POR JOSÉ ARNULFO BAYONA /
Basado en la información entregada por la embajada gringa el presidente Gustavo Petro denunció que habían planeado su asesinato o un golpe de Estado en su contra, los medios de comunicación hegemónicos y los opositores de la extrema derecha, que lo acusaron de estrafalario y de loco, quedaron en ridículo ante la confirmación, de boca del diplomático norteamericano sobre los planes magnicidas.
Se confirmó que la financiación de las armas y los explosivos para perpetrar el magnicidio provenían de Catar en donde residen los zares de las esmeraldas y de los capos del narcotráfico. Las alianzas de las mafias que controlan el poder económico y las mayorías del poder político siguen en plena actividad conspirativa. Tal parece que, en este caso, el golpismo no cuenta, por ahora, como ocurrió en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela, con el visto bueno, la financiación y la asesoría del Departamento de Estado y el magnate multi billonario Elon Musk.
Hay evidencias de que las altas cumbres del poder, han activado varias estrategias que se mueven simultáneamente, que se reemplazan cuando alguna es descubierta, todas en el marco de la guerra mediática de aniquilamiento moral y político del mandatario. En esta oportunidad, ante las alertas entregadas por el embajador, Francisco L. Palmieri, al Gobierno colombiano, activaron la estrategia del golpe parlamentario, que inició con el concepto favorable de la Sala de Consulta del Consejo de Estado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que iniciara la investigación, producto de una denuncia anónima y extemporánea, de la presunta violación de los topes de los gastos electorales en las dos vueltas de la campaña presidencial por parte del presidente Gustavo Petro.
El Presidente denunció que, con dicho concepto, el Consejo de Estado había quebrantado su fuero constitucional integral y que, con ello, se había dado inicio al golpe de estado parlamentario. Jurisconsultos, exmagistrados de las altas cortes y del CNE, exfiscales de la Nación, académicos y demás especialistas en la materia, opinaron que el CNE carecía de competencia para investigar y formular cargos al presidente; pero, como decía un humorista chileno, se les dijo, se les advirtió, se les puso en conocimiento el atropello que iban a cometer y se pasaron la advertencia por la faja, porque decidieron, por siete votos contra dos abstenciones, investigar y formular cargos al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, a su equipo de campaña, al movimiento Colombia Humana y el partido Unión Patriótica por “presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial, en un monto de 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022”.
El primer mandatario, con toda razón, declaró que, con esta decisión, el CNE “rompió el fuero integral del presidente de la República de Colombia que defiende la constitución, se ha dado el primer paso de un golpe de estado contra mí como Presidente de la República, elegido democráticamente por más de 11 millones de ciudadanos; que, de concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país”; señaló que “Esto viola claramente nuestra constitución y mi fuero, lo ocurrido hoy, pone en peligro la institucionalidad que represento” y, sentenció que con esta decisión el CNE se puso al margen de la Ley. Hay que mantener la alerta, porque el inicio del golpe de Estado parlamentario no descarta la variante del asesinato de Gustavo Petro que sigue activa y cuando menos se piense saltará la liebre.
El debate jurídico y político desencadenado por la premeditada y alevosa decisión mayoritaria del CNE se deduce que los magistrados que decidieron investigar y formular cargos contra el presidente incurrieron en prevaricato por acción y por omisión, por las siguientes razones:
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El CNE carece de competencia para investigar y formular cargos al presidente de la República, porque es un órgano administrativo que está impedido para juzgar al jefe de estado. Con esta decisión violaron el fuero integral del presidente, consagrado en el artículo 174 de la CP, que define como único juez del mandatario al Congreso de la República (Comisión de investigación y sanciones de la Cámara y, el Senado que toma la decisión final).
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Con esta disposición, los magistrados del CNE hicieron notoria su intencionalidad manifiestamente contraria a la ley, actuaron contra la administración de justicia y desatendieron de manera ostensible las normas legales y constitucionales que rigen para juzgar al primer mandatario.
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Adoptaron tal decisión, con pleno conocimiento de que la acción había caducado, porque el anónimo que dio pie a la decisión era extemporáneo, dado que fue recibido el dos de febrero de 2003, es decir 228 días después de haber operado la caducidad. Su deber era haber decretado la caducidad de la acción, porque estaba fuera del marco de temporalidad que rige para el caso. “Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva; la auditaría externa contratada por el propio CNE certificó, a los 30 días de la campaña, la veracidad de todas las cuentas que presentamos” (Gustavo Petro).
