POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
La denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la compra, en el gobierno del ex-subpresidente Duque, del virus espía Pegasus a la empresa israelí NSO – Group, por el cual pagaron la astronómica suma de US$11 millones, equivalentes a $47.300.000.000 millones de pesos, a precios de hoy, pagados en efectivo, con dólares norteamericanos, presuntamente incautados al narcotráfico, ha sido confirmada por las investigaciones adelantadas por Señal investigativa, (alianza de RTVC y la Revista Raya), así como por la pesquisa basada en la denuncia del presidente, que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
El escándalo parece se de grandes proporciones y sin antecedentes en nuestra historia política; la compra ha sido negada por el gobierno anterior y sus altos funcionarios, presuntamente implicados en delitos de máxima gravedad cometidos. Los medios corporativos hegemónicos, trataron inútilmente de cuidarle las espaldas a sus benefactores e hicieron eco de sus declaraciones en las que desmentían la realización de la compra y negaban la existencia de Pegasus en Colombia. Calificaron las denuncias del presidente de fantasiosas y calumniosas; recurrieron al tapen–tapen, declararon que no existían ni las autorizaciones, ni los registros de tales compras en los archivos oficiales y exigieron al mandatario que mostrara las pruebas.
Víctor Manuel Muñoz, director del DAPRE durante el gobierno de Duque, negó la compra y declaró que “el presidente Iván Duque y desde la Presidencia, nunca se dio instrucción alguna para comprar una plataforma como Pegasus”. Los integrantes de la cúpula militar y de Policía, y los exministros de Defensa durante el periodo de Duque, dijeron en un comunicado que “ni recibieron instrucciones ni compraron ese software”.
Pero, la verdad salió a flote, gracias a que los incisivos investigadores de la Revista Raya les hicieron seguimiento a los vuelos denunciados por Petro y lograron confirmar, las matrículas de los dos aviones, sus itinerarios, días, horas y fechas de entrada al país y de regreso a Tel Aviv, su tripulación y los pasajeros que trajeron a Bogotá, los sitios en que se hospedaron, para concretar el negocio con el gobierno y llevarse el dinero en efectivo de la jugosa venta realizada.
La fiscalía general ratificó los aterrizajes, el desembarco de altos ejecutivos y expertos en ciber espionaje de NSO – Group; así como, la compra del software espía: “Tanto la llegada de esos vuelos; como, lo que tiene que ver con las transacciones financieras en Israel, está apoyado en pruebas objetivas, estamos hablando de rutas de dinero, que son comprobadas por entidades oficiales israelíes, que tienen también una verificación objetiva” enfatizó la fiscal general, Luz Adriana Camargo al diario El Tiempo.
Los hechos que respaldan las afirmaciones de la señora fiscal general son tozudos, pues, la empresa NSO Group, respondió tanto a la fiscalía, como a los medios hegemónicos con el siguiente comunicado: “NSO -GROUP es una empresa que acata la ley, por tanto, todas las transacciones fueron hechas de acuerdo a la ley y con la apropiada documentación y la aprobación de ambos países. Cualquier otra información es incorrecta y no refleja la realidad”. Declaración que prueba de manera incontrastable que la compra de Pegasus sí se hizo en acuerdo con el gobierno, que el registro de la misma quedó en Israel, pero que en Colombia no dejaron ni rastro, ni registro legal de los US$11 millones en efectivo que se llevaron los dos aviones, en pago del costoso virus espía. La certeza de la compra del tal Pegasus es tal que los mass media, detractores del gobierno actual, así lo reconocieron. Pegasus si existe y está en manos criminales en Colombia. El comunicado de la empresa israelí no es del todo honesto, pues en la muy seria documentación de su investigación, la revista Raya constató que el banco Hapoalim ha pagado sanción US$30 millones al Departamento de Justicia gringo, por incurrir en el lavado de activos de las cúpulas corruptas del futbol mundial y otros US$874 millones, tras declararse culpable de ayudar a los billonarios norteamericanos a evadir impuestos. No es verdad que siempre realizan estas transacciones con apego a las leyes.
Las matrículas de las dos aeronaves son: Primer vuelo, avión M – AGGB, de matrícula israelí, aterrizó en el aeropuerto El Dorado el 25 de junio de 2021 a las 8:30 pm, aparcó en el hangar de la Policía Nacional, desembarcaron seis (6) importantes ejecutivos y funcionarios expertos en ciberseguridad de NSO – Group, entre los que se destacan: Oded Gindi, Oren Zion y Yehuda Lahav, director de negocios de NSO Group, quienes regresaron el 26 de junio, en el mismo avión, que partió de regreso a Israel (Revista Raya). El segundo vuelo, T7 – CPX arribó al Aeropuerto El Dorado el 17 de septiembre de 2021, desembarcaron, otros expertos y ejecutivos de la vendedora del virus espía, aparcaron la aeronave también en el hangar de la policía nacional y algunos también se hospedaron en el Club de Oficiales de la Policía.
Unos regresaron con el botín a Israel y otros, probablemente los ingenieros expertos en el software Pegasus, se quedaron en tareas de entrenamiento a los operadores del virus espía. Es particularmente notorio que los visitantes se identificaron de distintas maneras, como empresarios, ingenieros, altos funcionarios de NSO Group y todos como miembros de las fuerzas militares y policiales genocidas y asesinas de niños y niñas del régimen Nazi – Sionista. El comandante, para ese momento, de la policía antinarcóticos, general (R) Herman Bustamante “debe saber por qué llegaron esas aeronaves a esos hangares”, dijo una fuente de El Tiempo y, cabe preguntar, ¿por qué se hospedaron en el Club de oficiales de la Policía?
