Colombia: Paro Nacional y Estado fascista

POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO

Transcurren más de quince días de agitación popular, el Paro Nacional está activo, las marchas en las calles se llenan de jóvenes y adultos en manifestación pacífica gritando sus arengas, saltando, bailando, con múltiples expresiones culturales y artísticas, todo un carnaval de alegría, conciencia y dignidad. Una situación ha quedado en evidencia para quienes participamos de ellas: mientras no esté el Esmad y la policía cerca a las marchas, presionándolas y atacándolas, estas transcurren de forma pacífica.

¿Por qué protestamos? por la inequidad rampante, los altos índices de pobreza, el asesinato de líderes, lideresas y desmovilizados, el incumplimiento de los acuerdos de paz, las reformas arbitrarias y autoritarias de este gobierno: tributaria, salud, pensional, laboral, su mal manejo de la pandemia, el incumplimiento con las vacunas, etc. La grave situación social de las mayorías a desbordado las calles, el desespero ante la pobreza de una gran parte de la población y el no futuro de muchos jóvenes ha catapultado la protesta, todo a consecuencia de los malos manejos de la política económica y social durante los últimos 30 años.

El gobierno Duque absolutamente incompetente y débil pone en juego sus estrategias, o más bien las dictadas por su jefe y mentor, inicialmente la contención agresiva institucional, lo que le ha significado un gran desprestigio internacional al quedar en evidencia en múltiples videos la arremetida violenta a cargo de la policía nacional y el esmad: agresiones, torturas, violaciones, disparos, asesinatos, desapariciones; también, la consabida estrategia de infiltrar las marchas producir vandolismo para buscar el rechazo de la protesta por los sectores que no participan en ellas. La segunda estrategia tiene como elemento adicional la participación de la fuerza paramilitar; ante el escándalo público que se ha creado nacional e internacionalmente, surge la consabida estrategia de golpear con las fuerzas paraestatales para protegerse de las sanciones internacionales, hoy sectores de empresarios y políticos del Centro Democrático y afines se reúnen para establecer su estrategia de “legítima defensa” y agresiva con los medios de comunicación[1], para desarrollar en muchas ciudades del país, en especial donde la situación de desespero social se ha desbordado como Cali y Pereira, pero que funciona como modelo a repetir en todas las ciudades del país.

La presión del Paro Nacional ha logrado varios triunfos frente al gobierno: retirar la reforma tributaria, la renuncia de Carrasquilla, el aplazamiento (hundimiento) de la reforma a la salud, el iniciar el teatro de los diálogos con los diferentes sectores del país incluido el Comité Nacional de Paro; sin embargo, como es conocido su intención es no negociar las propuestas por las cuales las gentes han salido de forma apoteósica a las calles.

Nos enfrentamos a un gobierno que ha mentido en múltiples ocasiones sin ningún atisbo de vergüenza, esta vez no es la excepción. El jefe del presidente y muchos de su bancada piden con urgencia la militarización,  continuar con el uso de la fuerza y el sub presidente se los concede, y otros solicitan la declaración del Estado de Conmoción Interior. Pero pareciera que su estrategia escogida es golpear con sus fuerzas oficiales y paraoficiales, simular negociaciones para dilatar y debilitar al movimiento y atacar desde sus sectores afines -”los ciudadanos de bien”, de “camisetas blancas”- quienes utilizan la violencia bajo el supuesto de “la legítima defensa”, suplantando las instituciones oficiales; así como, influir en los medios de comunicación privados y en su bodegas de internet para hacer una campaña masiva de desprestigio, todo con el fin de acabar con la justa protesta nacional.

No les favorece que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia: las diferentes movilizaciones y protestas en diferentes ciudades del mundo, los pronunciamientos de organismos internacionales como ONU, Human Rights Watchs, Amnistía Internacional, personalidades como el juez Baltazar Garzón, políticos  y artistas de renombre; la solicitud de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos para quitar el apoyo militar a Colombia, Las denuncias ante organismos de derechos humanos internacionales, la CPI, etc., es una situación que aumenta la presión sobre el gobierno y su manejo a la crisis.