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La sala de consulta del Consejo de estado también incurrió en prevaricato porque al ser una entidad que solo dirime conflictos de competencia entre entidades administrativas, extralimitó su competencia al avalar al CNE que es una entidad administrativa, pero el conflicto de competencia fue con la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara que funge para el efecto como organismo de naturaleza judicial. Dicha sala nunca debió pronunciarse.
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Por lo menos dos magistrados, Cesar A Lorduy del partido Cambio Radical y Álvaro Hernán Prada del partido Centro Democrático, debieron declararse impedidos porque es de público conocimiento que han hecho explícitas manifestaciones de odio hacia el presidente de la República.
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Las donaciones de Fecode y la USO, cuestionados por el CNE como ilegales, no lo son, porque fueron aportes hechos a la Colombia Humana, mas no a la campaña; tampoco los gastos de los testigos electorales, porque esta termina un día antes de la realización de las elecciones, ni los costos de la celebración del triunfo en el Movistar Arena, porque se hicieron después de la jornada electoral; “son gastos que no hacen parte de la campaña, así lo establece la ley”, afirmó el mandatario.
Con base en la explicación magistral de la Señora Ministra de Justicia, Angela María Buitrago, entrevistada en el programa “Noches de Opinión” de RTVC, se puede asegurar que los magistrados del CNE, al investigar y formular cargos contra el presidente, hicieron notoria su mala fe con su actuación intencional y manifiestamente contraria a la ley, procedieron contra la administración de justicia porque carecen de competencia sobre este caso y desatendieron de manera ostensible las normas legales y constitucionales que rigen para juzgar al primer mandatario. En consecuencia, prevaricaron conscientemente y deben ser castigados penalmente, tal como lo han sugerido prestigiosos juristas, ex magistrados y exfiscales de la Nación.
Así las cosas, es indudable que, con el pliego de cargos, la extrema derecha neoliberal, encabezada por el uribato, pretende avanzar en la estrategia del golpe de estado, que tempranamente ha denunciado el presidente de la República, no les importa violar la Constitución, las garantías procesales, el fuero presidencial y el debido proceso. Petro ha denunciado que se trata de una estrategia diseñada por el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras y su gregario, el corrupto exfiscal, Néstor Humberto Martínez; la trampa consiste en que el CNE formula los cargos, como están impedidos para condenarlo, le imponen, según lo dicho por Lorduy, una multa, con el fin de allanar la intervención de la Comisión de acusaciones de la Cámara; cuya decisión, si es condenatoria, pasará al Senado para que sea juzgado por indignidad y procedan a destituirlo del cargo. De esta manera se habrá consumado el golpe de estado parlamentario, práctica avalada, como ya hemos dicho, por el departamento de estado de los EE.UU.
El debate ha dejado claro que el CNE, lejos está de ser un alto tribunal administrativo independiente e imparcial, porque siempre ha sido producto de las componendas políticas de los partidos mayoritarios en el Congreso para ponerlo al servicio de la corrupción y la politiquería, la prueba más clara es que Uribe, Santos y Duque, fueron absueltos por la Yidis política, la ñeñe política y la financiación de las campañas presidenciales por la multinacional Odebrecht, todas debidamente comprobadas, pero, con el mayor descaro y contra toda evidencia, el CNE de sus respectivos periodos les guardó la espalda y les cerro los casos. Les garantizó impunidad.
El camino para detener el asesinato de Petro o el golpe de Estado, es el que ha señalado el Presidente: “hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia,… le solicito a todas las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente, es el tiempo del pueblo, como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar una solo arma contra el pueblo, los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia …”. El pasado 23 de octubre el pueblo acudió al llamado presidencial y se tomó las calles para agitar las consignas “En defensa de la democracia, no al golpe de Estado”; “En defensa de las reformas sociales, no al golpe de Estado”. Hacer fracasar el golpe y detener el asesinato de Petro, es un imperativo del pueblo colombiano que debe declararse en estado de alerta y rebeldía.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
