POR DARÍO MARTÍNEZ BETANCOURT
En materia de clientelismo, en Colombia la Constitución Política de 1991, puso el queso al ratón. Por ahora me refiero a un segmento del clientelismo judicial que constituye una desventura para la majestad, transparencia e independencia judicial.
La función electoral en cabeza de las cortes y de los tribunales, se convirtió en factor deslegitimante de nuestra justicia al desnaturalizar la hermosa, democrática, tradicional y sagrada misión de administrar justicia. Una sentencia impone el derecho, en cambio la elección de un funcionario impone intereses personales, familiares, de grupo o económicos.
Si los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley en la elección directa o indirecta de servidores públicos, el sometimiento no es otro distinto al de las prebendas, alejado del interés general.
Por ejemplo, al Procurador General de la Nación, lo elige el Senado, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República. En el sistema anterior, lo elegía la Cámara de Representantes. A partir de 1991, al clientelismo político congresional, se sumó el judicial y el Procurador así elegido queda atenazado en el nombramiento de cargos públicos por magistrados y congresistas. Si el elegido es ternado por el Presidente, se desvanece la condición de supremo director del Ministerio Público y se resquebraja la función disciplinaria contra funcionarios que violen la ley. Esta institución debe desaparecer como se ha propuesto.
Otro ejemplo tiene que ver con la elección de Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia elige Fiscal de terna enviada por el Presidente de la República. Esta nociva mixtura, ha sido y es factor perturbante para la buena marcha del Estado Social de Derecho. Si la Fiscalía forma parte de la rama judicial, nada tiene que ver el Presidente de la República en su escogencia y menos en su funcionamiento. Un sistema que tenga origen exclusivo en la rama judicial, con prevalencia del concurso de méritos en su designación, sería más sano y se acabaría con el clientelismo judicial, que se apoderó hace rato de este organismo.
Los daños morales que se causan a la justicia colombiana, por semejante espectáculo circense que se presenta mediante artilugios y cálculos electorales que, como ha sucedido, dilatan la elección de Fiscal, son irreparables. Se impone un revolcón constitucional, mediante un mecanismo extraordinario distinto al Congreso.