Los responsables del espionaje y el perfilamiento de miembros de la oposición y de los líderes y lideresas de las luchas sociales en el gobierno anterior, tienen el gran problema de no contar, en esta oportunidad, con los fiscales (Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa) que cuidaban las espaldas al ex subpresidente Duque, sus antecesores y sus cómplices; pues, la fiscal general Luz Adriana Camargo se puso al frente de la investigación y ya informó que han sido entrevistados por la Fiscalía 25 altos funcionarios del gobierno de Duque, entre ellos, Jairo García Guerrero, ex viceministro de Defensa, Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE, los generales Carlos Iván Moreno y Juan Diego Sepúlveda.
seguramente serán llamados nuevos declarantes, porque en las primeras entrevistas no están todos los que son. Tanto el subpresidente Duque, como su ministro de defensa, Diego Molano, y su director de la Policía, general (r) Jorge Luis Vargas, tienen que responder penal y políticamente por esta criminal operación; es lo que oportunamente hizo el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro al interponer denuncia penal ante la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes, que con sus mayorías de extrema derecha probablemente siga funcionando como comisión de absoluciones, si el pueblo y el gobierno no se ponen las pilas.
La gran pregunta, aún sin respuesta es, con la certeza de que el virus está en Colombia, ¿dónde está Pegasus? La Fiscalía ha orientado la investigación en determinar si el software podría estar en posesión de la Fiscalía, en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Policía o el Ministerio de Defensa. La fiscal Luz Adriana Camargo, afirmó que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que Pegasus esté presente en ninguna de estas entidades. Parece que buscan el muerto rio arriba, porque la hipótesis más probable es que está en manos criminales, vivito y, muy seguramente, chuzando y perfilando, ya no a opositores, sino a partidarios del gobierno, a la bancada del Pacto Histórico, al presidente, a altos funcionarios de su gobierno; así como a lideres y lideresas de las organizaciones sindicales y sociales afines al Gobierno. Sin embargo, “la jefa del ente acusador indicó que, hasta la fecha, no se sabe quién tiene en su posesión el software ni con qué fines fue adquirido” (El Tiempo).
Según el periodista Gonzalo Guillén, probadamente certero en sus investigaciones, el exfiscal Barbosa “puso la plata incautada al narcotráfico para comprar Pegasus” y agregó que “Barbosa no solo sustrajo el dinero guardado de las incautaciones, también dispuso de ese sistema de espionaje cuando comenzó a usarse en el país y distribuyó grabaciones ilegales, periodistas que le eran serviles. Pegasus fue y quizá sigue siendo utilizado por policías, políticos, abogados, empresario, narcotraficantes y periodista, entre otros, cercanos al expresidente Iván Duque. Y por el mismo Duque” (@heliodoptero). Por su parte, la fiscal de la Unidad de “Delitos contra la administración Pública”, afirma tener pruebas de que el Software espía opera en las dependencias de la Fiscalía general.
El sendero de la verdad parece despejado; en el debate de control político, convocado por el presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, Antonio José Correa del partido de la U, realizado el pasado 30 de octubre, al que fueron citados la Fiscal General, la Procuraduría General, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, la Aeronáutica Civil, las FF.MM, el director de RTVC y los periodistas investigadores de la Revista Raya, cuyas intervenciones han confirmado la veracidad de lo informado por la Unidad Investigativa de RTVC, en relación con la compra por parte del Gobierno Duque del virus espía Pegasus. La empresa israelí NSO – Group, lo ha confirmado mediante comunicado público; confirmaron también que la compra se hizo ilegalmente, razón por la cual no dejaron rastro en los registros contables de la Nación. Acordaron, las instituciones presentes, que trabajarán en equipo para “dar con los responsables de este nefasto delito y con el origen de los recursos para su compra”, sobre los cuales debe caer el peso de la ley, compromisos que consignaron en su declaración los miembros de la comisión del Senado que convocó el debate.
La procuradora general, Margarita Cabello, reputada uribista, contra toda evidencia, declaró que “hasta hoy podemos decirles que no hay rastros de la existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial, del presidente anterior de adquirirlo, tampoco hemos encontrado hasta ahora, y lo estamos pidiendo, rastros de que haya habido reserva de gastos o de dineros incautados para ello; seguimos con la investigación, pero, evidentemente, no hay rastros de compra oficial del programa…y no hemos encontrado rastros de existencia de ese programa en Colombia”. El presidente Gustavo Petro dijo, mediante trino, que sencillamente “miente la Procuradora”. Llegó demasiado tarde a tratar de lavarle la cara al títere Duque y sus cómplices, la verdad le estalló como una olla de presión en su cara y puso al desnudo su cinismo y su actitud servil ante la corrupción y los verdaderos amos del poder económico y político de Colombia.
Finalmente, además del delito de lavado de activos señalado por el presidente Petro y por el director del DNI, Luis Eduardo Llinás, varios y reconocidos juristas, han señalado que los presuntos responsables de la compra de Pegasus han incurrido en delitos de chuzadas, espionaje, perfilamiento y violación de la privacidad, peculado por apropiación, abuso de autoridad y concierto para delinquir.
El riesgo de golpe de estado sigue ahí moviéndose con sigilo y en la sombra, las colombianas y los colombianos, no podremos sentirnos seguros, mientras el letal virus continúe en las manos criminales de la extrema derecha. El pueblo debe acudir al llamado de Petro, organizarse de abajo hacia arriba, mantener el estado de alerta y concurrir a la movilización popular en pueblos y ciudades para defender la democracia en las calles y al presidente legítimamente elegido por la ciudadanía.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
