POR RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL* /
Estamos en la cuarta semana del Paro Nacional, y el pueblo llano, trabajadores, desempleados y la juventud, no ha cesado de protestar y organizarse, ejerciendo el derecho a la rebeldía. La calle, la plaza, los barrios, los municipios, las redes sociales son su parlamento, tan distinto al establo de las vacas sagradas que deambulan en el Capitolio. Es una huelga de masas activa y en los hogares; visible, ruidosa, invisible y solidaria. Son voces, gestos, escritos, mítines, manifestaciones, con fiestas del arte, la cultura, el baile y la poesía. La sátira, el humor, la caricatura, la burla irreverente a los de arriba despertó, con creatividad, una gran carcajada. Todo esto toma la forma de un carnaval de la rebeldía.
Crece la conciencia de la justeza y los objetivos de esta lucha en los diálogos y polémicas. Los hogares se han convertido en centros de análisis de familiares, amigos, lugares de refugio y auxilio de los perseguidos. Es evidente la aceptación masiva, con gritos, pancartas, escritos en las redes sociales y canciones del abajo al gobierno Uribe-Duque, simbolizados en la apropiación creativa de la canción partisana Bella, ciao. Hay una legítima expectativa sobre los resultados de la negociación entre el Comando Nacional del Paro y el Gobierno, al igual que están en marcha pliegos regionales por la vida, las libertades, el trabajo, la tierra-territorio, la educación y, de manera especial, la renta básica universal.
En la gran prensa y en los canales de televisión, el periodismo se ha convertido en una trinchera que defiende los intereses de potentados y, eufemísticamente, disfraza la represión contra el movimiento. Existen algunos canales alternativos que informan y analizan.
Otra dimensión del nivel de la conciencia en curso está en el cruce analítico que las gentes estamos realizando de la pandemia como enfermedad mortífera, de naturaleza biosocial, que hace necesario exigir altivamente y en las calles el derecho a la vacuna universal gratuita y a un plan de salud que retorne a lo público, con criterios preventivos y curativos, que tenga como principio rector el que todos los trabajadores de la salud, desde el auxiliar hasta el médico más calificado, sean dignificados en sus condiciones salariales, de bienestar y aceptados como protagonistas de primer orden en el control y la superación del virus. Con sabiduría popular, se va encontrando que la protesta y la movilización contra la pobreza, por las libertades y contra el genocidio en curso, permiten mejores condiciones para enfrentar la calamidad que nos azota con la enfermedad.
La experiencia de estas semanas muestra el desarrollo de formas horizontales de auto-organización, con comités y asambleas, en distintos escenarios. Son lugares de deliberación, planeación y constitución, con redes virtuales y presenciales que incluyen la resistencia organizada a la dura represión en desarrollo, ejerciendo, a su entender, es decir, de modo creativo, el ejercicio del derecho a la ciudad en distintos lugares simbólicos. En el país, hay centenares de espacios de encuentro y auto-organización, definidos como los sitios de resistencia. Cali, la ciudad emblemática en esta contienda, es motivo de admiración y solidaridad en el país e internacionalmente, con veinticinco puntos que concurren como Unión de Resistencias, entre los que se distinguen Siloé, Puerto Resistencia y Loma de la Dignidad. Así mismo, Bogotá ha hecho del Portal de Las Américas el Portal de la Resistencia, existiendo, además, una malla barrial, universitaria, de comités y asambleas.
La Revolución molecular, de Félix Guattari, no es la doctrina que, con el mismo nombre, Álvaro Uribe proclama, falsificando el concepto y convirtiéndolo en una ideología que transforma lo singular, individual y colectivo en peligrosos enemigos. El movimiento molecular de la Minga Indígena constituye la irrupción del flujo de la expansión de esta cultura raizal hacia el conjunto de múltiples lugares del país, estableciendo influencia y diálogo recíproco con las diferentes singularidades existentes de lucha.
