POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
El presidente Gustavo Petro denunció que el gobierno del corrupto Iván Duque, junto con la Dirección de la Policía Nacional (DIPOL) adquirieron el virus espía Pegasus por 11 millones de dólares pagados en efectivo en dos contados de US$5.5 millones cada uno, transportados en dos vuelos diferentes hasta Tel-Aviv y entregados a la empresa NSO Group, especializada en el desarrollo de software de espionaje y ciberseguridad.
El experto en ciberseguridad, Marcel Ramírez, en entrevista con Holman Morris en RTVC, realizada el 29 de septiembre pasado, explicó que Pegasus “es un virus troyano que se puede meter en una computadora o en un teléfono celular; no es un software espía, sino un virus troyano que, una vez dentro de un computador o un celular, puede transmitir toda la información que el equipo invadido contiene a un receptor, el virus se aloja en las aplicaciones de mensajería, desde donde emite varias ramificaciones y se adueña de todas las aplicaciones y de todos los archivos que hay en el teléfono o el computador, que luego son transmitidos a una base o a una matriz donde se recibe la información que es analizada por el receptor”.
Es decir, que el virus espía, una vez infiltrado en los celulares, permite a su operador extraer mensajes, correos electrónicos, llamadas y todo tipo de datos, filmar y gravar reuniones, sin que el usuario lo sepa, que son trasmitidas al receptor; el gobierno de Duque y la DIPOL adquirieron el virus de manera ilegal y secreta, para espiar, según lo denunciado por Petro, periodistas, activistas de derechos humanos, opositores del gobierno uribista, jóvenes líderes y lideresas de la primera línea del estallido social de 2021, que luego fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados unos y encarcelados otros, acusados de terrorismo. Posteriormente se dedicaron a expiar la campaña presidencial del Pacto Histórico, principalmente al candidato presidencial y su fórmula en la vicepresidencia, Francia Márquez; así como, los dirigentes del staff de su campaña. La revista Semana tendrá que responder por las grabaciones de las reuniones de la campaña del presidente que hizo públicas, procedentes quizá de las entrañas de Pegasus.
Los opositores de extrema derecha, quisieron descalificar la denuncia del mandatario, calificándola de fantasiosa, lo acusaron de loco y de desviar la atención del paro patronal camionero, le exigieron mostrar las pruebas y, hasta un respetado columnista de El Espectador le atribuyó, tanto por esta denuncia, como por informaciones de la embajada gringa, sobre el golpe de estado y el riesgo de su asesinato, de sufrir “delirium tremens”, enfermedad que ataca a los alcohólicos en estado terminal. Por supuesto que no dejaron evidencias oficiales de la compra porque no fue registrada ni en los gastos, ni en las cuentas oficiales, porque, resulta de Perogrullo, que, si lo compraron en efectivo con dineros incautados al narcotráfico no iban a aparecer en los informes oficiales.
En la citada entrevista, el experto, Marcel Ramírez, dejó en claro varias cuestiones. En primer lugar, que fungió como consultor en ciberseguridad de las fuerzas armadas y del gobierno de Iván Duque, lo cual hace creíble su testimonio. En segundo lugar, que antes de Pegasus el gobierno y los militares habían comprado a la empresa española Milenium Group, un software que llamaban “El hombre invisible”, con el que interceptaron teléfonos de los jueces; luego en unión temporal con una empresa colombiana, vendieron al gobierno el software espía FENIX, con el cual pretendían espiar todo lo que pasaba en las redes, pero, para hacerlo tenían que hackear Facebook, Instagram, Twitter, etc. y luego, enviarlas a la central de inteligencia para ser analizadas; el hecho de tener que hackear, invadir la privacidad de las personas era un problema de ilegalidad, este software nuca funcionó, pero invirtieron $4.300 millones de pesos del erario a precios de 2021, a pesar de que el consultor les advirtió que el precio era exorbitante, que además iban a cometer ilegalidades, no pudieron utilizarlo, fracasaron y la plata del Estado se perdió. El gobierno y los militares desoyeron las advertencias del consultor y compraron el software espía FENIX; el fiscal Barbosa anunció la apertura de investigación y, hasta el sol de hoy, nadie sabe nada, el proceso sigue oculto en los anaqueles de la fiscalía.
