POR MIGUEL RUIZ ACOSTA /
Para nadie es un secreto que los Estados Unidos son la potencia con mayor presencia militar en el planeta, contabilizando alrededor de 750 bases militares en alrededor de 80 países del mundo, así como 173 mil tropas desplegadas en 159 naciones durante los últimos años, como lo ha documentado exhaustivamente el profesor David Vine de la American University en Washington. Lo que no es tan conocido es que el despliegue militar suele ir acompañado de un tipo de convenios bilaterales conocidos como «Acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas» (SOFA, por sus siglas en inglés). El objetivo central de estos dispositivos es «regular» los términos bajo los cuales operan las tropas norteamericanas, así como los contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa (DOD) en aquellos países en donde tienen algún tipo de presencia, con o sin bases permanentes.
Vergonzante abyección a Washington
Después del breve paréntesis soberanista que representó el gobierno progresista de Rafael Correa en el Ecuador, a partir de 2018, el país equinoccial retornó al redil de la geopolítica hemisférica estadounidense de la mano de los impresentables gobiernos neoliberales de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Los mayores acercamientos con Washington se dieron bajo la administración de Lasso, quien en octubre del año pasado firmó un SOFA nombrado Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de EE.UU. relativo al Estatuto de las Fuerzas, mismo que fue ratificado en febrero de este año por magnate bananero presidente Noboa.
En pocas palabras, dicho acuerdo representa la renuncia ecuatoriana a ejercer soberanía plena sobre dimensiones muy delicadas como la seguridad y el propio territorio nacional. Algunas perlas como muestra: al personal militar estadounidense en el país se le otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal de las misiones diplomáticas (art. 2); las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el DOD podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de y desplazarse libremente por el mismo (art. 5); el DOD podrá contratar pertrechos, suministros, equipos y servicios sin restricciones en cuanto a la elección del contratista; los contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán de conformidad con las leyes y regulaciones de los EE.UU. (art. 6); el personal de los EE.UU. tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones (art. 9); se permitirá que el DOD opere sus propios sistemas de telecomunicaciones, así como el derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los EE.UU. (art. 10); ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o su personal civil.
Los reclamos de terceros por daños o pérdidas causados por personal de los EE.UU. serán resueltos por el Gobierno de Washington de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país (art. 12). Difícil imaginar mayores niveles de entreguismo y abyección.
De acuerdo con revelaciones recientes del Team del DOD asignado al Ecuador, el camino hacia la firma del SOFA habría sido mucho más rápido que lo normal, por lo que debería ser visto como un «caso de estudio».
En efecto, lo que ocurrió fue lo siguiente: durante 2023 Ecuador se preparaba para ser la sede de un ejercicio militar multinacional, Resolute Sentinel, organizado por el Comando Sur de los EE.UU. (SOUTHCOM) y dirigido por la 12° Fuerza Aérea-Sur (12°AFSOUTH), en el que participarían 1000 soldados norteamericanos de todas las ramas y su equipo militar correspondiente (buques, aviones, etc.), mismo que debería realizarse en verano del 2023. Los trámites migratorios y aduaneros para tal fin eran muy demorados. Finalmente, el ejercicio militar no se llevó a cabo en Ecuador sino en Perú.
De acuerdo con el documento del equipo del DOD en Ecuador: «Tras esta decisión, y dada la creciente demanda de cooperación en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas». Sin embargo, de una lectura detenida de ese documento se puede desprender que, en realidad, el asunto de la demora en los trámites para el ejercicio militar sólo sirvió como coartada para presionar al Gobierno ecuatoriano a firmar un SOFA que ya se venía cabildeando con anterioridad.
Allí mismo se refiere cómo la visita de la generala Laura J. Richardson. jefa del Comando Sur y una comitiva de altísimo nivel Quito en septiembre de 2022 fue la que «allanó el camino». De allí en adelante «el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas». A la cabeza de esto habría estado el embajador Michael J. Fitzpatrick, quien ya se venía comportando como auténtico procónsul, por sus reiteradas declaraciones injerencistas sobre la política local: tanto la sección política (¿La CIA?) como la Oficina de Cooperación en Seguridad (OSC) de la Embajada «colaboraron estrechamente para organizar sesiones de negociación entre un equipo interinstitucional»: el Departamento de Estado de los EE.UU. y los Ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores y de Defensa. Algo que también resulta revelador es la confirmación de que hubo funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador que «se opusieron inicialmente a la falta de reciprocidad del SOFA», pero que los cuestionamientos fueron superados con el «compromiso público del ministro de Defensa [general Luis Lara Jaramillo] que invalidara las objeciones de su personal».
De acuerdo con la retórica del DOD, la firma (Lasso) y posterior ratificación (Noboa) del SOFA «agiliza la cooperación a través de la Hoja de Ruta de Asistencia al Sector Seguridad de Ecuador (ESSAR), un marco de planificación bilateral que describe las prioridades de seguridad compartidas por EE.UU. y Ecuador». Prioridades que, sobre decirlo, responden fundamentalmente a la visión norteamericana sobre la región; y eso aplica tanto para las abiertamente declaradas (lucha contra el terrorismo y el narcotráfico), como para las implícitas (control geopolítico y militar; supervisión de lo que consideran «sus» recursos naturales, etc.).
Con la firma del SOFA y de una docena más de acuerdos complementarios, el Ecuador le vuelve a abrir sus puertas a la ya bicentenaria injerencia estadounidense en Nuestra América. Solo en este contexto es posible entender episodios como la artera invasión de la Embajada de México ordenada por Noboa el pasado 5 de abril; una acción que difícilmente podría haberse realizado a espaldas de los órganos de poder de los EE.UU.
Página/12, Buenos Aires.
