LA JORNADA /
El neoliberal Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el lanzamiento de una alianza regional de seguridad contra la delincuencia que reúne a 16 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a la cuestionada Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (Caricom), Interpol, el Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo.
De acuerdo con el BID, el acuerdo contempla el intercambio regional de antecedentes penales entre los miembros de la alianza y reuniones para discutir sobre el lavado de dinero vinculado a la minería ilegal en la Amazonia, con un fuerte enfoque social que busca reducir las vulnerabilidades de las comunidades, así como fortalecer la Policía, las instituciones estatales de justicia y golpear el crimen financiero. Todo ello bajo las premisas de que “la delincuencia organizada no tiene fronteras” y “la seguridad debe ser parte de la solución para nuestro progreso económico».
Aunque se tiene previsto movilizar a donantes públicos y privados para recaudar más fondos, la iniciativa arrancará con apenas mil millones de dólares, una cifra irrisoria para sus objetivos. Con todo, su mayor falencia no reside en el financiamiento, sino en la ausencia de Estados Unidos, México y Colombia, lo cual significa que el proyecto contra la delincuencia se pondrá en marcha sin tres de los países más relevantes de la región en esta materia, y los que acaso son los principales focos de atención en el combate al crimen organizado en particular.
Washington no sólo es el destino de la inmensa mayoría de los estupefacientes elaborados en América Latina y otras zonas, sino además el lugar de origen de alrededor de 51 por ciento de las armas de fuego rastreadas en Centroamérica, 68 por ciento en México y 80 en todo el Caribe. Ello, con datos del Gobierno estadunidense, por lo que los porcentajes podrían ser incluso mayores. Pero, ante todo, la superpotencia es el mayor paraíso fiscal del planeta y una lavadora de dinero que trabaja sin descanso para blanquear e integrar a su economía los capitales provenientes del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el resto de las lacras que Washington usa como pretexto para intervenir en los asuntos de otras naciones.
Cabe remarcar que el señalamiento sobre lavado de dinero es admitido por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien aceptó que “ahora mismo, el mejor lugar para ocultar y blanquear las ganancias indebidas es en realidad Estados Unidos, y eso se debe a la forma en que permitimos que la gente establezca empresas ficticias sin revelar quién es el verdadero propietario”.
Por otra parte, Colombia es el primer productor y exportador de cocaína. México, además de producir drogas que han perdido su importancia relativa como fuentes de ingresos de los cárteles (por ejemplo, la marihuana, que ya es legal en buena parte del territorio estadunidense; o la heroína, desplazada por el fentanilo), es asimismo un corredor de paso casi obligado para el traslado de sustancias ilegales a Estados Unidos y la principal víctima de la violencia desatada con el dinero de los consumidores de ese país y con las armas provistas por las armerías que lucran reforzando a la delincuencia. En este contexto, es obvio que una iniciativa de seguridad regional que excluya a estos tres actores nace muerta y se reduce a una simulación cuyo impacto en el ataque a la criminalidad o la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos será prácticamente nulo.
En conclusión, queda una vez más en evidencia la inutilidad de los organismos multilaterales hemisféricos a la hora de diseñar e implementar soluciones verdaderas a los desafíos de América Latina y el Caribe. De manera acusada, la OEA y el BID se revelan como tecnocracias frívolas que deben reformarse a fondo si se quiere que desempeñen sus funciones declaradas y sirvan como mecanismos de cohesión entre países en términos de respeto a las respectivas soberanías.
La Jornada, México.