En tercer lugar, pese al fracaso, el propósito de espiar a las redes sociales y a los opositores se mantuvo entre el gobierno y los militares; pues, en reunión del asesor con el “Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Armadas”, insistieron en que había que espiar las redes sociales; el consultor les advirtió que invadir la privacidad de las personas les traería problemas legales, porque para invadir los teléfonos había que hackearlos lo cual es un delito. Declaró el consultor que, en dichas reuniones, conoció una lista de por lo menos 150 personas entre las que estaban Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Holman Morris, Iván Cepeda, Francia Márquez, Inti Asprilla y demás dirigentes del Pacto Histórico. El gestor del contrato con la empresa del software espía que debía encargarse de recabar información sobre todo lo que estaba pasando en las redes, fue el secretario de comunicaciones del gobierno de Duque, Hassan Nasar, quien recomendó la compra de FENIX. Un sospechoso más sobre la compra de Pegasus.
En cuarto lugar, el fracaso de FENIX los llevó, a la compra y entrada en operación del virus troyano Pegasus, que es un virus sencillo de operar, que, según el consultor “no requiere una oficina con televisores, servidores y base de datos”, simplemente se necesita un operador con portátil que puede manejar la operación desde una cafetería, de cualquier parte, porque es móvil, por eso es tan letal e inubicable. “La función de Pegasus es meter el virus en los teléfonos, cuando se logra infectar el virus al teléfono de una persona, se toma el control de su celular mediante un mensaje; la persona hace clic, lo abre y en ese momento se infecta su teléfono , o, mediante un email que cuando la persona lo abre el virus se aloja en el teléfono o en la computadora y, desde allí, empieza a emitir una señal hacia la matriz del tipo sentado en la cafetería con un portátil con el que va revisando y tomando control del teléfono, puede tomar fotografías desde su teléfono, borrar información, robar y enviar información, abrir la cámara, hacer lo que quiera; lo más interesante es que Pegasus también sirve de GPS para hacerle seguimiento a los teléfonos invadidos y ubicarlos donde se encuentren y no importa si el dueño apaga su móvil porque Pegasus sigue emitiendo señal al portátil matriz”. Se dice que cada teléfono chuzado tiene un costo de US$50.000 y que el virus fue contratado para chuzar 2500 0 2600 teléfonos y computadoras. Una fortuna invertida en el crimen desde la silla presidencial, en complicidad con los altos mandos militares y policiales de ese oscuro periodo de gobierno.
En conclusión, nadie sabe dónde está este agresivo virus; hasta hoy, igual que el virus del Covid-19, Pegasus es invisible y ubicuo. Se sabe, por informes oficiales de la UIAF, obtenidos en fuentes oficiales de Israel, que lo compró el gobierno de Duque, en complicidad con el alto mando policial (DIPOL), que pagó US$11 millones en efectivo, de manera irregular, porque que no dejaron registro del cuantioso gasto en libros oficiales, pero nadie da razón en manos de quien está el terrorífico espía cibernético. Tampoco fue entregado al nuevo gobierno, ni a la nueva cúpula militar y policial, la procuradora Margarita Cabello ha hecho mutis por el foro, el exfiscal Barbosa hizo lo mismo. Silencios cómplices, como siempre, con el uribato. El experto Marcel Ramírez, aclaró que está regulado por acuerdos internacionales que NSO Group y demás empresas similares solo puede vender Pegasus y otros virus espías a gobiernos y fuerzas oficiales de seguridad y solo para ser usado en operaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Por este motivo, la denuncia del presidente Petro sobre la compra criminal de Pegasus, calificada por la mediática corporativa hegemónica como revelación de secreto de estado, es genuina y debe ser razón de preocupación pública, porque mientras no se sepa en manos de quién está el letal virus, cuya presencia en Colombia debe ser tratada como un asunto de seguridad nacional.