Sin embargo al interior del país las tensiones sociales se aumentan con la entrada en escena del plan de los “ciudadanos de bien” aumentando a través de la propaganda sucia la estigmatización de la protesta y por esa vía dar paso al odio, la aporofobia, la xenofobia, al clasismo, el racismo, el colonialismo, históricamente no resuelto, poniendo en escena que se debe combatir al “enemigo interno” presente en las marchas, situación muy peligrosa, teniendo en cuenta nuestro contexto histórico, porque se convierte en una justificación de la violencia.

Aquí es donde frente a esta aparente situación de debilidad institucional entra en juego el Estado Narcofascista construido por el uribato durante estos últimos 20 años y que se expresa en los siguientes elementos:

Según el trabajo publicado por Alex Olano Fascismo, Uribismo y Narcofascismo[2], en el que se cita los trabajos de Paxton y Arendt, nos recuerda el autor como el fascismo surge del sentimiento de una crisis abrumadora que no se puede superar con las soluciones tradicionales, con este sentimiento se identifica al “enemigo” al cual culpar, demonizar (en su época y para nuestro caso las Farc-ep), se hace sentir al gobierno como la víctima para justificar la violencia sin límites legales o morales contra “sus enemigos”. El desprestigio, la mentira, el infundir miedo y terror a los demás es la estrategia de sus comunicadores, la dominación a través de la propaganda cambia las razones por las emociones, es por ello, que no existen argumentos válidos sino reacciones sensoriales, tribales, de amor (a quién piensa igual al grupo de poder) y de odio (a quién piensa diferente). Se activan todas las estructuras para- estatales que en nuestro caso están activas desde los 90s Autodefensas Unidas de Colombia AUC  (ahora han mutado a nuevos nombres como las Águilas Negras, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, etc.,) utilizando la violencia selectiva y colectiva, de allí el asesinato de líderes sociales, profesores, sindicalistas y defensores de derechos humanos y las múltiples masacre y desplazamientos de poblaciones, todo con apoyo de élites económicas y financieras.

Siguiendo el trabajo de Alex Olano, es evidente como las características del neofascismo coinciden con lo que ha hecho el uribato en sus años de gobierno: un líder providencial que ataca a sus contrarios con categorías de “enemigos del país”,“comunistas”, “extrema izquierda”, “terroristas”, (hoy “vándalos”), que asume el manejo del poder de forma autoritaria, donde ha buscado el cambio del Estado de Derecho por el “estado de opinión”, le estorba la lay y la participación plural, por ello ha violentado la Constitución y la democracia. El respaldo de las élites a sus gobiernos ha sido pagado con creces con las medidas económicas tomadas: reducción de los impuestos a los más ricos, desregulación financiera y ambiental, recorte de inversiones públicas y entrega a privados, merma de los derechos laborales y sociales, etc. Se ha exaltado en la nación los valores autoritarios, belicistas, la necesidad de la violencia, la guerra, la exclusión, el sometimiento por la fuerza. El líder se muestra a su vez paternal y castigador.

Hacen de Colombia un narcofascismo –según el trabajo de Alex Olano- los siguientes elementos: es el producto de la alianza entre agencias de inteligencia norteamericana con carteles de la droga del país, en este caso su relación con el cartel de Medellín, el acuerdo consistiría en garantizar al capo o su organización mafiosa la seguridad de su actividad comercial a cambio, al estar esta organización en el poder, de conceder todo tipo de recursos nacionales a los intereses norteamenricanos. El narcofascismo es así, la tendencia política originada por los carteles y capos de la droga, en el cual confluyen dos líneas: la económica derivada de las actividades propias del narcotráfico y la política como  organización de extrema derecha con prácticas fascistas, estas organizaciones responden a los códigos de la mafia en donde el capo principal nunca será denunciado, sus lugartenientes asumirán las culpas ante la ley y serán proclives al asesinato; estas organizaciones tienen una alta inspiración religiosa en el catolicismo o en movimientos cristianos para generar un tema de sacralidad en torno a sus crímenes, buscan eliminar la separación de poderes, centralizar y concentrar la toma de decisiones, además de controlar y reducir las organizaciones institucionales y de justicia. El opositor debe ser “neutralizado” o “eliminado”, se ajustan las leyes a sus intereses, se pone presidentes, gobernadores, alcaldes y otros puestos importantes de representación popular en el gobierno, se realiza lavado de activos, las ganancias se limitan a los miembros del cartel y sus afiliados, la salida del cartel es catalogada como traición y se castiga con la pena de muerte. El Estado se convierte en un botín y pasa a ser de uso y dominio privado, se conforman ejércitos paramilitares con el fin de someter a la población sin tener que cumplir con la Constitución o la ley, se mantiene guerras permanentes con enemigos internos y externos para generar estados permanentes de crisis, que permitan estos desarrollos. La propaganda se utiliza también para desprestigiar a la justicia, jueces, periodistas, abogados independientes y todo aquel que se le oponga; se mantiene el dominio social basado en la mentira, el miedo, el terror, el engaño; siempre estará presente su capacidad de asesinar. El líder buscará la impunidad de sus subordinados, a mayor lealtad mayor posición en el movimiento. la organización a su interior funcionará como una sociedad secreta con anillos de confianza, a más confianza y más entrega más cerca del líder. Cuando están en el poder expolian las riquezas sin límite alguno con una marcada tendencia al feudalismo, su relación con el narcotráfico así lo presiona, la organización se muestra obsesiva por la concentración de la tierra, por ello el asesinato de líderes de territorios periféricos y ambientalistas.

