidenciales?

COORDINADORA NACIONAL AUTÓNOMO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES (CAIT) /

El domingo 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde Obama a Biden, pasando por la mano dura de Trump y los gobiernos de la Unión Europea. Estados Unidos, con su política agresiva e injerencista, impuso sanciones económicas, congelación de activos, precipitando la crisis económica que hoy atraviesa el país. Será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que estas sean suprimidas.

En su primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 80 % de las actas escrutadas informó que Nicolás Maduro obtuvo 5.150.092 votos (51,20 %) frente al candidato Edmundo González, promovido por la derechista María Corina Machado, quien en los años recientes promovió una campaña solicitando la intervención de tropas extranjeras y dieran un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. En 2018 pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el apoyo necesario para generar el cambio. Quien obtuvo 4.445.978 votos (44,2 %).

Los otros candidatos, 462.704 votos (4,6%), con una participación del 59 % del padrón electoral, considerando el resultado con tendencia de “irreversible”. La oposición denunciaba irregularidades en la transmisión de las actas y la expulsión arbitraria de sus testigos de los colegios electorales. Instalando la narrativa del fraude en coordinación con los medios estadounidenses y la derecha internacional.

Hay que recordar: la antesala del proceso electoral estuvo marcada por las negociaciones secretas y discrecionales entre el gobierno y EE.UU. Quien busca garantizarse el control sobre el recurso energético de Venezuela, en el marco de la disputa por el mercado mundial frente a sus competidores chinos, en el continente. Con la firma de los acuerdos de Barbados se flexibilizaron las sanciones, y se firmaron nuevos acuerdos con el capital extranjero.

Abriendo la ruta electoral, anticipándose las elecciones presidenciales, que deberían llevarse a cabo a final de año. Asimismo, no solo se ha proscrito a partidos de tarjetas electorales de la derecha, sino también a sectores políticos de izquierda que se han enfrentado. La política de regresión de los derechos laborales. El gobierno emprendió una estrategia de flexibilización laboral de facto, permitiendo el despido de miles de trabajadores. Luego, pasó a una política de bonificación salarial. El salario mínimo (pensiones) en Venezuela es uno de los más bajos del mundo. Es el equivalente a 3,56 dólares, más un bono de guerra de 45 dólares, violación sistemática de las contrataciones colectivas con la aplicación del memorándum 2792. Todo esto, con el fin de generar confianza entre los capitalistas y demostrar la disposición de entendimiento con los empresarios, la judicialización y criminalización y detención de un centenar de sindicalistas como un intento de frenar las protestas por mejoras salariales e incumplimientos de contratos colectivos por parte de la administración de Nicolás Maduro.

El CNE proclama a Maduro

El lunes 29 de julio, en medio de cacerolazo y protesta en algunos sectores populares en Caracas, en la tarde se extendieron en distintos puntos del país. Dejaron al menos dos muertos y 749 detenidos, según el balance del fiscal de la república, Tarek William Saab. El Observatorio Venezolano de Conflictos contabiliza 187 protestas en 20 estados del país. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaraba ganador a Maduro y lo juramentó como presidente reelecto, con solo al 80 % de las actas escrutadas. Como la diferencia entre Maduro y González Urrutia es de solamente 704.114 votos, el 20% restante de actas por escrutar, que correspondería aproximadamente a 2.514.694 votos, es una cifra que perfectamente lograría modificar el resultado final de las elecciones. La tardanza en la publicación de la totalidad de las actas, sin proporcionar una explicación adecuada, es una omisión grave que no ayuda al clima de paz social que la mayoría de la población venezolana espera, pues las cifras aportadas ponen en duda la transparencia del consejo nacional electoral.

Ante la inactividad del CNE, la introducción del Presidente Maduro de un recurso contencioso ante la Sala Electoral del TSJ parece una salida encontrada. Así, se solicita a los diez candidatos presentar pruebas y actas ante la Sala Electoral del TSJ, la cual, en presencia de los mismos, contará las actas y aclarará la situación. El TSJ deberá citar al CNE, a todos los poderes, a los candidatos y los partidos. Manifestó que está listo para presentar el 100% de las actas. Frente a esta acción del gobierno, de alguna manera traslada la confrontación al terreno constitucional, desactivando la movilización de calle de la narrativa del fraude, pero también bloquea la injerencia de las instituciones del imperialismo. Ante este nuevo escenario hay que esperar la reacción de la oposición.

Crecen las tensiones

En medio de la crisis política, la oposición de derecha se movilizó y se concentró al frente de la sede de Naciones Unidas en Caracas y en todas las ciudades del país. Las personas salieron a las calles para manifestarse nuevamente en contra de la proclamación del presidente Nicolás Maduro y la no publicación de los resultados. El gobierno también ha convocado a las movilizaciones. Han denunciado que detrás de las protestas “se está intentando imponer un golpe de Estado”. El presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez pide cárcel para Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorga a Nicolás Maduro una controvertida victoria Estamos ante una situación muy contradictoria. Impredecibles hasta hora en el alto gobierno y sus diferentes grupos y el sector militar han cerrado filas alrededor de Maduro. Las movilizaciones en curso corren el peligro de ser base de maniobra de este sector patronal y proimperialista, de María Corina machado.

Desde luego, condenamos cualquier agenda mediática y diplomática, injerencista del imperialismo y sus aliados, en asuntos que nos competen solamente a nosotros como nación. Los trabajadores y la sociedad venezolana no merecen estar a merced de las aspiraciones una figura política que, como María Corina Machado, esté vinculada a conspiraciones golpistas de todo tipo.

Apelamos a reencauzar la disputa en el terreno constitucional con más democracia. El ejercicio pleno de la soberanía popular a través del derecho al voto para elegir la máxima autoridad del país está en problema debido a las fallas y omisiones del CNE. El árbitro electoral debe publicar inmediatamente la comprobación completa de todas las actas.

Como hemos declarado en el CAIT, como participantes de la otra campaña. Ninguno de los candidatos representa los intereses y anhelos de la clase trabajadora. Un gobierno que descarga la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Una oposición que busca acabar con lo que queda de nación. Estas elecciones han sucedido en el contexto de la peor de las miserias, de la desigualdad y del abandono de nuestro pueblo. Fue una campaña vacía de contenidos y propuestas, a espaldas del sufrimiento y las luchas del pueblo trabajador.

En cualquier escenario político por venir nos toca volver al único camino que le queda al pueblo para lograr cambios, que no es más que la organización independiente de una referencia política propia de los trabajadores para defender nuestras conquistas y soberanía formuladas en la constitución bolivariana. En ese sentido, llamamos a la conformación de un polo de resistencia que levante un programa en defensa del pueblo trabajador, y de la soberanía nacional. Los trabajadores no aguantan más el deterioro progresivo de su nivel de vida y entienden que los factores en pugna son responsables de esta situación. Unos pidiendo y celebrando sanciones contra el país, solicitando las intervenciones de los organismos internacionales para configurar un golpe similar al ocurrido en Bolivia y otros despilfarrando los recursos públicos, saqueando las instituciones, haciendo gala de su ostentación y dispendio en medio del empobrecimiento nacional.

Como pueblo trabajador y nación independiente, libre y soberana, rechazamos, condenamos las injerencias del imperialismo y sus instituciones contra nuestro país, Este pueblo exige acciones para la recuperación del bienestar social, salarios, pensiones y jubilaciones dignas.

No a la injerencia del imperialismo y sus instituciones contra nuestra nación.