POR CATALINA OQUENDO B. /
O Colombia es un país anestesiado o la avalancha de noticias y rumores y tuits y peleas a menudo tapan lo importante. Esta semana, tres noticias que hablan de la intrincada llave entre el conflicto armado y la política pasaron desapercibidas. Todas tienen el mismo origen, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y son de gran calado. En todas hay generales que deben ser investigados por participaciones en crímenes y hay también políticos que presuntamente instigaron o se beneficiaron de asesinatos. Por caminos diferentes, llegan al mismo punto: las triadas conformadas por políticos, militares y empresarios que apuntalaron el paramilitarismo son la punta de un iceberg que el país aún se resiste a admitir.
En una de las noticias, el magistrado Gustavo Salazar compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la misma JEP (en otros de sus macrocasos, el 08), para que investiguen a un general, otros seis agentes de Estado y tres civiles. Todos ellos fueron mencionados por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, en el marco de los casos 03, sobre los asesinatos conocidos como falsos positivos, y el 06, el del exterminio de los miembros de la Unión Patriótica. Son nada menos que exgobernadores de Arauca y Casanare y exsenadores que, de acuerdo con la JEP, facilitaron o apoyaron logísticamente a diferentes bloques paramilitares.
El llamado cobija a Carlos Omairo Lemus Pedraza, quien fue comandante de la Brigada XVIII del Ejército en Arauca; a Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, ex cónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de ese mismo departamento; a Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por esa región; a Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y también exgobernador de Casanare; al exsenador Milton Rodríguez Sarmiento; y al también excongresista Carlos Cárdenas Ortiz. No solo se investigará a políticos de nivel regional, también el exalcalde de Tame (Arauca), Alfredo Guzmán Tafur; a empresarios como Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Hernández Gamarra, por su presunta colaboración financiera con las AUC; y a Sigifredo Gómez Torreglosa, un contratista de la misma universidad.
La otra noticia es de una dimensión similar y remite al origen de los grupos paramilitares en Urabá, las Convivir. En esta, el magistrado compulsó copias a 58 militares que están bajo la órbita de la JEP y a la Fiscalía General de la Nación contra dos terceros, que no son comparecientes forzosos ante la justicia transicional. Son el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada para los años 1995 y 1996, Hermán Arias Gaviria, y el excontratista de la Gobernación de Antioquia, Eduardo Duque Becerra.
“La evidencia judicial indica que en su gestión se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir, que fortalecieron los grupos paramilitares, sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, dice el documento de 656 páginas que parece un mapa del crimen en Urabá.
La tercera noticia aborda crímenes e involucrados también de alto nivel, pero en otra región: el Tolima. En este caso, la compulsa de copias es a tres generales y un político por presunta persecución y asesinatos de integrantes de la UP. Llama, por ejemplo, al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, quien luego fue concejal de Tenjo (Cundinamarca) por el Centro Democrático, a José Guillermo Delvasto Jaimes, también general en retiro; y al excomandante de la Sexta Brigada, Lelio Fadul Suárez. Este último, según la investigación, estaría vinculado por encubrimiento de una masacre en esa región.
Tres muestras de una alianza perversa, pero seguramente no las únicas, pues la JEP avanza en otras investigaciones.
El País, España.