Hasta tanto no aparezca, se puede presumir cualquier cosa; que quienes lo tienen lo usan para espiar al presidente y su gabinete, a los altos mandos militares y policiales, a los directores y gerentes de instituciones y empresas del estado, a los parlamentarios del Pacto Histórico, hasta a sus perros y sus gatos. Que las vidas del presidente, la vicepresidenta Francia Márquez y la de los demás integrantes del gobierno están en riesgo; también la de líderes y lideresas regionales y locales del Pacto Histórico; que el golpe de estado es una realidad que avanza, que la democracia, la seguridad y la soberanía nacional están en Peligro. No se sabe cuántos teléfonos y computadoras están infectados con el virus espía, ni en cuantos países del área, Venezuela, Colombia, Brasil, por ejemplo, está operando Pegasus. Sus operadores lo utilizan para planear y lograr estos y otros objetivos criminales, como el asesinato de Petro, el saboteo al cumplimiento del acuerdo de paz y los demás procesos de negociación de la paz en curso, etc.
Según los informes de la alianza informativa de RTVC y la revista Raya, el proceso investigativo ha registrado importantes avances. El director de la UIAF (Unidad de información y análisis financiero de Colombia) Luis Eduardo Llinás Chica, encargado de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, verificó la investigación publicada por el periodista israelí Gur Meggido en la que informa que el general Yair Kulas, jefe de exportaciones del ministerio de defensa de Israel, entregó una carta de confirmación y autorización al banco Hapoalim, el mayor banco de Israel, para que aceptara el depósito en efectivo de los once millones de dólares, realizado por el gobierno colombiano como parte de pago por la compra del virus Pegasus, confirma el periodista que el dinero llegó a Tel Aviv en un avión privado, tal como lo denunció el presidente de la República. según esta alianza investigativa, empiezan a aparecer presuntos involucrados en la comisión de este delito; el primero es la probable relación con la compra ilícita de Pegasus del asesinato por envenenamiento de Yariv Bokor, un ingeniero israelí, residenciado en Medellín que, según su abogado, era experto en enfrentar y evitar los ataques de hackers en contra de la multinacional española Telefónica; la policía que hizo el levantamiento del cadáver, sospechosamente se llevó el computador y los celulares del occiso sin acta de incautación ni cadena de custodia; se supo que Yariv Bokor manejó información muy sensible de seguridad cibernética durante 14 años, que antes de ser asesinado lo visitó otro ciudadano israelí y la sospecha crece con el hecho de que, presumiblemente, Bokor era militar activo de Israel.
También aparecen como sospechosos, el señor Jairo Gracia Guerrero, exviceministro de defensa del gobierno de Duque que se encargaba de temas relacionados con la seguridad ciudadana, el orden público, y la delincuencia urbana, quien salió a negar la compra ilegal de Pegasus, pero las evidencias lo muestran muy cercano al general Yair Kulas quien dio la orden para que en el banco Hapoalim se consignaran en efectivo lo US$11 millones. Se sospecha también de Tres altos mandos de la policía, los generales Jorge Luis Vargas y Norberto Mujica y el coronel Juan Manuel Torres, quienes habrían realizado la compra de Pegasus y, del señor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, director del DAPRE del gobierno de Duque, quien sorpresivamente ha salido a negar que su gobierno haya comprado el virus espía y, a exigir que se exhiban las pruebas que tienen el gobierno y la fiscalía General de la Nación. su perfil está muy ligado a empresas de software y de ciber seguridad desde hace más de dos décadas, como representante de la empresa Carvajal Tecnología y servicios. Sin duda alguna, la principal sospecha recae sobre el subpresidente Duque, que deberá responder ante la justicia por este crimen y sus nefastas consecuencias.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
