POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Leyendo la columna de opinión del escritor Mario Mendoza [1] sobre el presidente Gustavo Petro, por sus más de dos años de gobierno, he quedado sorprendido ante su contenido. Por el respeto y la valoración que he tenido de sus aportes literarios, me veo en la necesidad de plantear una respuesta por escrito a sus apreciaciones.
Considerando a Mendoza un intelectual, un escritor importante para el país, en su columna veo con sorpresa una gran carga de epítetos y adjetivos negativos en contra del presidente: narciso, paranoico, mesiánico, esquizofrénico, pendenciero, de moral fluctuante y acomodaticia, etc. Por provenir de un escritor respetable para el país, considero necesario una respuesta contextualizada, porque veo que el autor cae en imprecisiones y errores de apreciación producto de un análisis alejado de la realidad histórica y del presente de Colombia.
De dónde venimos
En muchas oportunidades, al desconocer la historia de nuestro país, se realizan juicios ligeros -muchos erróneos- con la inmediatez de los años vividos. Se olvida que la historia republicana de nuestro país está cargada de violencia política cuyo origen es el mantenimiento de privilegios para una clase en contra de la otra; ejemplos de ello fue, la violencia contra el movimiento artesano y el general Melo de mediados del siglo XIX, La guerra de los Mil Días, el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Gaitán desatando el Bogotazo, el Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay, los asesinatos de los miembros de la UP (crímenes cometidos por el Estado y ante los cuales ha tenido que presentar excusas públicas), crímenes de precandidatos presidenciales, senadores, representantes, mandatarios locales, líderes/as sociales, profesores, estudiantes, defensores de derechos humanos; para más recientemente, dijéramos los últimos 25 a 30 años, entrar en la violencia narco-paramilitar con la cooptación del Estado. No en vano, se expresa que Petro es el primer presidente progresista de nuestra historia.
De ésta última época, la violencia narco-paramilitar con la cooptación del Estado colombiano, vale la pena hacer algún repaso rápido. Surge con fuerza después de los 90s como instrumento político-militar para asegurar el dominio en el territorio nacional de una élite emergente asociada al narcotráfico; confluye con varios fenómenos: la apertura económica y la aplicación del modelo neoliberal con sus políticas privatizadoras y concentradoras de la riqueza, la implementación de los tratados de libre comercio TLC y la apertura de fronteras a las multinacionales para establecerse en nuestro territorio, presentándose la denominada acumulación por desposesión [2]; además, el aumento de la confrontación guerrillera, principalmente de las FARC-EP. Esto significó el aumento de a violencia, los seguimientos ilegales (DAS), los desplazamientos, las masacres, los crímenes de Estado (6.402 “falsos positivos”), situación que se acentuó en los gobiernos uribistas; y pasó, un fenómeno trascendental para entender a lo que se enfrenta el gobierno de Gustavo Petro hoy: la cooptación del Estado [3], fenómeno que consistió en infiltrar todas las instituciones del Estado, principalmente las de justicia (Fiscalía, altas cortes y Comisión de Acusaciones de la Cámara), control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo), electorales (Consejo Nacional Electoral, Registraduría Civil), que le permitieran la impunidad. Todo ello acompañado de la publicidad de los medios corporativos a favor de sus políticas excluyentes y concentradoras, tomando una posición parcializada al presentar las noticias.
A qué nos enfrentamos
En el ámbito nacional. El Gobierno del Cambio se enfrentaba desde antes de su periodo, en la carrera electoral, a todo un aparato Estatal infiltrado por la extrema derecha asociada al narco-paramilitarismo acostumbrada a las infiltraciones ilegales, las amenazas, las trampas, los fraudes y la violencia como sus métodos cotidianos. No fue entonces, solo una confrontación de dos modelos económicos diferentes, uno neoliberal (de las élites emergentes y tradicionales colombianas) frente a uno social-demócrata (del gobierno progresista (respaldado por los sindicatos, movimientos sociales y populares, sectores subalternos, intelectuales e independientes) sino, además, la confrontación contra el narco-Estado enquistado en las instituciones estatales cooptadas.
