POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Bajo la orientación de la exministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, el grupo de investigación del proyecto ciudadano “¿Dónde está la plata?” se dedicado a seguir la pista a los dineros que el Estado ha girado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante más de tres décadas de vigencia de la Ley 100 de 1993. Sus pesquisas condujeron a desentrañar las verdaderas causas de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud del país financiado por el Estado y con las contribuciones o aportes de la clase trabajadora, administrado por las EPS como intermediarias financieras, que contratan con las clínicas privadas y con la red hospitalaria pública, la prestación del servicio de salud a sus afiliados y afiliadas.
El grupo de investigación se basó, tanto en sus propias indagaciones, como en las investigaciones de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Salud y en los informes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); aunque no lo dicen taxativamente, concluyeron que esa plata se perdió, se la robaron y, fue a parar a las arcas de las entidades financieras y a los bolsillos de las cúpulas corruptas de las EPS que han administrado los miles de billones de pesos que les fueron entregados, a lo largo de los 31 años, por los gobiernos neoliberales de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el subpresidente Iván Duque. Los damnificados han sido, centenares de miles de seres humanos que murieron sin atención, en sus casas o en las puertas de los hospitales y las clínicas (paseos de la muerte) y los millones de pacientes (los llaman usuarios) que llenaron los anaqueles de los juzgados de tutelas para exigir que los atendieran o les ordenaran hospitalizaciones o procedimientos quirúrgicos. Lo que primó fue la voracidad capitalista, la negligencia y el pésimo servicio prestado por dichas entidades intermediarias privadas del servicio de salud.
La verdad es que las cifras no mienten, veamos:
Si promediamos en 60 billones de pesos anuales a precios de hoy, (este año recibirán cerca de 90 billones de pesos), las EPS en 31 años, captaron $1.860 billones, de los cuales cobraron de entrada el 8 % del régimen subsidiado y el 10 % de contributivo por concepto de administración. Es decir, más de $150 billones; una astronómica ganancia sin que hubieran invertido un solo peso en ese fabuloso negocio. Con los $1710 billones restantes, a pesar de estar obligados a invertirlos exclusivamente en la salud de sus afiliados, no lo hicieron, porque las EPS se dedicaron a construir sus propias clínicas para asegurar su autocontratación; construyeron más de 800 clínicas privadas, con las cuales contratan la prestación de los servicios médicos de sus afiliados y afiliadas, a las que pagan oportunamente los servicios prestados; esto es lo que llamaron integración vertical; mientras que, si bien contrataban servicios con hospitales públicos, nunca les pagaron oportunamente; razón por la cual, acumularon deudas multibillonarias que llevaron a la quiebra la red hospitalaria pública.
De las 152 EPS que se crearon a partir de 1993, por lo menos 132 fueron liquidadas; las cuales dejaron una deuda con los hospitales públicos, las clínicas privadas independientes, que no son de la integración vertical y con los trabajadores de la salud, equivalente a $23 billones, recursos públicos que les fueron girados por la ADRES, pero no los invirtieron, como ordena la ley, en la salud de sus afiliados y afiliadas, sino que los destinaron a costear gastos de administración y otros dudosos menesteres, que debían ser cubiertos con los billones que cobraron por este concepto. Deuda billonaria que seguramente ya fue asumida por el erario, lo cual significa que hubo un saqueo por partida doble. Las EPS que siguieron activas recibieron afiliados de las liquidadas y los billonarios giros de la ADRES, pero no asumieron las deudas que estas dejaron.
De las pesquisas del grupo ciudadano y de los organismos de control del Estado, se pudo establecer que las EPS activas acusan gigantescos faltantes en las reservas técnicas que equivalen a $12.4 billones y acumulaban deudas por $25 billones, con los hospitales públicos y las clínicas no incluidas en la integración vertical, que prestan el servicio de salud. Además, lograron establecer que por concepto de sobrecostos de los medicamentos de mayor frecuencia de usos y por haber gastado menos de las voluminosas sumas que recibieron por concepto de aportes entre 2021 y 2022, se apropiaron de $13.2 billones más y, adicionalmente, según el informe de la Contraloría General, las EPS desviaron $9 billones para gastos diferentes a los de la prestación del servicio de salud; tales como, pagos de multas e intereses moratorios, pagos adelantados a las IPS de su propiedad, cubrimiento de excedentes de gastos administrativos que superaron el 10 % del régimen contributivo y el 8 % del subsidiado.
