POR CATALINA OQUENDO B. /
Esta semana, Colombia empezó a dar un paso en el reconocimiento de las víctimas de los asesinatos de civiles conocidos como ejecuciones extrajudiciales: un parque en memoria de los llamados falsos positivos que estará ubicado en la histórica Estación de la Sabana de Bogotá.
Se trata de un capítulo doloroso de la historia reciente que aún es negado por un sector de la sociedad y se ha convertido en el mayor lastre del Ejército colombiano: al menos 6.402 asesinatos, cometidos por soldados y altos oficiales asesinaron campesinos, personas vulnerables u otros civiles para mostrarlos como bajas en combate. Lo que en palabras jurídicas se conoce como “muertes ilegítimamente presentadas en combate” y que el país ha llamado “falsos positivos”.
Más allá de las admisiones de culpabilidad de decenas de militares- que han obtenido beneficios jurídicos a cambio de entregar la verdad- y de un pedido de perdón del Estado, aún falta mucho por devolver la dignidad a las víctimas. El predio que entregaron las autoridades a las víctimas el pasado domingo pretende ser una reserva de la memoria, dice Jacqueline Castillo, una de las líderes Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) y hermana de Jaime, una de las víctimas. “En este terreno vamos a seguir haciendo memoria, creemos que las próximas generaciones deben conocer lo que ocurrió para que no se repita”, dijo ella durante la entrega del predio, a 16 años del asesinato de varios jóvenes de Soacha que permitió al país conocer una tragedia que ya venía ocurriendo en otras regiones de Colombia.
El espacio llamado 6.402 razones para no olvidar se está construyendo entre el Ministerio de las Culturas y familiares de las víctimas, y está pensado como un parque rodeado de árboles y caminos, como “una especie de reserva de la memoria” guiado por los conceptos de “camino, vientre, desenterrar, arraigo, desarraigo, memoria y esperanza”.
Los asesinados por el Ejército bajo esta modalidad de crimen eran especialmente jóvenes pobres o necesitados de empleo. Y fueron las mujeres, madres, esposas, hermanas las que reportaron su desaparición y “llevaron la lucha desde sus casas hasta grandes medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y estrados judiciales a costa de su propia vida e integridad”, como señala la Comisión de la Verdad en su informe final.
Las consecuencias para ellas han sido devastadoras, recuerda el documento. La mayoría sufren enfermedades como hipertensión, depresión, diabetes y, además, no logran hacer el duelo, en parte, porque predomina aún una negación de los hechos y responsabilidades y esto tiene un enorme impacto psicológico en ellas. “Para poder hacer esos procesos de duelo, el primer paso es el reconocimiento de la injusticia de lo vivido, que es lo que puede permitir empezar a asimilar la pérdida. En ausencia de estas acciones, las consecuencias en las familias se agravan”, recuerda la Comisión.
Las víctimas de falsos positivos no solo enfrentaron estigmatización y persecuciones, sino que tuvieron que cargar con el peso económico de los asesinatos de sus hijos. Mientras muchos de los responsables ascendían para conseguir mejores pensiones, ellas se endeudaban para pagar los nichos en los cementerios. Ahora, luchan por recuperar el impacto en el buen nombre de sus familiares y dignificarlos.
El País, España.