Frente a esta perspectiva ¿qué podemos esperar? Posiblemente más violencia (oficial y para estatal) aún cuando los ojos internacionales estén puestos en nuestro país y el jefe del presidente esté en investigación por crímenes de lesa humanidad. El diálogo que ha iniciado Duque, es desde nuestro punto de vista, una respuesta a la presión social, una estrategia más para debilitar, dilatar y no negociar realmente.

Que alternativas tenemos:

Continuar con la movilización social y la protesta pacífica, como muestra de resistencia y dignidad para continuar con la presión por las reformas que la sociedad (no las élites) necesita.

Presionar por los corredores humanitarios para la provisión de suministros necesarios cuyo obstáculo ha sido indilgado al paro pero sabemos de las intenciones del bloqueo con el fin de desprestigiar y acabar la movilización.

Presionar por la Renta Social Básica para los sectores más aporreados por la pandemia.

Presionar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, no más asesinatos de líderes, lideresas, desmovilizados, defensores de derechos humanos, sindicalistas, profesores, jóvenes, no más desapariciones, violaciones sexuales, torturas, no más masacres ni desplazamientos de poblaciones.

No más Esmad, policía y militares que atacan y matan al propio pueblo, no más doctrina del “enemigo interno”.

Persistir en la solicitud de respeto y valoración por nuestras culturas ancestrales, nuestros indígenas y afros, por nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestra infancia, respeto a las otras culturas y géneros (Rrom, LGBTI); por su igualdad ante la ley, su igualdad de condiciones, incluida su participación política. No al colonialismo, al sexismo, machismo, la aporofobia, la xenofobia y el clasismo.

Por un país donde los derechos no sean mercancías, ni la salud ni la educación pueden ser reproductoras de inequidad; el derecho al trabajo digno debe ser universal y su cumplimiento prioritario.

Se debe continuar con la concientización popular para el cambio de sociedad y de gobierno, no más uribato ni cultura traqueta en nuestro país.

Los jóvenes son nuestro honor y nuestro futuro y han demostrado con creces su preocupación y su interés por construir un país mejor: equitativo, incluyente, con igualdad de oportunidades para todos y todas, con justicia social y paz.

Los dirigentes sindicales y políticos de oposición a este régimen están en la obligación de tener en cuenta y responder a los clamores de los sectores populares e integrarse a todas sus luchas, hoy resalta la expresión de Gaitán: “el pueblo es superior a sus dirigentes”.

No puede cesar LA PRESIÓN Y DENUNCIA INTERNACIONAL, al tener todos los organismos de control y la justicia cooptados por el uribato, nuestra alternativa judicial se encuentra en la justicia internacional, en el apoyo brindado desde los organismos internacionales vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos a los cuales se ha sometido nuestro Estado y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

“Yo no sueño con que el mundo cambie,

sueño con que el pueblo tome  conciencia.

Si el pueblo toma conciencia no hacen falta sueños”.


[1] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-legitima-defensa-y-otras-propuestas-del-uribismo-y-empresarios-en-pereira-para-frentear-el-paro/

[2] https://diario16.com/fascismo-uribismo-y-narcofascismo/

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