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La economía venezolana sigue siendo un mar de contradicciones. En medio de un bloqueo económico, ciertos indicadores macroeconómicos apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, una mirada detallada sugiere tanto una profundización del modelo rentista como una realidad cada vez más desigual.
En este editorial hacemos un balance del contexto económico venezolano, las tendencias recientes y las políticas del ejecutivo nacional.
Sanciones y licencias
Las medidas coercitivas unilaterales (vulgarmente sanciones) son el principal factor que condiciona la economía venezolana y, como tal, el punto de partida para cualquier análisis.
En abril venció la Licencia General 44 (GL44) y el Departamento del Tesoro advirtió explícitamente que las empresas interesadas en transaccionar con el sector energético venezolano deberían primero obtener una autorización estadounidense.
En los últimos seis meses, solamente la empresa refinadora india Reliance Industries ha recibido luz verde para importar crudo venezolano. Al mismo tiempo, algunos actores del ala más extremista de la política exterior norteamericana exhortan a la administración Biden que revoque las licencias de Chevron, Repsol, Eni y Maurel & Prom, las principales empresas extranjeras que operan actualmente en Venezuela.
Más allá del fracaso de la política de “presión máxima” de Trump, para Washington es mucho más importante actualmente la estabilidad de los mercados energéticos. Esto teniendo en cuenta las crecientes tensiones en el Oriente Medio como consecuencia del genocidio en Palestina.
Incluso el regreso de Trump a la Casa Blanca no implica necesariamente un regreso a la presión máxima. El expresidente terminó enfrentándose a los principales arquitectos de la política contra Venezuela (Elliott Abrams, John Bolton y Mike Pompeo). Así, no es de descartar que la segunda iteración sea más pragmática, manteniendo las sanciones como instrumento de coerción del mercado, limitando los beneficios para el Estado venezolano y beneficiando empresas escogidas a dedo.
El pronóstico para el futuro cercano es entonces que las condiciones estructurales se mantengan, junto a la volatilidad de los precios. Las consecuencias son ya conocidas: ausencia de investimento, ventas con descuentos y poca transparencia, y sacrificio de soberanía a largo plazo. Los proyectos de exploración de gas natural son paradigmáticos, con empresas mixtas sin participación accionaria de PDVSA y eventuales remuneraciones inmediatas como principal incentivo.
El dólar paralelo incontrolable
Establecidas las condiciones externas, y lo poco que se puede hacer para cambiarlas, hay que cambiar la mirada hacia la política económica en Venezuela.
En pocas palabras, las autoridades venezolanas siguen priorizando mantener baja la inflación, cueste lo que cueste. Y lo que “cuesta” son bajos salarios y pensiones, crédito casi congelado, gasto público reducido y constantes inyecciones de divisas en las llamadas mesas de cambio. Esta ortodoxia representa un conjunto de concesiones a la burguesía venezolana.
Las estadísticas muestran que la inflación se redujo a mínimos no registrados desde 2013, y durante meses eso tuvo como principal manifestación la estabilidad de la tasa de cambio. Este clima de “paz” en los precios fue un cambio bienvenido en la cotidianidad venezolana. Sin embargo, era un equilibrio precario.
En las últimas semanas se abrió la brecha entre la tasa de cambio oficial, establecida por el Banco Central (BCV), y el marcador “paralelo”. La diferencia en octubre llegó a superar los 25 %, y representa nada más que un mecanismo de transferencia de riqueza hacia el capital.
Por un lado, los empresarios pueden simplemente vender $100 en la noche y en la mañana siguiente con esos bolívares comprar $120 en las mesas de cambio. Pero a nivel más profundo, el diferencial aumenta las tasas de ganancia del sector privado. Esto porque los precios se ajustan a la tasa paralela, y ciertos gastos como combustible o importaciones (si están hechas con dólares a tasa oficial) se mantiene al cambio oficial.
Al mismo tiempo, la población asalariada y pensionada ve su poder adquisitivo golpeado. Sus ingresos, mayoritariamente bonos, están “indexados” a la tasa de cambio oficial, mientras el costo de vida se mueve al ritmo del marcador paralelo.