Una de las columnas vertebrales de la huelga general de masas es el paro de transportistas, conductores de camiones de carga, de taxis, de buses y motos y otros vehículos, que se expresa en bloqueos de vías-arterias de la intercomunicación del país. Toda huelga expresa una autoridad y constituye un acto de fuerza para poder comunicar sus demandas, el cumplimiento de sus derechos. Esta circunstancia de los bloqueos, sobre la cual existe una polémica en curso, en la que se descalifica la justeza, legitimidad y legalidad de los mismos, debe ubicarse en el contexto del ejercicio del derecho a la rebeldía, un derecho natural, histórico, pero también constitucional positivo, que no puede ser descalificado con los estrechos criterios de una normatividad del Estado policial. Por supuesto que el derecho a la rebeldía no solo reconoce, sino que aplica el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Hay que tener en cuenta la favorabilidad que señala la sentencia de la Corte Constitucional C-742/12 sobre los bloqueos. Otra cosa es que los bloqueos puedan tornarse innecesarios y deban levantarse. Más aun, que puedan volverse contraproducentes después de un mes de movimiento, pero nada garantiza que, ante la intransigencia de las negociaciones, los bloqueos vuelvan, incluso, con más fuerza.
El principal responsable de que estemos en las calles es el gobierno de Uribe-Duque, con el apoyo de un establecimiento económico de latifundistas, banqueros y multinacionales, es decir, las barrigas llenas, que han sumido la Colombia profunda en hambre, pobreza y desesperanza. Así las cosas, lo que están haciendo las trabajadoras y los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, los indígenas y los afros colombianos es el ejercicio de la legítima defensa, de la resistencia, bajo la forma del derecho a la rebeldía, que no es el levantamiento armado al cual se refiere con estrechez carcelaria el Código Penal (artículo 467), sino la apelación al artículo tercero de la Constitución Política, que reconoce la soberanía exclusiva en el pueblo, y el artículo 37 que afirma que “[t]oda parte del pueblo puede reunirse pública y pacíficamente”. El sublime derecho a la rebeldía está consagrado en el preámbulo de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Se trata de un derecho fundador de los pueblos, en ejercicio de su potencia constituyente, de sujeto colectivo, plural y común.
Sobre la violencia en las calles, hay tela por cortar. Las manifestaciones son reprimidas, disueltas, atacadas por el ESMAD, la mayoría de las veces. Esa represión produce la digna rabia de sectores juveniles que enfrentan a esta fuerza letal en condiciones desiguales, sin armas. Es el enfrentamiento entre David y Goliat, pero la razón y justeza continúa en el movimiento. También esos jóvenes reaccionan violentamente contra los centros de detención y tortura. Al igual, hay delincuentes que hacen de las suyas, con robos y pillaje, contra el comercio y otros establecimientos, expresando un ansia de reparto social.
Así mismo, participan de la violencia provocadores e infiltrados de la Fuerza Pública, para generar caos, confusión y destrucción. Incluso, llevan la violencia a barrios y conjuntos residenciales. Esto se combina con grupos de “la gente de bien”, quienes afirman, así, su “superioridad” de clase, vestidos de blanco y en carros blancos, para reafirmar su racismo contra la minga, los jóvenes afros y mestizos en los barrios. Una expresión del neoparamilitarismo en curso. Esto es lo que sucede en Popayán, el Cauca, Cali, Buenaventura y el Valle del Cauca.
Sobre la gran responsabilidad de la Fuerza Pública en la violencia, se pronunció de manera severa la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia STC7641, del veintidós de septiembre de 2020, la cual ha sido incumplida por el Gobierno.
El mundo entero ha estado asistiendo, con indignación, al genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Palestina históricamente ha resistido ejerciendo el legítimo derecho a la rebeldía. La justeza moral, política y jurídica del pueblo palestino forma parte del imperativo de la solidaridad internacional, que los propios judíos, consecuentes con su conciencia, apoyan. Debemos aprender de esta experiencia, con humildad.
Posdata. ¿Quién le teme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
* Profesor emérito, Universidad Nacional. Profesor titular, Universidad Libre.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