Financiación a grupos paramilitares y campañas políticas
Se debe agregar que son incalculables las millonadas de los dineros de la salud del pueblo colombiano que las EPS destinaron para financiar grupos paramilitares y campañas de partidos y políticos corruptos para perpetuar en el poder. “Corruptos y mafiosos que han gobernado el país” (Jaime Ardila Barrera, exauditor general de la República); la misma alianza mafiosa que hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma de la salud, porque se resisten a perder el incalculable negocio que crearon con la expedición de la Ley 100, con la cual expropiaron el derecho a la salud y a la vida digna de la inmensa mayoría de la población colombiana. Si se eliminara el lucro y la intermediación financiera las mayorías neoliberales, correrían el riesgo de perder el control mayoritario del Congreso de la República.
En su más reciente informe, la Contraloría General, destapó el escándalo de corrupción, en el que denuncia el cuantioso saqueo continuado de los recursos públicos, que debieron ser invertidos en la salud del pueblo colombiano, que supera los $12 billones, destinados de manera indebida por 24 EPS, entre las que figura la Nueva EPS, empresa público–privada, regentada por su presidente José Fernando Cardona; Fernando Jiménez, exviceministro de Hacienda; Mauricio Olivera González, expresidente de Colpensiones; Noemí Sanín Posada exministra de Comunicaciones, de Relaciones Exteriores, exembajadora y excandidata presidencial; Ricardo Rueda Sáenz y Enrique Vargas Lleras hermano del impresentable Germán Vargas Lleras. En el informe reportan hallazgos fiscales por $6 billones que fueron objeto de “presunta e indebida destinación de los recursos de la UPC en 2020” y de $5.3 billones que las EPS destinaron para pagar gastos y deudas no permitidos con los recursos de las Unidad de Pago por Capitación (UPC); tales como, millonarios “honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viáticos de viajes de los directivos, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, millonarias pautas publicitarias, gastos de planes complementarios de salud (que no son POS), pago de intereses, etc.”.
En 2023 la Supersalud denuncio el hallazgo de deudas no reportadas por la Nueva EPS por $5.5 billones de pesos. La revista Raya mostró documentos en los que se registran empresas de papel, propiedad de Enrique Vargas Lleras, en Las Bahamas y en Panamá. Al menos ya sabemos que parte de la plata de la salud fue a parar a paraísos fiscales, para no pagar impuestos al erario.
Asimismo, denuncia que, con los recursos de la salud por concepto de aportes para la UPC y los presupuestos máximos, correspondientes a la vigencia fiscal de 2024, “pagaron deudas propias o deudas privadas, de hace 15 o 20 años”. Es decir, que la UPC y los presupuestos máximos no fueron destinados en su respectiva vigencia para pagos de servicios de salud, “pagaron deudas con recursos excedentes de las UPC y no las retornaron al sistema, como debe ser. Indebida apropiación de los recursos públicos para la salud de los colombianos. Pagaron con recursos del Estado deudas privadas contraídas por las EPS”. Por ese doloso concepto se esfumaron $5.4 billones. Resalta la Contraloría, como agravante del delito, que “se trataba de pago de obligaciones que ya estaban prescritas, cuyas acciones judiciales ya habían caducado”.
A propósito del informe del Contralor, la doctora Carolina Corcho precisó que “los colombianos entregamos $41 billones para cubrir la pandemia, se cerraron la mitad de los servicios en el confinamiento, si esa plata no se usó para la salud de la pandemia, tenían que haberla devuelto a la ADRES y no debió ser utilizada para pagar sus propias deudas, porque por esa cuantiosa deuda externa, contraída por el expresidente Iván Duque, el pueblo colombiano está pagando intereses muy altos. Si no usaron la plata tenían que devolverla y nunca la devolvieron, mientras que los colombianos seguimos pagando los intereses a la banca internacional”.
La suma del robo del siglo a la salud de los colombianos en estas cuentas hechas parcialmente asciende a $141.5 billones, sin incluir los $150 billones que recibieron, no por administrar sino por saquear los recursos públicos de la salud pública; saqueo que ha costado la vida de millones de colombianos y colombianas. Un verdadero genocidio.
El pueblo colombiano debe exigir que el peso de la ley recaiga sobre estos miembros de la “gente de bien” que gracias al modelo neoliberal recibieron en bandeja de plata los billonarios recursos públicos que debían gastarlos en la salud del pueblo colombiano, pero que fueron desviados a engordar las arcas del capital y de sus propias fortunas. Por ahora, en treinta años de corrupción no ha pasado nada y ellos siguen en la absoluta impunidad.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
