POR ÁNGEL TUBAU /
El jueves 1 de agosto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que el presidente de Venezuela era Edmundo González Urrutia, principal candidato de la oposición (diez candidatos concurrieron a las elecciones presidenciales venezolanas del domingo 28 de julio).
La postura oficial adoptada por la administración Biden pretendía zanjar la polémica en torno al resultado de las elecciones. En efecto, el Consejo Nacional Electoral (organismo plural con participación de la oposición) emitió un segundo comunicado el 2 de agosto (tras declarar ganador a Nicolás Maduro el 29 de julio, cuando solo se había escrutado el 80% de los votos).
Elvis Amoroso, presidente del Consejo, declaró que, con el 96,7 % de los votos escrutados, Maduro tenía el 51,95 %, González el 43,18 % y el resto correspondía a los demás candidatos. Amoroso explicó que el sistema electoral había sufrido varios ataques informáticos, que grupos de la oposición de extrema derecha proimperialista habían incendiado varios colegios electorales y que en los próximos días se publicaría el total de los votos. También declaró que, de acuerdo con la ley electoral, el Consejo disponía de 30 días para publicar todos los resultados por colegio electoral.
¿Quién organizó las manifestaciones violentas?
Desde el lunes 29 de julio, en respuesta a una convocatoria de María Corina Machado (la verdadera líder de la oposición proimperialista y asesora oficial del candidato Edmundo González), han estallado manifestaciones violentas en todo el país, con un impacto muy desigual, pero incluyendo ataques a los locales del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela, partido que apoya a Maduro), a las casas de conocidos militantes y la destrucción de monumentos al expresidente Hugo Chávez. La policía también ha respondido con violencia; hasta la fecha se han registrado más de 12 muertos y 1.200 detenidos. La violencia de los grupos paramilitares tiene una larga tradición en Venezuela, sobre todo en 2019, cuando el diputado Guaido se autoproclamó «presidente» y fue reconocido por varios gobiernos, entre ellos EEUU y la Unión Europea. En 2018 Maduro había sido reelegido y tampoco la oposición reconoció esa elección, proclamándose Guaido presidente… lo que duró unos años, hasta que Estados Unidos lo dejó caer porque, entre otras cosas, se le vinculaba con los narcotraficantes colombianos.
Paralelamente, Maduro dio un giro a su política, aplicó duras medidas de austeridad, con reducción de salarios y pensiones (sustituidas por ayudas y subsidios) en contradicción con la LOTT (código de trabajo), conquistado en el último año de la presidencia de Chávez en 2012. Ese giro implicaba reabrir negociaciones con el gobierno estadounidense.
Con la guerra en Ucrania, Biden trató de asegurar la explotación del petróleo venezolano y redujo algunas sanciones, prometiendo el aplazamiento de todas las sanciones hasta después de las elecciones presidenciales. La controversia abierta sobre los resultados ha permitido a la Administración norteamericana declararse abiertamente por la derrota de Maduro, y activado la violencia organizada por los partidarios de María Codina, que lleva años pidiendo una intervención militar de Estados Unidos.
Las condiciones que permiten todo esto
No hay que olvidar que la nación venezolana está sometida a un total de 900 sanciones con medidas económicas, comerciales, diplomáticas y militares impuestas por Estados Unidos y en muchos casos apoyadas por gobiernos europeos y latinoamericanos. El país está sumido en una profunda crisis sin poder vender su petróleo; casi 7 millones de ciudadanos se han visto obligados a exiliarse, alentados por Estados Unidos. El régimen de Maduro, apoyado por los militares, ha reaccionado intentando hacer recaer la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, no respetando la Constitución bolivariana, reprimiendo las huelgas obreras y encarcelando incluso a los responsables sindicales, lo que explica que parte de la población se gire hacia la oposición, a pesar de que su programa básico es vender el país a las multinacionales.
¿Qué está en juego?
Más allá de los resultados electorales, que Maduro ha prometido publicar al 100%, pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia que valide los resultados (exigiendo a todos los candidatos que presenten pruebas), lo que está en juego es la soberanía de Venezuela y su capacidad para controlar sus riquezas, tal y como consagra la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente en 1999. El país alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, cuestión prioritaria para las grandes petroleras estadounidenses. La sociedad PDVSA es una empresa nacional y también controla las redes de cientos de estaciones de distribución en Estados Unidos. Para Biden y también para Trump es un asunto «interno».
Por lo que los peligros de «guerra civil» son reales. Los Gobiernos de Brasil, México y Colombia, considerados amigos de Venezuela, intentan estos días una mediación; proponen una negociación entre venezolanos, es decir, entre Maduro y González (excluyendo a María Codina, considerada con razón una agente norteamericana) y sin injerencia de ningún país extranjero.
López Obrador, presidente de México, se ha pronunciado desde el primer momento en contra de la injerencia de Gobiernos extranjeros, y junto con Lula (Brasil) y Petro (Colombia) ha considerado que la posición adoptada por el Gobierno de Estados Unidos proclamando presidente a González tendría efectos negativos
Las manifestaciones del sábado 3 de agosto en apoyo a Maduro han duplicado a los manifestantes opositores. A pesar de la política de Maduro, la defensa de la soberanía de la nación es la cuestión central para gran parte de la población y de los trabajadores, y es precisamente la condición para poder dar respuesta a todas las reivindicaciones sociales y democráticas de la mayoría.