El altar de la (baja) inflación
El BCV no ha encontrado otra respuesta que no sea lanzar más y más millones a las mesas de cambio, confiando en una ley de oferta y demanda que poco se verifica en el contexto venezolano. Es probable que en las próximas semanas los dos marcadores se acerquen, pero queda registrada la capacidad de extorsión de la burguesía sin cualquier impedimento.
Detrás de esta política económica está el dogma monetarista, que sostiene que es el exceso de liquidez monetaria lo que genera inflación (o devaluación cambiaria). No obstante, los datos muestran exactamente lo contrario. De enero a finales de octubre, el BCV ha inyectado 4.34 mil millones de dólares en el mercado cambiario, lo que a una tasa promedio de 37 bolívares por dólar equivale a 160 mil millones de bolívares que recibiría el BCV. Pero la liquidez monetaria sólo ha aumentado en 78 mil millones de bolívares en el mismo período.
¿Qué ha sucedido con los otros 82 mil millones? El Banco Central simplemente los retira de circulación, bajo la premisa de que distribuirlos (como salarios, pensiones, bonos, etc.) puede generar presión cambiaria e inflación. Dicho de otro modo, el órgano rector quema prácticamente la mitad del dinero que recibe en las mesas de cambio en el altar monetarista de la baja inflación.
¿Transición o profundización?
En el discurso oficial se ha posicionado la línea de una “transición” hacia una economía “postrentista”. Sin embargo, aunque sea esencialmente un acuerdo de la sociedad que ese es el objetivo a largo plazo, la realidad no sugiere un progreso en ese sentido. De verdad sería poco plausible que se diera esa transición con una economía tan contraída y bajo asfixia como la venezolana.
Recientes encuestas muestran una tendencia creciente de la cantidad de empresas que requieren recursos importados. Las importaciones, dada la negación histórica de la burguesía venezolana en colocar sus divisas en el mercado, se alimentan justamente de la renta petrolera. Y este crecimiento, además aupado por exoneraciones aduaneras, explica (en parte) la mayor demanda en el mercado cambiario.
La diversificación hacia exportaciones no petroleras ha tenido mucha propaganda y apoyo estatal, pero la principal fuente de ingresos sigue siendo la exportación de crudo. En 2022, según un informe de Ecoanalítica, las exportaciones petroleras seguían generando cuatro veces más ingresos que las no petroleras. Por su parte, el BCV ha publicado promedios de variaciones trimestrales, pero los datos solo demuestran un crecimiento del sector no petrolero más o menos al ritmo del crecimiento reciente del PIB.
Al mismo tiempo, el sector industrial sigue utilizando apenas cerca del 40% de la capacidad instalada. Más allá de la naturaleza parasitaria de la burguesía venezolana, hay obstáculos estructurales como la fuga de cerebros y el estado precario del sistema eléctrico nacional.
En resumen, la combinación de más importaciones, diversificación incipiente y un mercado interno deprimido sugiere en verdad una profundización de la dependencia de la renta.
Lo que indican los indicadores
Los recientes indicadores macroeconómicos de crecimiento del PIB y baja inflación marcan una tendencia positiva, pero no son el fin de la historia. Completamente rezagados han quedado los ingresos de las grandes mayorías. El último aumento salarial fue en marzo de 2022, y los ajustes desde entonces han sido totalmente bajo el concepto de bonificación.
Aun así, los aumentos de los bonos no han acompañado el ritmo de la (desacelerada) inflación. Esto simple y llanamente representa una mayor apropiación de riqueza por parte del capital en detrimento del trabajo, una desigualdad creciente. El modesto crecimiento de los últimos años ha beneficiado desproporcionadamente al empresariado nacional.
La paz económica reciente, que hay que reconocer que trajo un cierto grado de “normalidad”, se ha construido a base de más y más beneficios para la burguesía: desregulación, divisas subsidiadas, exoneraciones fiscales, bajos ingresos, etc. Y aun así, las señales recientes, desde la escalada del dólar paralelo al presidente de Fedecámaras llamando a un “nuevo modelo de remuneración” sugieren que los empresarios exigen permanentemente nuevas concesiones del gobierno.
Incapaz de generar un crecimiento real, la burguesía venezolana juega la única carta que conoce. Busca apropiarse de una porción mayor de la renta y aumentar las tasas de explotación. El acuerdo con el empresariado se vuelve cada vez más caro… para el pueblo venezolano.