En el ámbito internacional. Al ataque y persecución de los gobiernos progresistas de la región, con casos de lawfare como el de Brasil con Lula y Dilma Rousseff, Ecuador con Correa, Perú con Castillo, y golpes de Estado como el de Evo en Bolivia; la utilización de la OEA con Almagro, como institución en pro de los designios de la derecha internacional, la continua agresión contra Venezuela y Cuba, la unión de la extrema derecha colombiana con la internacional (Vox de España, Milei, etc.).
Estas situaciones plantean un escenario desde el inicio del gobierno difícil de enfrentar. Se plantea un programa de Acuerdo Nacional y de paz total, se nombran ministros y funcionarios de diferentes partidos políticos como Cecilia López, José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, entre otros, pero se empieza a encontrar tropiezos desde el interior de esos cargos públicos, desde el interior del propio equipo de gobierno (caso emblemático el de educación con Alejandro Gaviria intentando boicotear desde adentro la reforma a la salud); la oposición de las cortes (como queda claro en el estudio “El bloqueo de las reformas en las cortes y la politización del poder judicial” [4]), de la mayoría de los miembros del Congreso (pertenecientes a los partidos de centro derecha y extrema derecha), la Procuraduría de Margarita Cabello y la Fiscalía de Barbosa. ¿Cómo se responde? cambiando esos funcionarios por otros con mayor afinidad y lealtad al programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”.
Como el golpe blando, el lawfare, no son alucinaciones sino realidades en nuestra América Latina, las alertas del gobierno y sus bases están prendidas frente a ello y es con el constituyente primario, el poder popular de las mayorías que apoyaron y llevaron a Petro la Presidencia de la República, con su movilización, como se puede defender su proyecto político.
Realidad política
Ni la corrupción, ni el narcoestado, ni las funestas consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales para la población general llegaron con Petro (altas tasas de pobreza, miseria, informalidad laboral, desempleo, no cubrimiento efectivo del sistema de salud, problemas en las instituciones de educación pública, aumento de tarifas de energía y servicios públicos, déficit del fondo de combustibles, etc.), son el resultado de años y administraciones anteriores.
El transformar este panorama nacional no es nada fácil y menos con una oposición férrea en la extrema derecha, la centroderecha, las élites económicas (ANDI, Fenalco, ANIF, SAC, entre otras), sus medios corporativos y las instituciones cooptadas.
Superando los errores propios (principalmente del inicio) y a pesar de los obstáculos, el gobierno del cambio ha venido adelantando su gestión, puede que lenta, pero intentando ser coherente con su programa. En estos dos años se resaltan varios logros, tanto en el manejo económico (control de la inflación, estabilidad fiscal, reactivación de la economía, donde sobresale el sector agrícola y el turismo), como el social (disminución de la pobreza, bono pensional a la tercera edad, reforma pensional y laboral, reforma agraria con la restitución de tierras a los campesinos desplazados, rescate de la educación pública y reforma a la salud, Ministerio de la Equidad), en defensa (incautación de droga, recuperación de territorios dominados por actores ilegales, respetar el derecho a la protesta social), ambiental (aprobación del acuerdo de Escazú, búsqueda de proyectos para energías limpias, competencias ambientales de las autoridades indígenas, COP16), energético (trabajo por acuerdos para disminuir tarifas de energía), administrativo (gran participación de las mujeres, sectores afros e indígenas en los cargos administrativos), entre otros. Falta mucho, sí claro, pero la realidad es que en el momento actual colombiano la rama ejecutiva no es la que domina el poder del Estado y, aun así, a pesar de todas las adversidades citadas, los proyectos van caminando.
Sea ésta la oportunidad para invitar a intelectuales, académicos, profesionales y personas del común a que profundicen en estas realidades y aportemos juntos al proyecto de construcción de un mejor país a través de la discusión profunda, contextualizada, teórico-práctica, en busca de la apertura democrática, fundamento base de este Gobierno progresista.
Notas
[1] https://cambiocolombia.com/pais/retrato-de-gustavo-petro-en-blanco-y-negro-por-mario-mendoza
[2] https://derechos-humanos-y-empresas.uexternado.edu.co/2021/07/19/acumulacion-por-desposicion-un-fenomeno-de-violacion-de-derechos-y-el-ejemplo-del-escenario-colombiano/
[3] https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Captura-y-Reconfiguracion-Cooptada-del-Estado-en-Colombia.pdf
[4] https://www.elespectador.com/politica/la-presidencia-de-petro-es-producto-del-estallido-social-alberto-yepes-palacio/
